SANTO DOMINGO.- Fue  convocada para este jueves 23 de febrero una nueva reunión para dialogar sobre el anteproyecto de ley que crearía un Ministerio de Justicia en  República  Dominicana

Tendrá lugar en uno de los salones del Palacio Nacional. Fueron invitados abogados de distintas corrientes, con el propósito de validar la propuesta desde el punto de vista jurídico.

A medida que ha ido avanzando el diálogo, el anteproyecto de ley se ha ido ajustando conforme a las observaciones presentadas, dice una nota de prensa de la Presidencia de la República..

Hasta ahora la Consultoría Jurídica, además de haberse reunido con los principales órganos del sistema de justicia, ha presentado el anteproyecto de ley públicamente, en una ocasión ante todas las escuelas de derecho del país y en otra ante gremios empresariales y la sociedad civil.

LA PROPUESTA NO SE REFIERE AL REGISTRO DE TÍTULOS

El Consultor  Jurídico aclaró que, contrario a lo afirmado por algunas personas, en ninguna de las versiones del anteproyecto se ha contemplado el traslado de la Dirección Nacional de Registro de Títulos desde el Poder Judicial hacia el Ministerio de Justicia.

Afirmó que se trata de un asunto que ni siquiera se han planteado.

Si bien el borrador circulado, todavía en discusión, contempla la creación de un Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, este no asumiría funciones relativas al Registro de Títulos, sino otras que actualmente recaen sobre el Ministerio Público, cuyos actuales incumbentes han mostrado interés en tales traspasos, agregó Peralta.

Sostuvo que el anteproyecto es claro al señalar que este viceministerio “coordinará la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia”.

Dijo que se trata de funciones administrativas relacionadas al registro y certificación de documentos oficiales y notariales, la tramitación de lo relativo a exequatur de abogados y el ofrecimiento de servicios a asociaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en sentido general.

Aclaró que una institución registral que sí pasaría, entre otras, a formar parte de la estructura del Ministerio de Justicia es la Dirección de Catastro Nacional, la cual continuaría coordinando “el inventario de todos los bienes inmuebles del país, con sus características físicas, jurídicas y económicas, de conformidad con la ley sobre catastro nacional”.

Destacó que este órgano actualmente es parte del Poder Ejecutivo, al ser una dependencia del Ministerio de Hacienda, y no del Poder Judicial, como se ha insinuado erróneamente.

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD) calificó el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia como «una estocada» a la independencia de ese poder del Estado.

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, denunció que «con esa propuesta se busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catastrales, INACIF, cárceles, notarios y abogados».

Advirtió que «la creación del Ministerio de Justicia propiciaría la legitimación de contratos, cuotas y litis por el orden de los 50 mil millones otorgados de grado a grado en favor de abogados relacionados a funcionarios palaciegos, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano».

“Con esta iniciativa se pretende aniquilar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría, con la creación de un aparato burocrático sombra del Poder Ejecutivo, con intervención directa en la administración de justicia”, declaró.

Explicó que ese control incluiría, además, la entrega del INACIF, cárceles y fiscalías titulares en todo el país al presidente de turno.

Dijo que «de crearse como está concebido, el Ministerio de Justicia pondría en grave riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria de República Dominicana, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria y de la Dirección de Mensuras Catastrales».

“El Ministerio de Justicia destruiría la fiabilidad de los títulos de propiedad, de los deslindes y de las certificaciones de cargas y gravámenes, cuya expedición dependerá de un político, que perfectamente podría emular la fatídica experiencia de pasaportes”, abundó.

Advirtió que «no se puede permitir que en el país se agote el papel de seguridad de los títulos de propiedad, por emitirlos sin control en función de simpatía política, lo cual sería fatal para el clima de inversión en el país».

«Una situación similar podría ocurrir en el INACIF, donde el director será un político nombrado por el presidente de la República, pese a ser la persona encargada de determinar cuándo una sustancia ocupada es o no es droga, la legitimidad de un documento, si la causa de muerte de una persona es homicidio y si hay lesiones y su gravedad», expresó.

jt/am

SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) llamó a prestar atención sobre el deterioro moral y social que, dijo, afecta la República Dominicana.

El pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente del CODUE, citó los últimos hechos en los que menores de edad han perdido la vida por acciones “vergonzosas” promovidas por adultos.

