SANTO DOMINGO.-Destcados atletas iniciaron su participación en el Invitacional de Natación de Los Marlins del Club Arroyo Hondo, en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
La competencia reune a más de 500 nadadores de Costa Rica, Colombia, México y República Dominicana, en diversas categorías, desde los 7-8 años hasta 17 y más, tanto en femenino como en masculino.
El programa incluye pruebas de alto nivel como los 800 y 1,500 metros libre, 400 combinado individual, 200 metros mariposa y el relevo mixto 4×50 libre.
Entre las figuras destacadas estará la nadadora Elizabeth Jiménez, representante de los Marlins, quien ya tiene asegurada su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
SANTO DOMINGO.- La institución Referencia reunió a especialistas del sector de laboratorios clínicos durante la jornada “RE-Actualiza Edición 2026” en el Hotel Renaissance Jaragua.
Durante la actividad fueron tratados temas clave para fortalecer la calidad, seguridad y oportunidad de los diagnósticos clínicos en la República Dominicana.
La jornada contó con la participación de expertos de distintas áreas del laboratorio clínico, quienes compartieron conocimientos actualizados sobre procesos preanalíticos, microbiología, química bioanalítica, hematología, automatización y gestión de resultados.
COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN CONTINUA
Durante la jornada, Referencia reafirmó su compromiso con la educación continua del personal de salud y destacó la implementación de buenas prácticas que impactan en la atención de los pacientes.
El encuentro inició con la intervención del doctor Víctor Pérez, quien expuso sobre la gestión del proceso analítico, mientras la licenciada Joana Bacalhau abordó la calidad de la muestra microbiológica.
El doctor Ignacio Bressán presentó aspectos preanalíticos en tamizaje neonatal, en tanto Mauro Barrantes trató el impacto de la automatización en el cuidado del paciente.
La agenda concluyó con la participación de la licenciada Wendy López Azcue, quien reflexionó sobre la importancia de interpretar los resultados más allá de los números, resaltando el papel humano y clínico que tiene el laboratorio en la toma de decisiones médicas.
SOBRE REFERENCIA
Fundado en 1983, Referencia mantiene un firme compromiso con la calidad y la salud.
La institución cuenta con un estricto sistema de control de calidad avalado por el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y la AABB (Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias).
Actualmente, opera una red de más de 80 sucursales y una propuesta de valor centrada en el paciente con servicios diagnósticos integrados: laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y patología.
Hablar de ética pública en la República Dominicana hoy no es un ejercicio académico; es una toma de posición. La reciente Semana de la Ética Gubernamental ha servido para confirmar una verdad incómoda: el país no tiene un problema de falta de normas, sino de cumplimiento.
Nuestra tradición lo anticipó. Ulises Francisco Espaillat entendió que el poder no es un privilegio, sino una función limitada por principios. Renunció antes que traicionarlos. Ese estándar, lejos de ser simbólico, sigue siendo el punto de referencia.
El marco jurídico dominicano es amplio y sofisticado. Desde la Constitución hasta las leyes de contrataciones públicas, función pública y control financiero, el sistema está diseñado para prevenir y sancionar la corrupción. Incluso, tras un período de debilitamiento -como ocurrió con la modificación introducida por la Ley 449-06 a la Ley 340-06- hoy se han reintroducido consecuencias penales que buscan fortalecer la disuasión.
Efectivamente, la nueva y moderna Ley 47-25, que sustituye y moderniza el regimen anterior, introduce un régimen penal específico dentro del propio sistema de contrataciones.
Con ello corrige una debilidad histórica del modelo anterior, que había quedado centrado en sanciones administrativas; tipifica conductas corruptas vinculadas a la contratación pública, por lo que no depende únicamente del Código Penal general; establece sanciones más severas, con sanciones de penas de prisión de 2 a 5 años, según el caso, para los funcionarios, y penas mayores, de hasta 10 años de prisión, en supuestos agravados, para proveedores y particulares; refuerza la transparencia y trazabilidad de los procesos; trae mayor control sobre excepciones, urgencias y adjudicaciones; reduce espacios de discrecionalidad, para cerrar brechas donde tradicionalmente se insertaban prácticas indebidas y fortalece los mecanismos de control y supervisión, a través de una vinculación más efectiva con órganos como la DGCP y entes de control.
