SANTO DOMINGO.- El experto en Derecho Constitucional y Administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, calificó como un discurso totalmente desfazado, penoso y atrasado el atribuir al fideicomiso público ser un instrumento con un interés marcado en la privatización estatal.

Planteó que el Estado y los particulares en un fideicomiso público son responsables de garantizar el interés general.

“Es un discurso un poco penoso, un poco atrasado y justamente la legislación en temas como este, desde lo público, lo que tiene es que garantizar aquellas cuestiones que vienen a ser una defensa de lo colectivo”, declaró.

Dijo que por eso debe haber una ley que establezca límites y controles, porque se han estado haciendo fideicomiso sobre la base de aprobaciones singulares de los contratos por parte del Congreso Nacional, pero sin un marco jurídico general preestablecido.

Advirtió que hay que establecer controles para que el Estado decida constituir fideicomiso, porque no se pueden establecer libremente, debido a que debe haber estudios económicos y financieros, lo que no significa que sea un modelo de privatización.

“No se trata de eso, esa es una idea un poco desfazada del momento en que vivimos, es decir, el mundo ha evolucionado, el contexto en que surge la administración, en pleno liberalismo económico en que había un divorcio entre el Estado y la sociedad, donde la sociedad tenía que resolver sus grandes problemas a través de sus propios medios y donde el papel del Estado era no interferir en los derechos y libertades de primera generación, ese Estado no existe desde hace más de 100 años”, subrayó.

Comentó que ya no es solamente a través de las instituciones del Estado que se satisface el interés general, sino también en muchas ocasiones desde la sociedad y particulares se satisfacen necesidades de interés colectivo.

Observó que esto no significa que el Estado abandone su papel con la idea de que es una actividad privada, porque cuando se trata de que estas toquen el interés general, juega un papel de regulador y garante.

Indicó que el Estado debe jugar un papel permanente de vigilancia, fiscalización y supervisión de la actividad y convertirse en un garante de que esa satisfacción de las necesidades colectivas, a través de los particulares, se cumpla.

“Creo que es ser justo en reconocer, en primer lugar, la voluntad que ha externado desde hace un buen tiempo del presidente de la República, de que la figura del fideicomiso público que ha estado usándose en los últimos ocho o diez años en la República Dominicana, se realice de cara al futuro dentro de un marco legal que regule todas las aristas y características que son propias del accionar público”, subrayó.

Indicó que el hecho de que el Congreso Nacional esté trabajando con esa figura jurídica es producto de la voluntad política del presidente Luis Abinader.

Destacó la importancia de que la existencia de una ley fideicomiso público, lo cual no significa que el Estado se convierta en un fideicomiso o que todas las actividades públicas que corresponda a las entidades de la administración se realizarán a través de ese mecanismo.

“De lo que se trata, insisto, es de contar con una herramienta que esté a disposición de las finalidades públicas en la medida en que esta se convierta en una mejor manera de satisfacer el interés público”, explicó Rodríguez Huertas en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN, canal 27, donde fue entrevistado por Federico Méndez.

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Sin lugar a dudas, el tema de los fideicomisos cae hoy dentro de los tópicos de palpitante actualidad debido al interés que estos ha concitado entre  legisladores y políticos de los partidos contrarios a la presente administración del Estado dominicano, criticando estos vehementemente con el propósito de que la ley sobre la materia no sea aprobada por el Congreso Nacional por un interés meramente político.

Posiciones adversas no han faltado contra el señalado tema y dicho sea de paso las mismas carecen de legitimidad y que a pesar de ello deben admitirse en razón de que se vive en un país democrático, en el que deben acogerse todo tipo de críticas, sean estas constructivas o sin ningún asidero o fundamento y, más aún dentro del marco de un gobierno que se caracteriza porque constantemente pone los oídos en el corazón del pueblo y trabaja a favor del bien común.

Mucho se ha reflexionado sobre esta figura jurídica-financiera (fideicomiso), al extremo de que la misma ha sido satanizada, argumentando que los fideicomisos solo favorecen al sector privado, aunque en gobiernos anteriores han sido ejecutados sin mayores contratiempos.

Inclusive, los actuales fideicomisos se han ejecutado sin ninguna regulación rigurosa, mientras la administración Abinader, interesada en que se hagan las cosas con la mayor transparencia, justifica la aprobación en el Congreso de la ley de fideicomiso, a los fines de que se regularicen y fiscalicen a través de la Contraloría General de la República.

Así como por la Cámara de Cuentas y las Superintendencias de: Bancos y Mercado de Valores de la República Dominicana. Esta última superintendencia en caso de que los fideicomisos emitan deuda pública a través de los mercados de capitales.

Con dicha aprobación, las compras y contrataciones que se lleven a cabo de ahora en adelante, estarán sujetas a la Ley Núm. 340-06 (Compras y Contrataciones y su reglamento, evitando con ello la comisión de actos de corrupción.

De igual manera todos los fideicomisos, de aprobarse la susodicha ley, tendrán que rendir cuentas ante los dominicanos a través de los mecanismos correspondientes, tal como norma la Ley Núm. 200-04 sobre libre acceso a las informaciones públicas.

Con esa regulación, (12 fideicomisos existentes hasta ahora  y los venideros), se evitaría que se permitan irregularidades como las que en pasados gobiernos recientes se cometieron, pues  hay una máxima que reza que: “lo que no está prohibido está permitido”, pero desde que se apruebe dicha ley de fideicomisos, no se permitirá ninguna acción que no esté establecida.

