POR ROMMEL SANTOS DIAZ

La creación de la Corte Penal  Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) constituirá una instancia supranacional idónea para perseguir a los miembros o integrantes de mayor rango de las organizaciones delictivas transnacionales, habitualmente impunes y protegidas por redes de complicidad judicial y políticas nacionales de los Estados de la región.

Se necesita  la voluntad política de los Estados de Latinoamérica y el Caribe para impulsar la COPLA  con el objetivo inmediato de recuperar los bienes obtenidos ilegalmente por las organizaciones delictivas que operan teniendo el crimen organizado como norte para reparar a las víctimas, tanto individuales como colectivas.

Una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Organizado (COPLA) tendría la competencia para juzgar al que dirigiere, administrare, organizare o promoviera un grupo criminal transnacional organizado.

La propuesta de creación de la COPLA se presenta como complementaria, tanto de las justicias nacionales de los Estados partes  de esta Corte como de la Corte Penal  Internacional, para el caso de eventual existencia de cuestión de competencia.

En principio la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) tendría competencia para juzgar  los  crímenes de tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego sus componentes, piezas y municiones, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, trafico de bienes culturales, lavado de activos y cohecho transnacional.

La estrategia trazada para lograr la implementación de la  COPLA en la región  consiste en lograr el apoyo institucional de los parlamentos nacionales  en los países que integran la región de América Latina y el Caribe, para luego poder institucionalizarlo en los Ministerios y que se convierta en una política de Estado.

Para determinar las cúpulas del crimen transnacional organizado se propone que la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen  Organizado tenga competencia para juzgar a las cúpulas, es decir a las personas que dirigen , administran y organizan un grupo criminal transnacional organizado.

Finalmente, en el marco de la propuesta de la COPLA, que desde ya cuenta con un amplio respaldo de las organizaciones de la sociedad civil de la región, incluyendo la República Dominicana,  se prevé la creación de una Agencia que se encargará de trabajar en políticas de prevención, ayudar a la coordinación y compatibilización de las legislaciones nacionales, la protección de testigos y la reparación de víctimas.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Cinco años después de asumir el poder en agosto de 2020, el gobierno de Luis Abinader no ha logrado cumplir las promesas que le dieron la victoria electoral.

El panorama nacional está marcado por inflación creciente, un dólar que asfixia al peso, alimentos cada vez más caros, apagones interminables, instituciones quebradas como SeNaSa, la corruocion que no se detiene y un déficit fiscal que amenaza con devorarlo todo.

El pretexto de la pandemia ya no convence. La COVID-19 fue un golpe global, pero en República Dominicana la falta de visión y de gestión han agravado los males. Como señala el Banco Mundial (2024), la resiliencia frente a una crisis depende de la fortaleza institucional, y lo que hemos visto aquí es improvisación tras improvisación y mas de 20 funcionarios del gobierno removidos  u obligados a renunciar.

En su espacio semanal con la prensa, Abinader se presenta como un gobernante a la defensiva, que elude preguntas y ofrece respuestas vacías.

La ciudadanía no necesita excusas, sino soluciones. Hannah Arendt lo dejó claro: “El poder no consiste en excusas, sino en la capacidad de actuar” (Arendt, 1972). Se le hecha la culpa a la oposicion cinco años despues de los males que sufre el pais.

Cinco años después, ¿dónde están las acciones concretas? El tiempo de culpar a la pandemia pasó, y lo que queda al desnudo es un liderazgo débil, encerrado en su propio discurso.

Cuando la incapacidad se hace evidente, la estrategia es culpar al inmigrante haitiano. El gobierno responsabiliza a los haitianos de la falta de aulas, de camas hospitalarias, de empleos, de la inseguridad y hasta del déficit presupuestario. Una narrativa simplista que pretende ocultar la ausencia de políticas públicas sólidas.

El sociólogo César Cuello ha sido tajante: “La inmigración no es la causa de la crisis, sino el espejo que refleja la incapacidad del Estado para planificar” (Cuello, 2024). Y, en efecto, mientras se acusa a los haitianos de todo, se les emplea en la construcción, la agricultura y el turismo. Doble moral, disfrazada de política migratoria.

Cinco años después, los dominicanos vivimos en un círculo vicioso: se anuncian planes que no se ejecutan, se detectan problemas que no se resuelven, se promete combatir la corrupción pero se blinda la impunidad. El transporte sigue en caos, la inseguridad ciudadana no cede y la confianza en las instituciones se derrumba.

El economista José Luis de Ramón lo sintetiza bien: “Cuando la justificación se convierte en política de Estado, lo único que se produce es más pobreza y más desigualdad” (de Ramón, 2023).

El reloj social de este gobierno se detuvo hace tiempo. Y como decía Eduardo Galeano: “Los pueblos, como los relojes, se cansan de estar detenidos” (Galeano, 1998). Los dominicanos ya no esperan milagros ni promesas: esperan resultados.

