San Juan es la provincia territorialmente más extensa de la República Dominicana y constituye uno de los valles agrícolas más importantes del país. Reconocida como “el granero del Sur”, en esta demarcación se produce una proporción significativa de alimentos básicos como habichuelas, arroz, maíz, cebolla, guandules y productos lácteos. Su ubicación geográfica, entre la Cordillera Central al norte —donde se eleva el Pico Duarte— y la Sierra de Neiba al sur, le confiere una riqueza hídrica y ecológica excepcional.

En este contexto, los ecosistemas de la provincia enfrentan una amenaza significativa: la concesión para la explotación minera del proyecto Loma Romero.

La agricultura constituye la principal fuente de ingresos de la población sanjuanera, lo que genera una alta dependencia de los recursos hídricos provenientes de sus ríos y sistemas montañosos. La eventual explotación minera podría comprometer la calidad y disponibilidad del agua en importantes cuencas hidrográficas, incluyendo los ríos San Juan, Yaque del Sur y Mijo, así como el abastecimiento de infraestructuras estratégicas como las presas de Sabaneta, Palomino y Monte Grande.

El Proyecto Romero, promovido por la empresa GoldQuest Dominicana, contempla la explotación subterránea de oro, cobre y plata a una altitud aproximada de 1,100 metros sobre el nivel del mar. La concesión, denominada “La Escandalosa”, abarca cerca de 3,997 hectáreas y se ubica en la cuenca alta del río San Juan, a unos 21 kilómetros de su nacimiento, dentro del área de influencia del Parque Nacional José del Carmen Ramírez, una zona de alto valor ecológico.

Diversos estudios han señalado que la minería metálica, incluso en modalidad subterránea, puede generar impactos ambientales significativos, tales como drenaje ácido de minas, contaminación por metales pesados y uso de sustancias tóxicas como el cianuro (Moran, 2004; UNEP, 2019). Estos procesos afectan la calidad del agua, los suelos y la biodiversidad, comprometiendo la sostenibilidad de las actividades agrícolas y la seguridad alimentaria de las comunidades cercanas.

Por ello, el proyecto ha enfrentado una fuerte oposición social. Organizaciones comunitarias, productores agrícolas y ambientalistas han expresado su preocupación por los riesgos asociados a la actividad minera, señalando posibles daños irreversibles a las fuentes de agua y a la base productiva de la región.

En el plano global, los desequilibrios ambientales evidentes desde finales del siglo XX —cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y escasez de recursos— han puesto en entredicho los modelos de crecimiento económico basados exclusivamente en indicadores cuantitativos. Como advierte el Informe Brundtland (1987), el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.

En este sentido, la Iglesia Católica ha manifestado su preocupación por la explotación de los recursos naturales sin marcos adecuados de políticas públicas inclusivas. En línea con la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco (2015), se critica una lógica económica que prioriza la rentabilidad sobre el bienestar ambiental y social, y se aboga por una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones.

Experiencias locales, como los conflictos socioambientales en Cotuí y otras zonas mineras del país, evidencian tensiones entre intereses económicos y la protección de los recursos naturales. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de adoptar un enfoque preventivo y participativo en la evaluación de proyectos extractivos.

No se trata de rechazar la minería en términos absolutos, sino de establecer criterios claros sobre dónde y cómo puede desarrollarse sin comprometer el equilibrio ecológico. La planificación territorial y la evaluación ambiental estratégica deben preceder cualquier decisión, priorizando siempre la protección de la vida, el agua y los medios de subsistencia de las comunidades.

Diversos análisis científicos han demostrado que los límites ecológicos del planeta —conceptualizados como “límites planetarios” (Rockström et al., 2009)— están siendo sobrepasados, lo que aumenta el riesgo de cambios irreversibles en los sistemas naturales. Ignorar estas restricciones implica trasladar costos ambientales y sociales a las generaciones futuras.

Hoy más que nunca, es necesario diferenciar entre crecimiento económico y desarrollo sostenible. El primero puede implicar un aumento en la producción, pero el segundo exige equidad, sostenibilidad y respeto por los límites naturales.

La población de San Juan ha asumido una postura firme en defensa de su territorio, articulando un movimiento social bajo una consigna clara: “Oro no, agua sí”. Esta expresión sintetiza una visión de desarrollo centrada en la vida, la sostenibilidad y la proteccion a los derechos de la comunidad.

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