Sin embargo, los problemas persisten. ¿Por qué?
Porque la corrupción no es solo un fenómeno jurídico. Es, como advierte Alejandro Nieto García, una patología del sistema democrático. No se reduce a actos individuales desviados; surge cuando los controles fallan, la rendición de cuentas se vuelve formal y la política coloniza la administración. En ese contexto, la corrupción deja de ser excepción y comienza a operar como regla.
Los casos impulsados por el Ministerio Público —Antipulpo, Medusa, Coral, Calamar- han sido relevantes. Han visibilizado estructuras complejas y elevado el costo de la corrupción. Pero un sistema no se mide por los casos que persigue, sino por los que evita. Cuando la respuesta llega solo por la vía penal, el daño ya está hecho.
De ahí que el desafío central sea preventivo: fortalecer controles internos, auditorías independientes y mecanismos reales de transparencia. La integridad no puede depender únicamente del castigo.
Pero tampoco es solo un problema estructural. Es, en esencia, un problema personal. El sistema no es más que la proyección de la conducta de quienes lo integran. Como actúan sus funcionarios, así funciona. Sin integridad individual, no hay arquitectura institucional que resista.
Por eso, el reto es también cultural. Pasar del “aprovechamiento” a la responsabilidad. Entender que la legalidad es apenas el punto de partida, no el techo ético. Y asumir que, como advirtió Gustav Radbruch, cuando la injusticia se vuelve extrema, deja de ser derecho.
La integridad, en definitiva, no se proclama. Se practica. Y su ausencia no colapsa las instituciones de golpe, las erosiona lentamente, con cada excepción tolerada.
La decisión es colectiva, pero se ejerce de manera individual. Y en ella se define el país que somos y el que podemos llegar a ser.
Nos vendieron que el turismo es la “industria sin chimeneas” que sostiene al país. Es mentira. Son las remesas, y no el turismo, el verdadero sostén de la economía dominicana en 2026. Y mientras no lo aceptemos, seguiremos diseñando un país para los visitantes, no para los que se quedaron.
LOS NUMEROS NO MIENTEN
En 2025, el turismo generó US$10,900 millones en ingresos brutos según el Banco Central. Suena imponente. Pero el Banco Central también reportó US$10,200 millones en remesas. La diferencia es de apenas 6%.
El truco está en el “neto”. Del turismo hay que restar importaciones de alimentos para hoteles, franquicias extranjeras, líneas aéreas foráneas y repatriación de utilidades.
El MIT estima que por cada dólar que entra por turismo, solo 45 centavos se quedan en el país. De las remesas se queda el 98%. En dinero real que circula en colmados de Los Mina, ferreterías de San Juan y clínicas de Santiago, las remesas ganan 2 a 1.2.
El autor es periodista. Jefe de redacción en Almomento.net. Reside en Nueva York.
El turismo emplea 899,000 personas. Pero 62% son informales o con salarios mínimos de RD$17,500, según ASONAHORES y el Ministerio de Trabajo. Un camarero en Bávaro depende de la propina del gringo para completar la quincena.
La remesa promedio es de US$275 mensuales: RD$16,200 directo al bolsillo de una madre en San Francisco de Macorís, sin jefe, sin horario, sin descuento de TSS.
Las remesas no crean empleo. Crean jefes de hogar. Financian el 60% de las viviendas de bajo costo y el 40% de las mipymes, según el estudio de la AIRD que presentó Julio Brache hace unos días.
EL TURISMO SE CAE. LA REMESA NO
Un huracán, una pandemia, una guerra en Europa, y el turismo se desploma 80% como en 2020. Las remesas cayeron solo 8% ese año y se recuperaron en 6 meses. ¿Por qué? Porque el dominicano en Lawrence se quitó la comida para mandar los US$200 a su mamá.
El turismo depende del placer del extranjero. La remesa depende del sacrificio del dominicano.
El caso de George Nicolás Mora, el joven hallado sin vida hace poco en Pensilvania, duele. Pero es el símbolo de 2.5 millones que sostienen este país desde afuera. Se van arriesgando todo, y aun muertos, su seguro de vida termina pagando la casa de su familia en República Dominicana.