ACCIONES EN COMUNIDADES DE FE

Favoreció que las comunidades de fe sigan fortaleciendo programas educativos, evangelismo, discipulado y preventivos basados en principios y valores.

Manifestó que de esa forma se podrían contrarrestar los niveles de descomposición progresiva que, afirmó, afectan los cimientos familiares.

“Hemos reiterado en otras ocasiones, que vemos con preocupación los hechos que a diario se producen en nuestra nación ante la falta de sensibilidad, solidaridad, amor al prójimo y la compasión”, sostuvo el religioso.

Consideró que deben ser asumidos con responsabilidad los casos de familias afectadas por la violencia, el luto y el dolor y promover la aplicación de la ley, sin distinción alguna.

URGE CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL

Custodio consideró que los problemas coyunturales no solo se resuelven con promulgación de leyes ni con nuevas agrupaciones sino bajo un compromiso de pacto social definido.

“Ante el incremento de la violencia generalizada y los casos vergonzosos, urge la necesidad de trabajar en la creación del pacto social que involucre todos los sectores, públicos y privados, a fin de que se pueda mejorar y fomentar la paz en nuestras familias e instituciones sociales”, sostuvo.

El presidente del CODUE llamó a los grupos organizados a ponerse de acuerdo para formalizar alianzas sociales,  invertir mejor en el recurso humano, trabajar en favor de la familia, la escuela y las instituciones que todavía “les duelen en este país”.

an/am

SANTO DOMINGO.- El «descalabro» de Haití es un desafío para la República Dominicana, opinó el presidente Luis Abinader.

“La desintegración del Estado haitiano, y lo que representa para la República Dominicana, es uno de los principales problemas a los que el país se enfrenta en la actualidad», declaró el Mandatario durante la presentación del “Libro Blanco de Defensa Nacional de la República Dominicana», presentado en un acto en el Palacio Nacional.

El libro, de 11 capítulos, fue editado por el Ministerio de Defensa y pretende ser un instrumento de transparencia para explicar de manera detallada hechos relevantes, aclarar dudas y resolver problemas en el área de la defensa nacional.

“Este documento constituye, por tanto, un hito histórico, en el cual nuestro país se suma a los esfuerzos de generar mecanismos de consenso social y medidas de confianza mutua con las naciones hermanas, mediante la implementación de estrategias que garanticen el logro de los mutuos objetivos nacionales”, señaló Abinader.

Destacó que «este libro, en el que se tratan los principales desafíos en materia de seguridad, es un acto de solidaridad con los países del hemisferio, en pro de crear y desarrollar proyectos, programas e instituciones que procuren, igualmente, mitigar el potencial daño a los hábitats isleños y costeros que genera el cambio climático”.

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, resaltó que «la publicación de esta obra de carácter público busca fomentar la confianza con la comunidad internacional y la transparencia hacia la ciudadanía».

jt/am/sp

Santo Domingo, 20 feb (EFE).- María Isabel Torres Castellanos, acusada de formar parte de la red de corrupción Antipulpo, fue condenada este lunes a cinco años de reclusión en un centro psiquiátrico y al pago de 20 millones de pesos en concepto de indemnización al Estado.

Asimismo, la sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dispone el decomiso de un apartamento en Guavaberry, San Pedro de Macorís.

Aunque el citado apartamento figura a nombre de Torres Castellano, en realidad es propiedad de Juan Alexis Medina, principal acusado en el caso Antipulpo, según el fiscal Ernesto Guzmán, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

TERCERA CONDENA

Esta es la tercera condena que obtiene el Ministerio Público contra los acusados de formar parte de la red que, supuestamente, dirigía Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, la mayoría de los cuales enfrentará juicio por este expediente.

Torres Castellanos fue enviada a juicio el pasado año por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al establecer el Ministerio Público su relación con la empresa Editorama, S.A., vinculada al entramado de corrupción, pero debido a razones de salud fue declarada inimputable, por lo que fue enjuiciada en un proceso especial.

En el transcurso del proceso los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos por el magistrado Peguero.

Producto de estos acuerdos el Estado recuperó más de 200 millones de pesos en bienes, a lo que se suma el apartamento decomisado en esta ocasión.EFE

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