La Casa Dominicana en San Juan es mucho más que un edificio

Es la prueba material de que las comunidades migrantes no solo llegan: construyen. Construyen economía cuando abren colmados, salones y talleres. Construyen cultura cuando traen merengue, bachata y sazón a cada esquina. Construyen país cuando cuidan niños, levantan casas y pagan impuestos sin pedir permiso.

Por eso la reciente controversia con el Municipio de San Juan no es administrativa. Es política.

Cambiar la estructura de supervisión de La Casa Dominicana sin el consenso de quienes la han dirigido por años es mandar un mensaje: “Esto es nuestro, no suyo”. Y ese mensaje ignora una verdad incómoda para el poder: la casa no nació de un decreto municipal. Nació del esfuerzo colectivo.

AUTONOMÍA NO ES CAPRICHO, ES LEGITIMIDAD

Las organizaciones comunitarias no son apéndices del gobierno. Son contrapeso. Son memoria. Son el lugar donde el Estado no llega pero la gente sí.

Cuando una comunidad levanta su propio espacio y lo convierte en centro de ayuda, cultura y organización, se gana algo que ningún reglamento otorga: legitimidad. Esa legitimidad no se audita. Se respeta.

El Municipio puede y debe supervisar fondos públicos. Pero hay una línea fina entre supervisar y controlar. Cruzarla convierte la gestión en tutela. Y las comunidades dignas no aceptan tutores.

EL PELIGRO DE BUROCRATIZAR LA DIGNIDAD

La Casa Dominicana no es patrimonio del Municipio. Es patrimonio de una diáspora que hizo de Puerto Rico su segundo hogar sin renunciar al primero.

Reducirla a un “activo municipal bajo nueva estructura” es aplicarle lógica de inventario a algo que tiene lógica de identidad. Es como ponerle horario de oficina a la memoria.

Si San Juan quiere apoyar, que apoye. Que aporte fondos, que facilite permisos, que reconozca el trabajo. Pero que no confunda apoyo con propiedad.

LA PREGUNTA QUE IMPORTA

Al final, el debate no es sobre reglamentos. Es sobre poder.

¿Quién decide el futuro de los espacios que la comunidad construyó? ¿El burócrata de turno o la gente que puso el primer bloque?

La Casa Dominicana ya respondió esa pregunta hace décadas, con trabajo. Toca al Municipio no deshacer esa respuesta con papeles.

Porque cuando se le quita autonomía a una casa comunitaria, no se está ordenando un edificio. Se está desmantelando dignidad. Y eso, en cualquier idioma, se llama retroceso.

Héctor Acosta triunfante tras presentarse en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico.- El reconocido merenguero y bachatero Héctor Acosta vivió una noche cargada de emoción, fe y celebración durante su esperado regreso a los escenarios de Puerto Rico con el concierto “Celebrando la Vida”, realizado en el Coca-Cola Music Hall.

La presentación tuvo un significado especial para el artista dominicano, ya que marcó su retorno al mismo escenario donde anteriormente compartió públicamente su batalla de salud, convirtiendo este reencuentro con el público boricua en un símbolo de fortaleza, gratitud y superación personal.

Durante la velada, “El Torito” interpretó sus más grandes éxitos de merengue y bachata, recibiendo el respaldo masivo de un público que coreó cada canción y celebró junto al artista una nueva etapa de vida. El concierto coincidió además con la celebración de su cumpleaños, agregando un ambiente aún más emotivo y festivo.

Previo al espectáculo, el Senado de Puerto Rico reconoció la trayectoria de más de 36 años de Héctor Acosta y su aporte cultural a la música latina, destacando también su rol como senador dominicano y su compromiso social.

El concierto “Celebrando la Vida” reafirma el cariño del público puertorriqueño hacia el artista de Bonao y consolida una conexión musical y emocional que ha trascendido generaciones entre República Dominicana y Puerto Rico.

of-am

La prueba de fuego de la JCE

La Junta Central Electoral enfrenta desde abril su prueba de fuego más visible desde las elecciones de 2024: renovar la cédula de identidad y electoral de 9.4 millones de dominicanos.