El gobierno ha tenido cinco años para demostrar que el cambio era posible. No lo hizo. Hoy, el cambio prometido se ha convertido en un retroceso doloroso. Y un pueblo no puede seguir atado a un gobierno que se esconde tras excusas y culpables externos.

El presidente aun tiene la oportunidad de rescatar el tiempo y mostrar su voluntad de

enfrentar los problemas aunque sea rompiendo con sectores que les fueron fsvorables.

Es hora de que los ciudadanos se levanten y exijan cuentas claras. No se trata de esperar otros cinco años de promesas incumplidas, sino de reclamar ahora soluciones reales: alimentos accesibles, seguridad en las calles, servicios públicos eficientes y un combate verdadero contra la corrupción.

El poder no es patrimonio de un presidente ni de un grupo en particular, sino de un pueblo que delega su confianza. Y cuando esa confianza se traiciona, el deber cívico es reclamarla de vuelta.

Si el gobierno no gobierna para resolver, entonces el pueblo tiene el derecho —y la obligación— de recordarle que en democracia el poder no se regala, se exige.

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Cuando en el período de 1986 a 1990 el presidente Joaquín Balaguer -a su retorno al poder-  se propuso desarticular políticamente la facción del expresidente Jorge Blanco del tablero político nacional,  puso instituciones y recursos del Estado a disposición del grupo legal encabezado por el Dr. Marino Vinicio Castillo para tales fines.

Los resultados de ese “lawfare político” fue catastrófico para Dr. Jorge Blanco y todos sus allegados. Salió del proceso judicial condenado a 20 años de prisión, así como también algunos de sus allegados; mientras sus colaboradores políticos huyeron del país, algunos lo hicieron mucho antes de comenzar el juicio.

Aquel enjuiciamiento del Dr. Jorge Blanco, justo o no, causó un encono político en la dirigencia y las bases del litoral liberal encabezado en aquel momento por el PRD y luego por su descendiente directo el PRM, que prevaleció en el tiempo y que como plato frío, finalmente está siendo servido y degustado en este último gobierno.

El primer intento de venganza llegó de manos del expresidente Hipólito Mejía en el período 2000-2004, cuando sus actos de persecución de la corrupción quisieron enlodar y aniquilar políticamente al recién salido presidente Leonel Fernández.

Pero, contrario a lo que sucedió con el expresidente Jorge Blanco, los acusados de corrupción allegados al presidente Fernández no huyeron del país ni intentaron esconderse de la Justicia: enfrentaron su destino y fueron a las cárceles, desde donde siguieron sus batallas judiciales y políticas, saliendo finalmente exonerados de sus acusaciones.

Durante el segundo gobierno encabezado por el Dr. Leonel Fernández, el Secretario de la Presidencia, el Lic. Danilo Medina, amenazó más de una vez al pasado gobierno del presidente Hipólito Mejía con enviar a la Justicia unos 25 expedientes de corrupción de hechos cometidos en su gobierno.

Hay quienes especulan que la relación de camaradería de Hipólito y Danilo nació de esos expedientes.

En el lapso de tiempo del 2004 al 2012 en que el país fue gobernado por el Dr. Leonel Fernández, no hubo una retaliación contra el presidente Hipólito Mejía; se dilucidaron casos de trapacerías delictivas, como la célebre “Pepecard” y se envió en extradición a quien se definió a sí mismo recientemente como el “padre de todos los capos”; pero don Hipólito llegó limpio al 2012, siendo el principal candidato opositor.

Durante los 8 años de gobierno del expresidente Danilo Medina, los expedientes de corrupción contra el gobierno anterior tocaron los linderos del Dr. Leonel Fernández, extrañamente azuzados desde los entornos de la sociedad civil y los vagones de la izquierda,  estos últimos, siempre desubicados políticamente, de manera consciente o inconsciente.

Irónicamente, personajes con los cuales el Expresidente se reunía con regularidad en el Comité Político de su partido, empuñaron cuchillos para “derramar la sangre de exfuncionarios” de su gobierno.

Esto condujo a largos juicios mediáticos que, con todo el poder otorgado por el presidente Danilo Medina a su procurador Domínguez Brito, no pudieron acorralar al presidente Fernández.

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Finalmente, con el cambio de gobierno de agosto del 2020, comenzó a fraguarse la “venganza blanca”. Aquel que se ufanaba de gran conocedor de las debilidades humanas, y de las idolatrías frente al poder, ha caído acorralado por sus ambiciones y la de sus familiares y allegados, hasta conducirlo a la postración negociada con el poder de turno.

Los convidados a la “venganza blanca”, contemplan una mesa servida, y una tabla de trinchar, donde yace el otrora todopoderoso Danilo Medina, con ojos de cordero sacrificado, adornado por las condenas y las múltiples confesiones monetizadas de sus funcionarios y familiares.

En el caso del expresidente Jorge Blanco, la huida de sus correligionarios, gritaba su culpabilidad; en el caso del expresidente Medina, las confesiones y devoluciones de parte de los montos robados, gritan lo mismo… ¡culpable!

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