UN PAIS DISEÑADO AL REVES
Exoneramos ISR a cadenas hoteleras por 15 años. Construimos autopistas para que el turista llegue en 20 minutos a Cap Cana. Pero al dominicano que manda US$300 al mes le cobramos 5% de ITBIS cuando su mamá compra una estufa. Subsidiamos al que viene de paseo. Gravamos al que nos mantiene.
Mientras celebramos “récord de 10 millones de turistas”, ignoramos que 1 de cada 3 dominicanos come gracias a un hijo que se fue.
El “hub industrial” que defiende la AIRD no despegará si el principal inversionista del país —la diáspora— no tiene incentivos para invertir aquí en vez de solo mandar para consumo.
LA CONCLUSION DUELE, PERO LIBERA:
El turismo es importante. Pero es un maquillaje. Las remesas son el esqueleto. Sin ellas, el dólar estuviera a RD$90, la construcción colapsada y medio país en quiebra.
Si de verdad queremos desarrollo, el próximo Consejo de Gobierno no debe hacerse en Punta Cana con hoteleros. Debe hacerse en el Alto Manhattan con los presidentes de asociaciones de bodegueros, taxistas y enfermeras dominicanas. Porque ellos, no Marriott, son quienes pagan la universidad de los ingenieros que mañana trabajarán en el hub logístico.
El turismo nos da fotos bonitas. Las remesas nos dan de comer. Ya es hora de legislar para los que se fueron, si queremos que algún día vuelvan.
SANTO DOMINGO. – La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) aseguró que, en el actual contexto de crisis internacional, los productores agropecuarios del país cumplen su rol de garantizar la alimentación del pueblo dominicano.
CONFENAGRO reiteró su compromiso con la estabilidad de los precios y el fortalecimiento de la producción nacional.
La organización informó sobre su contacto permanente con las autoridades del sector agropecuario para coordinar esfuerzos que permitan sostener los niveles productivos y contribuir a la inmovilidad de los importes de esos rubros.
PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL PAÍS
Destacó la importancia de preservar la seguridad social y económica del país ante el escenario de choque externo, y planteó la necesidad de impulsar medidas que fortalezcan la producción nacional.
En ese sentido, reitera su propuesta de fomentar el uso de abonos orgánicos como alternativa viable para reducir la dependencia de los importados, contribuyendo a la sostenibilidad del sector agropecuario y a la reducción de los costos de producción.
Asimismo, enfatizó que, en el contexto actual, es fundamental no abrir la puerta a la importación de productos claves, como el arroz y el pollo, en los cuales la República Dominicana mantiene niveles de autosuficiencia.
La entidad reiteró su disposición de seguir trabajando de manera articulada con el Gobierno y los sectores productivos, a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país.
HARTFORD, Connecticut.- El dominicano José Luís Rodríguez, de 47 años y residente ilegal en Estados Unidos se declaró culpable ante el juez federal Vernon D. Oliver por los delitos de fraude de pasaporte y robo de identidad agravado.
E caso salió a la luz en junio de 2025 cuando la víctima real, recién salida de prisión, solicitó una tarjeta de identificación en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Waterbury. Al procesar la solicitud, el DMV detectó que ya existía una licencia vigente a ese nombre desde 2001, renovada en varias ocasiones.
La investigación reveló que Rodríguez, residente de Waterbury, había usurpado la identidad de la víctima.
El FBI encontró dos perfiles de huellas dactilares diferentes bajo el mismo nombre y la Policía de Waterbury tenía registros de arresto con fotografías de Rodríguez haciéndose pasar por la víctima.
El 5 de marzo de 2020, Rodríguez usó el nombre, fecha y lugar de nacimiento de la víctima para solicitar un pasaporte estadounidense en Waterbury. Recibió el documento y lo utilizó para viajar y como identificación.
Rodríguez fue arrestado el 30 de diciembre de 2025 tras presentar el pasaporte falso al Departamento de Estado y hacerse pasar por ciudadano estadounidense.
