El doble sueldo en la República Dominicana no surge de la nada ni es fruto de una costumbre improvisada, sino de una disposición legal muy clara impulsada durante la Era de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Aunque su régimen ha sido justamente criticado por sus excesos y violaciones a los derechos humanos, existe un hecho histórico que los sectores más objetivos no pueden negar: fue durante ese período donde se creó formalmente la Regalía Pascual, hoy conocida como el doble sueldo.

Su origen se enmarca dentro de las políticas laborales y sociales impulsadas en aquel tiempo, entre ellas el denominado «Día del Pobre», establecido en 1959, que sirvió como marco para presentar disposiciones dirigidas al alivio económico de las familias trabajadoras en época navideña.

No se trata de exaltar un régimen autoritario ni de promover una nostalgia enfermiza por la dictadura. Muy por el contrario, reconocer este hecho histórico es un acto de responsabilidad intelectual. La historia no puede narrarse a conveniencia ni modificarse para borrar hechos que, aunque surgieron bajo un régimen cuestionable, representaron avances concretos para la clase trabajadora dominicana. Lamentablemente, hay sectores que, movidos por intereses ideológicos o por desconocimiento, pretenden eliminar este capítulo de la memoria colectiva para construir una narrativa distorsionada del surgimiento del doble sueldo.

El proceso legislativo que dio origen a esta conquista laboral es claro y está documentado. El 20 de enero de 1954, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que disponía, por primera vez en la historia dominicana, que el Estado y sus instituciones autónomas, los ayuntamientos, el Consejo Administrativo del Distrito Nacional y también las empresas privadas otorgaran a sus empleados un pago adicional equivalente a un mes de salario. Este beneficio aplicaba a quienes en ese entonces devengaban sueldos menores de RD$200 mensuales, una cifra significativa para la economía de la época.

Ese pago especial fue denominado legalmente como «regalo pascual», un término que buscaba resaltar su sentido social y su conexión con las festividades navideñas. Más que un simple bono, representaba un respiro económico para las familias dominicanas, que podían enfrentar con mayor estabilidad los gastos propios de fin de año. Esta medida fue establecida mediante la Ley N.º 3742, la cual dejó claramente estipulados los plazos y las responsabilidades tanto del sector público como del privado para realizar dicho pago antes del 24 de diciembre de cada año.

La claridad de esta legislación es vital, sobre todo en tiempos donde surgen debates sobre el origen, naturaleza y alcance del doble sueldo. La Ley 3742 no deja espacio para interpretaciones forzadas ni incluye ambigüedades que permitan alterar su propósito original. Su intención fue garantizar un beneficio directo, tangible y universal para los trabajadores de menor ingreso, representando una de las pocas medidas laborales de carácter social implementadas durante ese período autoritario.

Un punto fundamental que a menudo se pasa por alto es que dicha legislación, en ninguno de sus artículos, contempla la posibilidad presente o futura de gravar el llamado “sueldo número 13” con impuestos. El espíritu de la ley era claro: el regalo pascual debía ser íntegro, sin deducciones ni cargas fiscales que disminuyeran su impacto económico en los hogares. Esto desmonta cualquier intento moderno de reinterpretar la norma para justificar gravámenes o modificaciones contrarias al propósito social con el que fue creada.

Por ello, resulta necesario defender la verdad histórica ante quienes, por razones políticas o intereses particulares, buscan minimizar o distorsionar la creación del doble sueldo. Reconocer su origen no implica justificar ni exaltar al régimen trujillista; implica simplemente aceptar un hecho documentado que forma parte del desarrollo del derecho laboral dominicano. El progreso de un pueblo se sostiene también en la honestidad con la que narra su historia.

Comprender el origen del doble sueldo permite valorar mejor su importancia actual. Hoy es un derecho adquirido, profundamente arraigado en la tradición laboral dominicana y esperado cada diciembre por millones de trabajadores. Pero para defenderlo, protegerlo y evitar que sea manipulado, es imprescindible conocer su historia tal como ocurrió. Solo así se evita que la desinformación intente borrar conquistas que pertenecen al pueblo dominicano y que han representado un alivio económico fundamental durante más de seis décadas.

jpm-am

Hay hitos que no solo marcan un antes y un después: obligan a repensar el país que queremos ser. La reciente acreditación internacional de la Denominación de Origen (DO) “Oro Verde Cambita” para el aguacate Semil-34 es uno de ellos. No se trata de una medalla institucional ni de un acto simbólico. Es, en términos de política pública y desarrollo territorial, una puerta abierta a transformaciones profundas.

