La controversia por los ataques ucranianos contra refinerías rusas pone de manifiesto una contradicción fundamental: Moscú reclama restricciones a las operaciones de Kiev mientras mantiene su propia campaña militar contra territorio ucraniano.

La guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que no puede eludirse: ¿con qué autoridad puede Moscú exigir a Kiev que suspenda sus ataques contra objetivos energéticos rusos mientras las fuerzas del Kremlin continúan bombardeando territorio ucraniano?

La reciente denuncia del asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien reprochó al presidente Volodímir Zelenski no haber atendido las peticiones de Donald Trump para detener los ataques contra refinerías rusas, plantea una controversia que trasciende las diferencias diplomáticas.

Según las declaraciones atribuidas a Ushakov, las autoridades ucranianas estarían ignorando deliberadamente las insistencias del mandatario estadounidense. Sin embargo, esa acusación deja sin responder una pregunta esencial: ¿qué garantías de seguridad recibe Ucrania a cambio de renunciar a operaciones que considera necesarias para su defensa?

La contradicción de las exigencias rusas

Desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022, la población ucraniana ha sufrido las consecuencias de una guerra que ha destruido viviendas, instalaciones energéticas, hospitales y otras infraestructuras indispensables para la vida cotidiana.

Los ataques contra el sistema eléctrico ucraniano han tenido consecuencias particularmente graves. Millones de personas han enfrentado interrupciones del suministro de electricidad, calefacción y agua, especialmente durante los meses más fríos.

En ese contexto, las exigencias rusas de que Ucrania suspenda sus ataques contra refinerías merecen un examen riguroso.

Moscú presenta esas operaciones como una escalada que debe detenerse. Kiev, por su parte, considera que determinadas instalaciones energéticas contribuyen al sostenimiento económico y logístico de la maquinaria militar rusa.

La cuestión fundamental no es solamente quién ataca, sino qué objetivos son alcanzados, qué función cumplen en la guerra y cuáles son las consecuencias para la población civil.

Ucrania no está obligada a renunciar a su defensa

El derecho internacional reconoce a los Estados el derecho de legítima defensa frente a una agresión armada, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Ese principio es especialmente relevante para Ucrania, cuyo territorio ha sido objeto de una invasión militar rusa.

Pretender que Kiev renuncie unilateralmente a determinados medios de defensa, sin compromisos verificables de Moscú para detener sus propias operaciones, plantea un problema evidente de reciprocidad.

Ahora bien, el derecho a defenderse no constituye una autorización ilimitada para atacar cualquier instalación enemiga. Las operaciones militares deben respetar las normas del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

Las refinerías, por ejemplo, no se convierten automáticamente en objetivos militares legítimos por contribuir a la economía rusa. Su eventual condición de objetivo militar depende de su utilización concreta y de la ventaja militar definida que pueda obtenerse mediante el ataque.

Reconocer esos límites jurídicos no significa exigir pasividad a Ucrania. Significa defender reglas que deben aplicarse por igual a ambos contendientes.

El papel de Washington y la controversia energética

La intervención de Donald Trump añade otra dimensión al conflicto.

De acuerdo con la información divulgada, las peticiones estadounidenses para que Kiev suspenda sus ataques coinciden con un controvertido entendimiento energético entre Washington y Moscú, relacionado con un alivio temporal de determinadas restricciones sobre el comercio del diésel.

Si se confirma el alcance de esas medidas, será necesario examinar a quiénes benefician económicamente, cuáles son sus condiciones y qué mecanismos impiden que sus efectos terminen favoreciendo indirectamente la capacidad rusa de sostener la guerra.

La diplomacia energética puede formar parte de una estrategia para reducir tensiones internacionales. Pero también puede generar contradicciones cuando las prioridades comerciales no están acompañadas de garantías de seguridad y protección de civiles.

Una negociación equilibrada debería abordar tanto los ataques ucranianos contra instalaciones rusas como las ofensivas rusas contra las ciudades y la infraestructura de Ucrania.

La paz no puede confundirse con la indefensión

Una suspensión de ataques contra instalaciones energéticas podría representar un avance humanitario si estuviera acompañada de compromisos recíprocos, supervisión independiente y mecanismos efectivos de cumplimiento.

Lo que resulta problemático es presentar la contención de una sola parte como condición suficiente para avanzar hacia la paz.

Ucrania necesita garantías de que cualquier limitación de sus operaciones militares no dejará a su población expuesta a nuevas ofensivas.

Rusia, por su parte, tiene la obligación de respetar las normas internacionales que protegen a los civiles, con independencia de sus reclamaciones políticas y territoriales.

El objetivo de la diplomacia no debería ser conseguir que uno de los contendientes permanezca inmóvil mientras el otro conserva intacta su capacidad ofensiva, sino establecer condiciones verificables para reducir la violencia y alcanzar una solución duradera.

Una exigencia que también debe dirigirse al Kremlin

Las declaraciones de Yuri Ushakov merecen ser examinadas junto con las decisiones militares de su propio Gobierno.

Si Moscú reclama moderación en los ataques contra sus instalaciones energéticas, corresponde preguntarse qué medidas concretas está dispuesto a adoptar para detener los ataques contra la infraestructura ucraniana.

Si exige respeto a sus intereses económicos, también debe responder por las consecuencias humanitarias de sus operaciones militares.

Y si pretende que Washington ejerza presión sobre Zelenski, una negociación creíble requiere que las exigencias de contención alcancen igualmente a las autoridades rusas.

La paz no puede construirse sobre la premisa de que un país invadido renuncie unilateralmente a defenderse.

El camino hacia una solución exige detener las agresiones contra la población civil, establecer compromisos recíprocos y reconocer la soberanía de Ucrania.

Mientras esas condiciones no estén presentes, la controversia por las refinerías seguirá reflejando una de las tensiones centrales de esta guerra: la distancia entre las exigencias diplomáticas de Moscú y las garantías que Ucrania necesita para preservar su seguridad y su independencia.

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