Se declaró culpable de un cargo por uso de pasaporte obtenido mediante declaración falsa, que conlleva hasta 10 años de prisión, y de robo de identidad agravado, con pena obligatoria de dos años consecutivos.
El deterioro del poder adquisitivo no ocurre de manera abrupta ni genera titulares inmediatos. No se anuncia oficialmente ni suele reconocerse con claridad en los discursos públicos. Sin embargo, es uno de los fenómenos económicos más persistentes y dañinos para la vida cotidiana de los hogares. Se instala lentamente, casi sin ruido, pero una vez arraigado, redefine la forma de vivir.
El poder adquisitivo se desgasta cuando los ingresos dejan de alcanzar para cubrir las mismas necesidades que antes. No se trata solo de inflación abierta, sino de una combinación de aumentos de precios, impuestos indirectos, tarifas, costos financieros y servicios que suben más rápido que los salarios. El salario puede aumentar nominalmente, pero en términos reales pierde fuerza.
Este deterioro es particularmente cruel porque no siempre es evidente. Las personas siguen trabajando, siguen cobrando, siguen pagando. No hay un momento exacto en el que “todo se rompe”. Lo que hay es una acumulación de pequeñas renuncias, menos ahorro, menos ocio, menos margen para imprevistos, más estrés financiero.
En la práctica, el deterioro del poder adquisitivo obliga a las familias a cambiar hábitos. Se sustituye calidad por precio, se posponen decisiones importantes, se reduce el consumo cultural y se normaliza el endeudamiento como complemento del ingreso. La economía del hogar entra en modo de resistencia permanente. Este fenómeno afecta de manera desigual.
Los sectores de menores ingresos lo sufren con mayor intensidad porque destinan casi todo su dinero a consumo básico. La clase media, por su parte, experimenta una presión constante que no la empobrece de
inmediato, pero la desgasta lentamente. Vive siempre al borde de perder estabilidad. Uno de los factores que más contribuye a este deterioro es la estructura impositiva indirecta. Impuestos al consumo, tarifas públicas y cargos fijos impactan sin discriminar nivel de ingreso.
El resultado es que el aumento del costo de vida no viene acompañado de mecanismos efectivos de compensación. A esto se suma la falta de indexación real de los ingresos. Muchos salarios permanecen congelados durante largos períodos, mientras los precios se ajustan con rapidez. Cuando llegan los aumentos salariales, suelen llegar tarde y ser absorbidos de inmediato por inflación, impuestos o nuevas cargas.
Repercusión
El deterioro silencioso también tiene un componente psicológico. La sensación de trabajar más para vivir igual o peor, genera frustración, ansiedad y pérdida de confianza en el sistema. Las personas sienten que hacen todo “correcto” y aun así no avanzan. El esfuerzo deja de ser garantía de progreso. Este desgaste tiene consecuencias macroeconómicas.
Reduce el consumo de largo plazo, limita la inversión familiar en educación y vivienda, y aumenta la vulnerabilidad sistémica. Una economía donde la mayoría vive con poder adquisitivo debilitado es una economía frágil, aunque las cifras agregadas luzcan positivas. La economía que nos duele.
Además, el deterioro del poder adquisitivo afecta la cohesión social. Cuando amplios segmentos sienten que el sistema no les devuelve lo que aportan, se debilita el contrato social. Crece el desencanto con las instituciones y se amplifica la percepción de injusticia estructural. Lo más preocupante es que este proceso suele normalizarse.
Se acepta como parte inevitable de la vida económica, cuando en realidad es el resultado de decisiones políticas, fiscales y estructurales acumuladas. No es un destino; es una consecuencia. Cerrar los ojos ante este deterioro no lo detiene. Al contrario, lo profundiza. Reconocerlo es el primer paso para diseñar políticas que protejan el ingreso real, equilibren la carga fiscal y devuelvan previsibilidad a la economía del hogar.
Mientras el poder adquisitivo siga deteriorándose en silencio, la economía seguirá doliendo, aunque los indicadores macroeconómicos intenten contar otra historia.
En conclusión, el deterioro del poder adquisitivo es la manifestación final del peso invisible del sistema. Resume cómo inflación, impuestos, tarifas y salarios rezagados convergen para debilitar la economía cotidiana, convirtiendo el esfuerzo en supervivencia y cerrando con una advertencia clara, cuando el ingreso real se debilita, todo el sistema comienza a fallar.
