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SANTO DOMINGO. – La Fundación Primero Justicia depositó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la resolución que privatiza los servicios de hemodiálisis en toda la red de hospitales del Estado dominicano.
Miguel Surún Hernández, en representación del grupo, calificó dicha normativa como “una condena de muerte”, ya que la vida de muchas personas dependen del acceso a esa asistencia, lo cual dependerá de la voluntad o no del propietario de dichos servicios.
“Lo grave del caso es que, de conformidad con la propuesta de privatización aprobada por el Estado dominicano, las ganancias del sector privado ascenderían a cinco mil millones de pesos…”.
Señaló que sobre el Estado se cargarán los espacios físicos y el pago del personal técnico y de enfermería, quedando a favor de los particulares prácticamente todo el dinero que genere dicho servicio, “lo cual es un despropósito contra los intereses de la Nación”.
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA SALUD
El jurista indicó, además, que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitución que garantiza el derecho a la salud, el cual se incumple con las personas más desposeídas.
Recordó que el Estado ha realizado cuantiosas inversiones en la adquisición de máquinas de hemodiálisis “las cuales van a ser entregadas y desechadas en favor del sector privado…”.
Dijo que además de esos equipos, también se le entregarán los espacios físicos y el personal que operará esas máquinas.
“Es decir, al sector privado se le entregará el cobro de los servicios y al pueblo la obligación de pagar”, puntualizó.
El grupo dijo esperar que el Tribunal Superior Administrativo actúe en consecuencia, dejando sin efecto lo que calificó como «un atentado contra la salud de los pacientes renales de escasos recursos económicos».
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