Independientemente de los intereses políticos tras la impunidad en el manejo de recursos públicos que inciden en el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, los problemas recurrentes que observamos en este órgano, con repercusiones negativas para el buen uso de nuestros siempre escasos recursos y prestigio de nuestra imperfecta democracia, se deben a los criterios obsoletos para la fiscalización que debe efectuar éste organismo; los cuales vienen arrastrándose desde su fundación.

Así lo reconoce la propia Cámara de Cuentas. En la historia sobre la institución consignada en su portal electrónico, se indica que desde su primera aparición en una constitución, la de Moca proclamada el 27 de febrero de 1854, las “particularidades y características…se mantienen hasta la fecha”.

Esta obsolescencia arrastrada se concreta al centrar sus actividades de fiscalización en practicar auditorias sin ningún parámetro previo de orientación sobre a quién auditar; seleccionándolas  casuísticamente, obedeciendo a requerimientos emocionales, caprichos interesados u ordenados por alguna autoridad. Este modus operandi permite escapar muchas irregularidades cometidas por entidades públicas, incluyendo las que se escenifican alrededor de contrataciones importantes.

Lo que requieren las circunstancias actuales son procesos continuos y sistemáticos, contentivos de indicadores aplicables al universo de entidades públicas, para identificar señales de alarma que determinen previamente que instituciones deben ser sometidas a auditorías.   

Para ello hoy se disponen de recursos proporcionados por la ciencia y la tecnología que permiten fiscalizar mas adecuadamente la utilización de recursos de todas las entidades que caracterizan las administraciones presentes, mas numerosas y complejas que la de años anteriores.

Ese mantenimiento de particularidades y características de la Cámara de Cuenta se encuentra consolidado por las funciones que el art 250 de la Constitución y el art. 10 de la ley 10-04, los cuales resaltan implícitamente la prevalencia de las auditorias.

Pero es lamentable que se mantengan hoy las mismas “particularidades y características” que primaron cuando ni la sociedad de hoy, ni la economía, ni las finanzas publicas son remotamente parecidas a las de hace 170 años.

La administración publica de hoy es mucho mas compleja que la de aquellos tiempos. Hoy se identifican 333 organismos estatales y casi 400 municipales por lo que no es posible cumplir la responsabilidad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas practicando auditorias individuales, coyunturales, casuísticas, eventuales y/o a requerimientos.

Ello conllevaría practicar mas de 700 auditorías anuales, lo cual resulta humanamente imposible.

Con razón siempre hay atrasos. O cuando vienen a concluirse auditorias solicitadas, han transcurrido tiempo suficiente para cambiar las circunstancias que justificaron su requerimiento en beneficio de quienes han cometido hechos dolosos. Y hasta para beneficiarse de la prescripción.

En las complejidades de las finanzas públicas presentes y con las disponibilidades de recursos que nos ofrece la ciencia y la tecnología aplicados a la informática y a la información; lo que se necesita para fiscalizar comprehensiva e integralmente el manejo de recursos para toda la administración pública es un mecanismo sistemático de suministro de informaciones continuas, convertibles en indicadores, que hagan sonar alarmas para identificar cuales instituciones y sus respectivos contratos por  ofrecen indicios de irregularidades y anormalidades.

Una vez detectadas estas entidades y contratos significativos presentan indicios de irregularidades y anormalidades, es que resulta procedente practicarles auditorias; sin tener que esperar una petición, denuncia o requerimiento de interesados o de una autoridad para practicarla.  

En otros términos, la decisión de una auditoría especifica debe constituir un segundo paso aplicables  a aquellas instituciones y contratos que presentan signos de a alarmas emanados de los sistemas e indicadores que al respecto se diseñen.

Dejando para un momento mas propicio la expresión constitucional y legal de la reconceptualización de la Cámara de Cuentas, es posible avanzar en esta materia mediante una   selección mas adecuada de los miembros de este organismo ya que ni la Constitución ni las leyes prohíben seleccionar titulares con especialidades que la favorezcan como serian las profesiones ligadas a la gerencia, sistema o informática.

El Art. 249 de la Constitución establece “preferencias” profesionales, no obligatoriedad, en “contabilidad, finanzas, economía, derecho o afines” que deben poseer los integrantes de la Cámara de Cuentas.

Estas preferencias resultaban válidas para una fiscalización basada en auditorias, pero no lo son para una fiscalización sustentada en sistemas informáticos. El “preferiblemente” de hoy recaería en profesionales de gerencia, sistemas, informática, etc.; las cuales cabrían dentro del término “afines”.