PUNTA DEL ESTE, Uruguay.- El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) de República Dominicana, José Rubén Gonell Cosme, exhortó a los artistas visuales y plásticos a asumir un rol más activo en la gestión y defensa de sus derechos de autor, como vía esencial para garantizar la sostenibilidad de su trabajo creativo.
La intervención tuvo lugar durante la Conferencia Regional sobre el Derecho de Participación del Artista, organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el Enjoy Punta del Este Casino & Resort.
El evento reunió a autoridades culturales, expertos jurídicos y representantes del sector artístico de toda América Latina.
Gonell Cosme señaló que, aunque los marcos legales existen y ofrecen herramientas sólidas, su efectividad depende del interés de los propios autores.
“Las leyes están; ahora nos corresponde hacerlas cumplir y exigir que se respeten”, afirmó ante las delegaciones de América Latina y el Caribe.
Recalcó que el derecho de autor no se activa por sí solo: requiere conciencia y acción.
Explicó que desde el inicio de su gestión en 2020, la ONDA ha priorizado educar a la población sobre el valor del derecho de autor como instrumento de dignificación del oficio artístico.
La entidad ha recorrido el país dos veces, llevando orientación directa a comunidades creativas, universidades y espacios culturales. Ese trabajo ya rinde frutos: cada vez más artistas se reconocen como profesionales que generan valor económico y cultural y merecen compensación justa por el uso de sus obras.
El desafío pendiente de los artistas plásticos
Gonell Cosme puso especial atención en los artistas plásticos y visuales, sector que históricamente ha mostrado menor conocimiento sobre figuras como el derecho de participación en la reventa de obras. Esta falta de información ha provocado que muchos creadores o sus herederos pierdan ingresos legítimos.“Usted puede hacer una obra y vivir de ella toda la vida”, subrayó, advirtiendo sobre los riesgos de delegar la gestión de derechos en terceros sin preparación. Citó casos de familias de reconocidos artistas dominicanos que recién comienzan a reclamar derechos que les corresponden desde hace décadas.
Avances en la gestión colectiva
Destacó el crecimiento de las sociedades de gestión colectiva en República Dominicana, hoy entre las más eficientes de América Latina. «Esto demuestra que cuando Estado, creadores y entidades trabajan alineados, los resultados son tangibles», dijo.
Reiteró que la ONDA actúa como aliada estratégica de los artistas, promoviendo mecanismos que aseguren que la creatividad sea protegida y justamente remunerada.
Agradeció a la OMPI por impulsar espacios de diálogo y guías técnicas, y reafirmó el compromiso del país con herramientas como la copia privada para fortalecer el ecosistema creativo.
SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, remitió una correspondencia a la Comisión Nacional de Consenso del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la que expresa preocupación ante la demora en la aplicación de acuerdos establecidos para la estructuración de la dirigencia partidista en su demarcación.
La misiva, dirigida a Andrés Batista García, titular de la referida comisión, enfatiza la necesidad de cumplir con lo pactado previamente en el gobernante partido.
El congresista recordó que estos acuerdos son el fruto de un diálogo constante con los liderazgos políticos tanto de la provincia como del municipio de Moca.
Durante estos encuentros previos, se determinó de manera unánime que el equilibrio debe ser el principio fundamental y el eje rector de todos los procesos internos.
Para el legislador, el respeto a este valor es lo que garantiza la armonía entre las distintas corrientes que convergen en la organización oficialista.
De acuerdo con lo estipulado en las mesas de trabajo, la integración de los mandos provinciales, municipales y de zonas debe fundamentarse en una repartición de paridad absoluta. Esto implica, específicamente, otorgar un 50 % de participación a cada sector involucrado, asegurando una representación justa para todas las partes.
Gómez Ureña resaltó que tales pactos no son arbitrarios, sino que tienen como fin primordial asegurar la imparcialidad y la claridad administrativa. Todo esto se realiza siguiendo estrictamente las pautas fijadas en el segundo boletín difundido por la alta dirección de la entidad política.