No se trata solo de cambiar un plástico vulnerable por una tarjeta de policarbonato con chip y firma electrónica.

Se trata de demostrar que el Estado puede ejecutar un proceso masivo sin colapsar, sin perder datos y sin romper la confianza ciudadana.

El arranque numérico es alentador, pero en este tipo de operaciones la estadística inicial rara vez cuenta toda la historia.

En solo 14 días, del 12 al 25 de abril, la JCE recibió 236,358 solicitudes Ya entregó 182,006 cédulas, tiene 32,205 listas para retiro y 22,147 en personalización.

El 54.4% de los solicitantes tiene entre 31 y 60 años, el núcleo laboral y electoral del país. Para cumplir la meta antes de diciembre de 2026, la institución habilitó 347 centros* a nivel nacional y en el exterior, con un costo estimado de RD$6,000 millones.

La depuración del padrón explica la urgencia. Entre 2024 y 2025 se cancelaron 103,271 cédulas: 96,157 por fallecimiento, 5,039 por falsedad de datos y 1,010 por suplantación. Solo en 2025 las cancelaciones subieron a 57,016, frente a 46,255 en 2024.

El mensaje es claro: el documento nuevo viene con filtro y con consecuencia penal para quien intente falsificarlo.

Aquí entra el factor que no aparece en los cuadros estadísticos pero define el resultado: la gente. La profesionalidad del personal en los centros de cedulación y la dirección de comunicación de la JCE serán tan decisivas como el chip del documento.

Un funcionario mal capacitado genera errores que cuestan tiempo y confianza. Una comunicación deficiente convierte un avance técnico en desinformación y filas innecesarias.

Hasta ahora, las reuniones técnicas con partidos y la publicación de datos por centro muestran un manejo más ordenado que en procesos anteriores.

Sostener esa claridad cuando la demanda se multiplique será la verdadera prueba.

La nueva cédula cumple con cuatro normas ISO en calidad, seguridad y continuidad de negocio. Técnicamente es un salto. Pero hasta diciembre de 2026 convivirán dos documentos, duplicando logística y riesgos de error.

Si la JCE mantiene la precisión técnica y la comunicación transparente del arranque, convertirá este proceso en un caso de gestión pública eficiente.

Si falla, 9.4 millones de personas recordarán que la identidad de un país no se cambia solo con plástico nuevo, sino con gente y mensajes a la altura del reto.

Quezada.alberto218@gmail.com 

jpm-am

Oncoserv llama a las madres a romper silencio con su campaña

SANTO DOMINGO.- La empresa de servicios oncológicos Oncoserv lanzó la campaña “Cuidarte es tu mayor acto de amor”, una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, especialmente entre las madres dominicanas.

La campaña busca motivar a las mujeres a priorizar su salud, realizarse chequeos médicos periódicos y prestar atención a cualquier señal de alerta, destacando que el autocuidado también es una forma de proteger y cuidar a sus familias.

Representantes de Oncoserv señalaron que muchas mujeres suelen posponer sus evaluaciones médicas por atender responsabilidades familiares y laborales, por lo que exhortaron a “romper el silencio” y hablar abiertamente sobre la salud mamaria y la prevención del cáncer.

La entidad recordó que la detección temprana incrementa significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso y recuperación, reiterando el llamado a realizar mamografías y consultas médicas de manera regular.

La campaña incluye mensajes educativos y de sensibilización difundidos a través de distintos canales, con el objetivo de impactar a miles de familias y promover una cultura de prevención y bienestar integral.

of-am

MIDE celebra 60 años de las Escuelas Vocacionales FFAA-PN

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) conmemoró el 60 aniversario de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV), en un acto solemne que resaltó el impacto de esta institución en la formación técnico-profesional del país.

La actividad fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y se realizó con una eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, dentro del recinto del MIDE.