Actualmente, la oposición política se pronuncia en contra del indicado anteproyecto de ley que aún cursa en la Cámara de Diputados, después de haber sido aprobada por el Senado de la República, aduciendo que ésta no debe ser implementada ya que la misma adolece de una serie de irregularidades o debilidades: permitir endeudar el país de forma exorbitante e irresponsable y  no estarían sujetos a la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento, sobre compras y contrataciones (argumentos más alejados de la realidad)

Los fideicomisos tienen justificación, no solo en la República Dominicana, sino también en muchos países donde éstos hoy se  ejecutan exitosamente y han rendido los resultados esperados.

El propósito de esta figura jurídica-financiera, se basa en que los proyectos, planes y programas se ejecuten con apoyo del Estado (fideicomitente) que transfiere recursos para que a través de una fiduciaria que administre los mismos, los fideicomisarios, puedan llevar a cabo dichos proyectos sin beneficiarse de éstos, cumpliendo al pie juntiña: las metas, objetivos, misión y visión de los mismos, a favor de todos los dominicanos que a la postre serán los beneficiarios.

La parte negativa de las críticas que hasta ahora se han vertido en contra de los fideicomisos, ha sido precisamente de índole política. Los partidos que protagonizan las mismas desorientando o confundiendo al país, ya que al hacer éstas, las mismas carecen de fundamentos, pues el actual anteproyecto de ley contiene los mecanismos que permiten supervisar y regular los susodichos fideicomisos, evitando con ellos poner en riesgo  los fondos correspondientes a todos los dominicanos,  transferidos a las fiduciarias para su administración.

Se ha levantado un gran revuelo y una campaña maliciosa de parte de los  integrantes de los dos principales partidos de la oposición, que lo único que hacen con dichas críticas infundadas, es evitar que las obras civiles y las adquisiciones de servicios que se requieren, no se lleven a cabo en tiempo oportuno por las bondades políticas envueltas en las ejecuciones exitosas de las mismas, favoreciendo políticamente a la actual administración del Estado en contra de sus oponentes. Todo esto se reduce a antagonismo y celos políticos.

Es menester reiterar, que de aprobarse la propuesta ley de fideicomisos, tal como ha sido presentada al congreso para su sanción,  muchos de los proyectos que requieren o reclaman el pueblo dominicano, se llevarían a cabo en tiempo record, cosa que no le favorece a la oposición ya que ésta siempre apuesta al fracaso de las ejecutorias del superior gobierno.

La oposición política o cualquier ciudadano dominicano, está en pleno derecho de solicitar que al anteproyecto ley de fideicomisos le sean introducidas mejoras a los fines de que dicho instrumento sea el producto del consenso de las partes intervinientes y de cuatro ojos ven más que dos ojos. Se recuerda que el país goza de amplias libertades y democracia.

La administración Abinader se encuentra comprometida en proporcionarles una mejor vida a los dominicanos mediante acciones y obras de bien e interés común y no particular.

La figura de fideicomisos tiene razón de ser, por el hecho de que a través de ésta se llevan a ejecución: proyectos, obras, compras de bienes y servicios que de ejecutarse en el marco de la actual burocracia estatal, conlleva mucho tiempo su realización, no así a través de los fideicomisos los que flexibilizan los proyectos en tiempo, dinero y todos los procesos que estos conllevan.

La oposición política no debe temer en sancionar positivamente dicha ley de fideicomisos, pues el gobierno que preside el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha dado muestras de ser un estadista: honesto, trabajador y humilde, que lo único que le apasiona es trabajar 24/7 a favor del pueblo dominicano.

La figura del fideicomiso, ha sido una excelente idea cuando de fluidez, agilidad, eficiencia y efectividad se trata, en el momento de ejecutar algún proyecto.

El darle uso al capital público, con menoscabo de hacerle fiesta, bajo el criterio de custodiar los fondos del erario, que aportan los dominicanos a través del pago de impuestos y aranceles, es la responsabilidad de un gobierno nacional o municipal que debe emplearse a fondo en administrar los mismos  y que se tilde de honesto, garantizando la ejecución de los proyectos en el menor tiempo posible, para que todo un pueblo se beneficie de sus obras y sus retornos.

De manera, que si se extrae el ingrediente político del conocimiento del anteproyecto de ley de fideicomisos, dicha pieza sería aprobada por el Congreso Nacional de manera: rápida y veloz, unánime, bien consensuada y sopesada, a los fines de que el país sea el único beneficiario de las bondades de la misma.

Se exhorta a manera de arenga desde esta columna, aprobar el anteproyecto de ley de fideicomisos, que sin lugar a dudas vendría a favorecer a todos los dominicanos.

Hoy la oposición política acusa al gobierno de querer beneficiar al sector privado cuando es todo lo contrario lo que desea la oposición es ponerle trabas al superior gobierno para que no ejecute los proyectos del interés del pueblo dominicano.

No siempre se debe llevar la contraria, sólo por oponerse simple y llanamente a alguna iniciativa que no beneficie el interés particular, pues el pueblo no merece que se le retrasen las obras que necesitan en el menor tiempo posible y que a través de la figura jurídica-financiera o fideicomisos, estas podrían llevarse a cabo disminuyendo los procesos burocráticos que obstaculizan su realización

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