El reconocimiento otorgado por el ODAC con respaldo del MICM coloca a República Dominicana como la primera nación del Caribe en contar con una DO acreditada bajo la norma ISO/IEC 17065. Pero más allá del orgullo nacional, esta conquista revela algo aún más valioso: somos capaces de producir calidad con identidad territorial, de manera verificable, trazable y competitiva.

El ministro Víctor Bisonó lo dijo con claridad: hemos ganado soberanía técnica. Ya no dependemos de organismos extranjeros para validar la autenticidad de nuestros productos. El sistema dominicano de calidad dio un salto institucional que rompe la inercia y amplía nuestras posibilidades de competir en mercados que exigen rigor, no discursos.

Pero el reconocimiento no cayó del cielo. Como recordó José Rosa, presidente del Clúster, hubo que certificar parcelas, crear normas, documentar procesos y asumir las auditorías del modelo 1B. Detrás de cada aguacate “Oro Verde Cambita” hay ciencia, disciplina y un entramado de actores que se decidieron a hacer lo correcto, no lo fácil.

Espejos para vernos

Aquí conviene mirar más lejos. Para quien se anime, experiencias latinoamericanas pueden servirnos como “espejo” para vernos. Diversas Denominaciones de Origen en América Latina ofrecen lecciones claves para entender lo que viene.

Casos como el Cacao Amazonas (Perú) y el Cacao Grijalva (México) muestran que una DO puede convertirse en un motor de desarrollo territorial… o en un sello bonito sin efectos reales. ¿La diferencia? La gobernanza.

Los sistemas de DO más sólidos se caracterizan por:

Articulación real entre actores públicos, privados y comunitarios.

Reglas claras y mecanismos de vigilancia permanente.

Participación efectiva de los productores, no solo nominal.

Instituciones capaces de mediar conflictos y evitar capturas de poder.

Visiones compartidas de territorio, sostenibilidad e identidad.

Existe documentación suficiente para demostrar que, cuando estos elementos se debilitan, la DO se convierte en un objeto misterioso para los productores, una figura ajena o distante que pierde capacidad transformadora. Y no se trata de “meter miedo” ni de “buscar la quinta pata”. Solo se trata de advertir para que cuidemos tan importante logro y no perdamos el rumbo.

Una clave trinitaria

El exitazo de Cambita Garabito podría diluirse si no consolidamos una gobernanza territorial robusta. Una DO no se sostiene con entusiasmo, sino con instituciones vivas. Por eso propongo tres blindajes urgentes:

1. Evitar la burocratización y la captura. Una DO no puede convertirse en un espacio dominado por élites que impongan criterios sin diálogo. El Consejo Regulador debe garantizar transparencia, participación y acceso equitativo para todos los productores que cumplan el estándar.

2. Asegurar acompañamiento técnico permanente. La calidad no se improvisa. Requiere monitoreo, asistencia, investigación aplicada y sistemas de trazabilidad que evolucionen. Si descuidamos esto, la DO pierde credibilidad y el mercado lo castiga sin piedad. Y

3. Construir narrativa y valorización territorial. Jesús Martín-Barbero lo decía: el territorio no es geografía, es cultura articulada. Oro Verde Cambita debe convertirse en sinónimo de identidad local, cohesión social y orgullo comunitario. La comunicación —bien hecha, estratégica, participativa— es parte del sistema de calidad.

La Denominación de Origen del aguacate de Cambita no es solo un triunfo local. Es un recordatorio de que República Dominicana puede competir desde su identidad, no a pesar de ella. Pero este logro no se conservará por inercia. Requiere gobernanza, visión y compromiso territorial sostenido.

Si hacemos lo correcto, Oro Verde Cambita será la primera página de una nueva historia agroalimentaria. Si no, corre el riesgo de pasar como una estrella fugaz. De lo que hagamos con este logro, como es lógico, dependerá lo que consigamos.

info@nestorestevez.com

jpm-am

Los partidos políticos están obligados a impedir que entren dinero de origen ilegal e ilícito.

Conforme a la ley No. 155-17 sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva define en el artículo 2 numeral 24 que se entiende como sujeto obligado “la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas”.

Es decir, que el sujeto obligado se encuentra de manera imperativa a hacer una labor para evitar que entre dinero que tenga un origen ilegal e ilícito.

