BÁVARO, Punta Cana.- El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, sostuvo que las obras de infraestructura vial que construye el Estado impulsan el desarrollo económico y representan una importante fuente generadora de valor para los inmuebles en áreas periféricas a las mismas.

Explicó que las avenidas de circunvalación que construye el MOPC para sacar el tránsito de las ciudades y disminuir el tiempo de conexión entre diferentes puntos del país generan gran plusvalía a los terrenos periféricos de las ciudades, posibilitando el desarrollo de proyectos de urbanización.

Resaltó que la cercanía de los terrenos a las vías construidas, se convierte en una de las variables esenciales para la determinación del precio de los terrenos, que se estima mediante diferentes métodos de cálculo.

“Estos proyectos, diseminados en toda la geografía nacional, tienen un impacto extraordinario en la vida de los moradores de las comunidades beneficiarias”, destacó al pronunciar una conferencia con el tema “La Plusvalía de los Inmuebles por la Construcción de Obras Públicas en República Dominicana”, en el XXXV Congreso Panamericano ITADP/UPAV celebrado en las instalaciones Hard Rock Hotel Punta Cana.

informó que los proyectos de desarrollo vial que ejecuta el gobierno a través de esta institución sobrepasan los RD$70 mil millones.

Indicó que la legislación dominicana, a través de la Ley 115-75, establece un impuesto de una cuarta parte del valor agregado al inmueble, cuando éste derive una plusvalía por una intervención estatal.

“Esta ley señala en su artículo 1 que “Los terrenos urbanos no edificados que deriven una plusvalía de la construcción por el Estado de obras de infraestructura, tales como avenidas o urbanizaciones, estarán gravados con un impuesto de una cuarta parte sobre el valor agregado”, expresó.

“Desde esta perspectiva, la labor que desarrolla el MOPC es, sin dudas, un importante generador de plusvalía para los predios, y de riquezas para la población.

Aunque señalamos que la frase ´obras de infraestructura´ no está restringida a infraestructuras viales exclusivamente”, afirmó.

La ley

Ascención explicó que en su artículo 3 la Ley 115-75 define que plusvalía, para los fines de esta contribución, es la diferencia del valor entre el último avalúo catastral anterior a la iniciación de las obras y el que se realice después de terminadas las indicadas obras de infraestructura.

Empero, a pesar de esa normativa, en República Dominicana no hay cultura del cobro del impuesto de la plusvalía, como existe en Colombia y en Brasil, por ejemplo.

La aplicación de esta ley podría ayudar al Estado a recuperar parte del dinero invertido para pagar las expropiaciones del mismo proyecto.

Aunque se conocen casos (fuera del país), en que la plusvalía generada ha alcanzado para financiar en gran medida el mismo proyecto generador de la plusvalía.

Es evidente que esta ley, que data de 46 años, necesita reformas en varios aspectos, tales como: establecer qué abarca el “área de influencia”; modificar el término “terrenos urbanos” para que sea más abarcador; modificar la forma de pago del impuesto, entre otros temas.

Explicó que la pavimentación de las calles en un barrio, sector o urbanización generan un mayor apetito comercial por los inmuebles del entorno, provocando, según se ha observado, un aumento del valor del metro cuadrado de terreno, que puede estimarse desde el 10% hasta más del 60% en algunos casos.

Expropiaciones

Ascención dijo que en la presente gestión, el MOPC ha pagado más de RD$1,300 millones en expropiaciones para construir diferentes proyectos viales.

Explicó que el pago de las expropiaciones de terrenos se hacen respetando los derechos constitucionales de los propietarios, previo el pago justo de su valor determinado por acuerdos entre las partes, por una sentencia de un tribunal.

Sobre el particular, consideró que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente.

Pero que en caso de declaratoria de “estado de emergencia” o de defensa, la indemnización podrá no ser previa.

Puso de ejemplo la construcción de la circunvalación de Baní, que tiene un presupuesto de 2,200 millones de pesos, pero que solo por expropiación de propiedades, se gastarán 800 millones de pesos.

Dijo que al finalizar el presente año el MOPC habrá pagado más de RD$2000 millones en expropiaciones de terrenos para construir proyectos viales que representan un alto valor dentro del presupuesto de las mismas.

Dijo que constitucionalmente, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, la cual tiene una función social que implica obligaciones, además de que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

Firma acuerdo

Para el desarrollo de los avalúos de los predios a expropiar, el ministro de Obras Públicas adelantó que se firmó un acuerdo con el Instituto de Tasadores Dominicano, Itado, que le entregó una placa de reconocimiento, por la contratación de sus asociados en los casos en que se requiera una segunda opinión, o que se dificulte llegar a acuerdo con los propietarios.

SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseguró que al día de hoy no hay nada definido respecto a una reforma fiscal.

Indicó, sin embargo, el Gobierno está evaluando alternativas, consultando a todos los sectores sobre el particular. «Pero en este momento no hay ninguna definición en ese sentido», declaró.

«De igual modo, el presupuesto nacional del 2022 ya fue sometido al Congreso con sus respectivos soportes. Se están evaluando y tratando de hacer correcciones a las distorsiones que tiene la arquitectura tributaria de la República Dominicana», expresó Macarulla al periódico El Caribe.

Explicó que «cuando se analiza el comportamiento de los ingresos del país, descansa básicamente en cuatro sectores, y hay muchos sectores que no tributan, eso es un problema que se tiene que resolver en algún momento».

“No digo que se tenga que hacer en este momento. Por eso estamos evaluando, para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiera, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual», manifestó.

Aclaró que «la versión de reforma fiscal que salió en los medios no se corresponde con la realidad. No tenemos un producto elaborado y no se han contemplado figuras como las que salieron en esa versión”.

Opinó que «sería una aberración si se aplica agravar la situación que existe ahora. Por ejemplo, la escala de impuestos para las personas físicas que se detalla en la versión falsa que estuvo circulando en los medios de comunicación. Eso fue estructurado con mala fe, porque si existe un sector que hay que revisar su carga tributaria es a la clase media. Esas son las cosas que debe corregir en una reforma fiscal integral, sea ahora o dentro de uno, tres o cinco años».

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