No obstante, el senador advirtió con preocupación que, al día de hoy, las labores de ejecución para materializar este consenso permanecen inactivas. Según sus declaraciones, resulta incomprensible que, tras haber llegado a un entendimiento común, no se haya iniciado el cronograma de trabajo correspondiente.
Cuando el pueblo tenga el poder en sus manos, rebosarán de lágrimas los océanos. Es que las injusticias en el Estado dominicano han secado el conducto lagrimal de millones de pobres, indigentes, infelices y desposeídos; aquellos que solo son importantes cada cuatro años. Qué peligro cuando abran los ojos.
A los ricos no les importa que destruyan las cordilleras ni que se agote el agua; ellos simplemente, cuando no puedan vivir en la República Dominicana, se mudan a otro país, donde sí hay respeto por el ser humano, la naturaleza, la educación, la diversidad y la justicia.
La justicia sigue jugando con más de 10 millones de habitantes que esperan la aplicación de una justicia independiente, tras la clara y evidente muerte de 236 personas. Solo por dejadez.
En un país de respeto, eso no debió suceder nunca, porque periódicamente los negocios deben ser evaluados. Pero en la República Dominicana, ricos, intelectuales e iletrados, así como políticos, tienen la libertad de hacer lo que quieran y donde quieran. Mientras tanto, hay un pueblo hambriento de que la justicia actúe.
Más de un año después, con 236 muertos, la justicia sigue barajando y pasando las cartas. Cada día que pasa hay un pueblo con mayor sed de respuesta, cargado de impotencia, atado, amarrado, apenado, sufriendo la burla del Estado y de los poderosos que mueven las fichas.
Una justicia que parece funcionar solo para los pobres. Todos saben que detrás de las víctimas también hay familias con recursos, al igual que los propietarios de la discoteca Jet Set —los Espaillat—. La desesperación de quienes sufren puede desencadenar hechos aún peores; es momento de detener esta inercia.
Desde aquel trágico accidente ocurrido en la madrugada del martes 8 de abril de 2025, donde perecieron 236 personas, la justicia ha sido capaz de condenar a miles por delitos menores; personas que quizá no han matado ni a una gallina. Sin embargo, en el caso de la discoteca Jet Set, ha resultado extremadamente difícil identificar responsables. Ni los 236 muertos ni los más de 180 heridos han sido suficientes.
Con este fatídico hecho, la justicia dominicana sigue acumulando años de descrédito, rencor social e indignación colectiva. Una masa de ciudadanos dolidos, impotentes y cansados podría reaccionar de manera impredecible. Los familiares de las víctimas, y el pueblo en general, sienten cada día más frustración ante las trabas y dilaciones judiciales en el caso Jet Set, donde 236 muertos aún no bastan para encontrar culpables.
También es evidente que los ricos y poderosos, que ni entre ellos se respetan, encuentran grietas en el sistema. Una catástrofe por negligencia debería acarrear consecuencias ejemplares. Sin embargo, en la República Dominicana no ha sido posible determinar responsabilidades por la muerte de 236 personas y más de 180 heridos. Ahí entra lo “sabroso” del país, ese discurso repetido: “yo estoy pegao, yo estoy en el gobierno”. Se suponía que esos tiempos cambiarían.
En los últimos años de su vida política, el doctor Joaquín Balaguer decía: “No oigo nada, no veo nada – soy ciego y mudo”. Hoy, la llamada justicia independiente parece no ver ni escuchar a los culpables de esta tragedia, 236 personas murieron y más de 180 resultaron heridas, ciudadanos que solo buscaban compartir, socializar y divertirse, sin imaginar el destino que les esperaba.
Excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona: el pueblo dominicano ha creído en usted en más de una ocasión y puede seguir haciéndolo. Pero ya está bueno. En usted descansan los destinos de la nación. Los dominicanos continúan confiando en su presidente; esté seguro de que el pueblo no se equivoca. Sin embargo, cada día se sienten menos seguros, más solos.
La impotencia de los familiares de las víctimas, el pueblo podría estallar en cualquier momento. No es un secreto que los Espaillat son empresarios prósperos, pero la familia del pueblo es mucho mayor. Ignorar eso es un riesgo público.
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