A los partidos políticos los regula la ley No. 33-18 y esta ley en el artículo 59 establece “el patrimonio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos estará integrado por las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no sean contrarios a la ley, así como con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con fondos de la organización.

Asimismo, dicho patrimonio se integrará con las contribuciones del Estado en la forma y la proporción establecidas por esta ley y la legislación electoral vigente”. O sea, que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas como sujetos obligados no financiero tienen que adoptar la debida contingencias y logísticas interna para impedir que entre dinero contrario a los no autorizado por esta ley.

Es decir, en otras palabras, deben evitar que entre dinero ilegal e ilícito. Esta exigencia legal es lo mismo que se les pide a los sujetos obligados que establece la ley No. 155-17 sobre lavado de activos.

Ahora bien, los sujetos obligados como construcción legal que trae la ley No. 155-17 tiene un carácter limitado, pues, esta ley solo exige que las personas físicas o jurídicas prevean el dinero ilegal que provengan del lavado de activo, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, a los partidos políticos como sujetos obligados se les demanda que tienen que impedir, detectar y anticiparse a evitar que no entre dinero al partido de cualquier actividad que la ley considere ilegal. La obligación para los partidos políticos es mucho más amplia y abarcadora.

Pues no solo deben detectar el dinero ilegal que provengan del lavado de activo, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva sino del resto de los delitos y crímenes que establecen las leyes penales y el código penal.

JCE debe vigilar y fiscalizar 

La Junta Central Electoral es el órgano estatal que por autorización legal tiene la obligación de verificar las operaciones consideradas ilícitas en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La JCE puede inclusive actuar por iniciativa propia o a solicitud de parte enteradas y podrá incautar, anular y tomar cualquier medida cautelar para corregir y sancionar la ilicitud correspondiente, art. 59 ley 33-18. Esta ley tiene un tope de 1% del monto con respeto al financiamiento estatal para la contribución individual. Si la contribución se excede al 1% la ley la considera ilegal, arts. 64, 67 y 69, 70 y 71 de la ley 33-18.

Partidos políticos obligados a evitar dinero ilegal

Conforme a la ley No. 33-18 en su artículo 69 los partidos políticos deben adoptar mecanismos de control para impedir dinero que provengan de actividades ilícitas e ilegales. Los partidos tienen que adoptar medidas de debidas diligencias continuas para detectar dinero de procedencia ilícita e ilegal. Esto conlleva vigilar candidatos cuya campaña sea financiada por dinero presuntamente ilícitos. Es por ello, que estas entidades políticas deben designar una especie de oficial de cumplimiento. La ley de partidos políticos prefiere denominarle tesorero o secretario.

Este funcionario de carácter partidario estaría obligado mediante la implementación de un programa de cumplimiento y monitoreo llevar un registro que contenga los nombres de los contribuyentes y quienes aporten dinero con el propósito de verificar, vigilar, mitigar y evitar dinero ilícito e ilegal hacia el partido. Este secretario o tesorero (oficial de cumplimento) tendrá una relación directa con la JCE (una especia de enlace) para que la JCE conforme a la ley visara o legalizará dicho registro confeccionado al efecto.

Sanción a partidos políticos por no evitar que entre dinero ilegal

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que por mandato legal no detecten, eviten o no se anticipen al dinero contrario a la ley o “sucio” conforme a la ley No. 33-18 serán sancionado al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes por recibir dinero ilegal, arts. 78.4 y 80 de la ley No. 33-18.

Se puede incluir como sujeto obligado a partidos políticos sin modificar ley

La ley 155-17 en su artículo 33 habilita al Comité Nacional contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas. Es decir, que conforme a este artículo no hay que modificar la ley No. 155-17 para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos puedan ser incluidos como sujetos obligados.

Finalmente, y de acuerdo a la ley 33-18 los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son sujetos obligados. Pues, la diferencia entre la ley No. 155-17 y ley No. 33-18 es que, para esta ley, los partidos políticos nombran a un tesorero o secretario para evitar que, entre dinero ilegal o ilícito y en cambio, para la ley No. 155-17 se llama oficial de cumplimento. Además, los partidos políticos como sujeto obligados tienen a la JCE como entidad estatal que regula y visara el programa que adoptan los partidos para evitar dinero legal o ilícito, mientras que los otros sujetos obligados tienen al Comité Nacional contra el Lavado de Activos.

jpm-am