Durante la ceremonia se destacó que las Escuelas Vocacionales han sido durante seis décadas un pilar de:

  • Formación técnica para civiles, militares y policías
  • Inclusión social y acceso a empleos
  • Desarrollo de habilidades productivas en todo el país

Las autoridades resaltaron que la DIGEV:

  • Ha graduado más de 500,000 técnicos desde su fundación
  • Mantiene una matrícula de más de 25,000 estudiantes activos
  • Opera 31 centros educativos a nivel nacional

of-am

Ve acuerdo migratorio con EU subvierte orden constitucional

SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, denunció que el acuerdo suscrito entre la República Dominicana y Estados Unidos para recibir súbditos de terceros países constituye una «subversión del orden constitucional» y una transgresión a la soberanía nacional.

Dino que el acuerdo violó el protocolo con que cada nación cuida su soberanía. «Hay un orden y un protocolo para que cada nación cuide su soberanía, como lo hace Estados Unidos», afirmó.

El juez emérito del Tribunal Constitucional insistió en que los dominicanos deben defender «con gallardía, dignidad y vergüenza» su soberanía, porque la nación «no puede estar sometida de manera incondicional a lo que quiera otro Estado».

CITA A DUARTE

Recordó que Juan Pablo Duarte advirtió que a lo largo de la historia se daría una «confrontación entre quienes defienden la soberanía nacional y los que están listos para colocarse bajo los protectorados y las potencias». «Tenemos 182 años luchando por esta soberanía», subrayó.

CRÍTICA PROCESO

El jurista calificó como «incontrovertible» que el pacto podría ser una imposición, pues el presidente Luis Abinader no estaba en esa tesitura y luego apareció con una postura distinta. «Hay que cumplir con los preceptos constitucionales, cumplir con la ley y propiciar un estado de derecho», dijo.

Afirmó que el acuerdo debió pasar por el Tribunal Constitucional y luego al Congreso Nacional. «Si eso no sucede, hay una transgresión al orden constitucional», advirtió.

«MEMORÁNDUM» PARA EVADIR CONTROLES

Gómez Ramírez criticó que las autoridades dieran categoría de memorándum al tratado para obviar al TC y al Congreso. «Lo que se firmó no es un memorándum; este es un acuerdo donde el Estado dominicano contrae obligaciones y compromisos», precisó.

Recordó que la Constitución de 2010 establece que el TC debe analizar la constitucionalidad de los tratados antes de que pasen al Congreso. «Ese documento no ha ido ni al Constitucional ni al Congreso», denunció.

Añadió que el país asume algo no contemplado en la Ley General de Migración: recibir deportados de terceros países sin reciprocidad. «La República Dominicana no puede enviar un haitiano para los Estados Unidos», censuró.

APORTE DE U$20 MILLONES PARA HAITÍ

El presidente del Instituto Duartiano calificó de «abusivo» que el país aporte 20 millones de dólares para combatir las pandillas en Haití sin garantías de resultados. «No tenemos ninguna garantía de que esas fuerzas van a hacer nada», dijo.

Invocó el artículo 3 de la Constitución, que establece el principio de no intervención como «irrenunciable y cardinal» de la política exterior. «¿Se ve bien que la República Dominicana se inmiscuya de manera tan directa?», cuestionó Gómez Ramírez en el programa D´Agenda, que se difunde por Telesistema, canal 11, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

RESPALDO A JUECES

Gómez Ramírez, exjuez de carrera, respaldó el paro de jueces en reclamo de mejores condiciones laborales. Lamentó que los avances logrados en la gestión de Jorge Subero Isa en la Suprema Corte hayan retrocedido.

Señaló que en la Jurisdicción Inmobiliaria «ha habido un proceso de involución, una contrarreforma» bajo la presidencia de Luis Henry Molina. Criticó que el edificio de esa jurisdicción se use para habilitar tribunales penales.

Gobierno reconstruirá el Centro Olímpico Deportivo de La Vega

LA VEGA.- El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó el inicio de los trabajos de reconstrucción y remozamiento del Centro Olímpico de La Vega, una obra que será ejecutada con recursos recuperados de casos de corrupción administrativa, según informaron las autoridades.

Durante el acto, Cruz destacó que la intervención busca devolverle a La Vega un espacio deportivo digno, moderno y funcional para el desarrollo de atletas y la realización de eventos nacionales e internacionales.

El proyecto contempla la rehabilitación de diversas áreas del complejo deportivo, incluyendo instalaciones de atletismo, canchas, áreas recreativas y estructuras de apoyo, con el objetivo de fortalecer el deporte y fomentar la sana convivencia en la provincia.

