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POR GUILLERMO GARCÍA CABRERA
La tragedia provocada por el colapso del techo de la discoteca Jet Set no es únicamente un proceso penal en curso, es una herida abierta en la conciencia colectiva de la República Dominicana. Cada víctima representa una historia interrumpida, una familia marcada por la ausencia, un proyecto de vida truncado de manera abrupta. No se trata de cifras, sino de vidas humanas cuya pérdida ha generado un impacto emocional profundo en toda la sociedad.
El país entero ha sido sacudido. La magnitud del hecho ha trascendido el ámbito de lo individual para convertirse en una preocupación nacional sobre la seguridad de los espacios públicos, la eficacia de los controles institucionales y la responsabilidad de quienes operan actividades que implican riesgo. El dolor colectivo es real, legítimo e incuestionable. Pero precisamente por su intensidad, exige una respuesta institucional que no esté contaminada por la emoción.
En este contexto, el Derecho Penal enfrenta uno de sus mayores desafíos consistente en resistir la tentación de convertirse en un instrumento de reacción inmediata ante el clamor social. La justicia no puede ser una respuesta impulsiva ni una concesión a la presión mediática. Debe ser, ante todo, una construcción racional, fundada en principios, reglas y garantías.
Las informaciones preliminares sobre el hecho apuntan a factores como la sobrecarga estructural del techo, la realización de modificaciones sin respaldo técnico y la falta de mantenimiento adecuado. Estos elementos, lejos de evidenciar una acción única y claramente identificable, revelan un proceso progresivo de deterioro estructural en el que confluyen múltiples variables técnicas, decisiones acumuladas y posibles fallas en distintos niveles.
Este aspecto es determinante. No estamos ante un hecho instantáneo ni ante una conducta aislada, sino ante una situación compleja que requiere ser analizada con criterios técnicos y jurídicos rigurosos. El Derecho Penal no está diseñado para sancionar tragedias en abstracto, sino para atribuir responsabilidad por conductas específicas que puedan ser demostradas dentro de los límites del debido proceso.
Aquí surge una afirmación que resulta incómoda en medio del dolor, pero que es esencial para preservar el Estado de Derecho: el Derecho Penal no sanciona resultados, sanciona conductas. La existencia de un resultado trágico, por sí sola, no basta para fundamentar una condena penal. Es necesario identificar quién actuó, cuando actuó, cómo actuó, en qué consistió su conducta y de qué manera esa conducta generó el resultado.
Cuando ese vínculo no es claro, el riesgo es evidente: se abre la puerta a una justicia construida sobre presunciones, generalizaciones o imputaciones basadas en la pertenencia a una estructura, en lugar de en hechos concretos.
El caso Jet Set, por su impacto y complejidad, exige una respuesta institucional firme, pero también profundamente respetuosa de los principios que rigen el Derecho Penal. La gravedad del hecho no autoriza a flexibilizar las reglas del sistema, sino que, por el contrario, obliga a aplicarlas con mayor rigor.
Si el resultado es trágico, pero la conducta no ha sido jurídicamente determinada, la justicia no puede improvisarse sin poner en riesgo aquello que pretende proteger.