Lo que si es obligatorio constitucionalmente es que los integrantes de la Camara de Cuentas, conforme la parte principal del artículo 249, deben encontrarse en: “pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser de reconocida solvencia ética y moral”

Finalmente, resulta imperativa destacar que los recursos públicos a lo que se refiere la Constitución como ámbito de competencia fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, no se limitan al dinero efectivo administrado por las instituciones; sino que debe aplicarse a una concepción más amplia de recursos que incorpore la fiscalización de todo activo-patrimonio que estas manejan conformado por terrenos, inversiones, acciones, equipos, etc.

En torno a estos recursos se han observado dilapidaciones importantes no registrados en la contabilidad gubernamental. 

jpm-am

SANTO DOMINGO.- El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual del 0.24 % en abril, lo que supone una reducción del 5.15 % de la inflación interanual en ese mes, siendo esta la tasa más baja verificada desde octubre de 2020, informó este martes el Banco Central de República Dominicana (BCRD).

Esta desaceleración permite proyectar que la inflación convergerá al rango meta de 4 % ± 1 % antes de finalizar el segundo trimestre del presente año, tal como estaba previsto, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

La institución explicó en su reporte que, al igual que la inflación general, la inflación subyacente interanual continúa su tendencia decreciente, ubicándose en el 5.83 % en abril de 2023, aproximadamente 146 puntos básicos por debajo del máximo del 7.29 % registrado en mayo de 2022.

Este indicador excluye algunos artículos que no responden a las condiciones monetarias, como alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles y servicios con costos regulados, como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

El BCRD destacó que la trayectoria descendente de la inflación evidencia la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria implementada, orientada a mitigar las presiones de la demanda interna.

De igual forma, los subsidios del Gobierno a los combustibles y a la tarifa eléctrica han contribuido en este comportamiento, apuntó en BCRD en la nota.
ENTRE LAS MAS BAJAS DE LATINOAMERICA
Además, la inflación interanual del país se encuentra entre las más bajas de Latinoamérica, siendo inferior a las de doce economías de la región, mientras que solo cinco países reportan cifras menores a la inflación dominicana, teniendo dos de ellos economías dolarizadas.

Al analizar el comportamiento del IPC general durante el mes de abril de 2023, se observa que el grupo de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación de 0.45 %, aportando aproximadamente la mitad de la inflación general para el referido mes.

También contribuyeron los grupos de bienes y servicios (0.55 %), restaurantes y hoteles (0.52 %) así como la vivienda (0.31 %), mientras que el grupo de transporte registró una variación negativa del 0.28 %, frenando la inflación de abril.

wj/am

SANTO DOMINGO.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, entregó 25 millones de pesos del Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento (CONFIE), para préstamos a emprendedores y hacer crecer sus negocios.

“Desde el gobierno y por instrucciones del presidente Luis Abinader, desde el MICM trabajamos cada día para crear oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, enfocados en accionar y dar cumplimiento a la Ley para impulsar la creación de empleos, empleos y más empleos”, manifestó.

El anuncio se hizo durante el acto de juramentación de la nueva directiva del programa Red Nacional de Emprendimiento (RD-Emprende).

En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que República Dominicana es “un espacio que gana posiciones como importante destino de inversiones y comercio y aspira a aumentar su peso en el escenario político y económico global postpandemia”.

Y agregó que este gobierno es un aliado de los emprendedores y siempre “escucharemos sus propuestas e ideas, discutiremos las soluciones.

De su lado, el titular del MICM señaló que la elección de la nueva directiva es un proceso legítimo que fortalece y agrega valor a las iniciativas que desde el ministerio se impulsan en favor de las mipymes y de los emprendedores.

RD-EMPRENDE

La Red Nacional de Emprendimiento, RD-Emprende, es un órgano adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), reúne a 38 entidades que comparten conocimientos, experiencias y recursos para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos y empresas, en especial aquellas lideradas por jóvenes.

Bisonó destacó las informaciones del Monitor Global de Emprendimiento que valora el entorno para emprender, respecto a la burocracia, políticas gubernamentales y el acceso a infraestructura comercial y profesional, sector que exhibe importantes mejorías desde el año 2022.

DIRECTIVA RD-EMPRENDE

La nueva directiva estará encabezada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), vicepresidencia; Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), tesorería; Liga Municipal Dominicana, vocal, y el MICM bajo la dirección de la secretaría técnica.

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