Las autoridades indicaron que esta iniciativa forma parte del programa nacional de recuperación de infraestructuras deportivas impulsado por el Gobierno del presidente Luis Abinader, enfocado en promover la transparencia y reinvertir recursos públicos en obras de impacto social.

Representantes comunitarios, dirigentes deportivos y autoridades locales valoraron positivamente el inicio de la reconstrucción, señalando que el Centro Olímpico de La Vega había permanecido durante años con importantes necesidades de mantenimiento y modernización.

of-am

El cinismo de los tiranos: cuando Putin y Xi defienden a Raúl Castro

Mientras Washington acusa al dictador cubano por el asesinato de cuatro civiles, Moscú y Pekín invocan la “soberanía” y el “abuso judicial” para blindar a sus aliados ante la justicia internacional

El 20 de mayo de 2026, mientras el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciaba en la Torre de la Libertad de Miami los cargos formales contra Raúl Castro —cuatro asesinatos, conspiración y destrucción de aeronaves civiles— a miles de kilómetros, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, Vladimir Putin y Xi Jinping firmaban una declaración conjunta que condenaba «el secuestro descarado de líderes nacionales para su enjuiciamiento». El texto llegó con una sintonía cronológica difícil de ignorar: la cumbre China-Rusia se celebró precisamente el mismo día en que se desvelaron los cargos contra el anciano dictador cubano.

Los hechos que ambos pretenden enterrar son concretos y documentados. El 24 de febrero de 1996, cazas militares cubanos derribaron con misiles dos avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida. Murieron cuatro cubanos estadounidenses: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación señala a Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas— como quien autorizó personalmente la orden de matar.

La evidencia incluye una grabación de doce minutos en la que se escucha al propio Castro hablar sobre la decisión de derribar los aviones. Treinta años de impunidad avalaron su silencio. Dos dictadores señalados por crímenes de lesa humanidad construyen un escudo diplomático para proteger a otro dictador homicida de 94 años. A esto llaman “orden multipolar”

La hipocresía tiene una aritmética perfecta. Putin —quien enfrenta desde 2023 una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación ilegal de niños ucranianos, y cuyo ejército lleva cuatro años bombardeando hospitales y mercados civiles— habla de «abuso de los medios judiciales».

Xi Jinping —cuyo gobierno mantiene a más de un millón de uigures en campos de detención en Xinjiang y aplastó con violencia las libertades en Hong Kong— invoca el derecho internacional y la soberanía de los estados. China calificó los cargos de «abuso judicial»; Rusia los redujo a un mero «pretexto para intensificar tensiones». Ninguno de los dos mencionó los nombres de las cuatro víctimas.

El contexto geopolítico termina de revelar las motivaciones reales.

China es desde hace años el principal salvavidas económico de La Habana: en enero de 2026, Xi aprobó personalmente ochenta millones de dólares en ayuda de emergencia para Cuba. Rusia, por su parte, prometió explícitamente «apoyo político, diplomático y material» al régimen tras las acusaciones. Lo que Putin y Xi defienden no es un principio jurídico ni una norma del derecho internacional. Es una inversión estratégica, y el mensaje que envían al mundo es inequívoco: los aliados del eje autoritario no rinden cuentas.

Raúl Castro tiene 94 años y es improbable que comparezca ante ningún tribunal. Pero la acusación construye un registro histórico que ninguna declaración conjunta puede borrar. Frente a ese registro, las palabras de Putin y Xi no son diplomacia: son el cinismo de quienes han hecho de la impunidad el fundamento de su poder.

jpm-am

 

Turismo y Arajet promueven a la RD en juego Miami Marlins

MIAMI.- El Ministerio de Turismo y la aerolínea Arajet participaron en una activación promocional durante el partido entre los Miami Marlins y los New York Mets, como parte de una estrategia para posicionar a la República Dominicana como destino turístico en el mercado estadounidense.

Durante el evento en el estadio de los Marlins, ambas entidades realizaron acciones de visibilidad de marca y promoción cultural, destacando la conectividad aérea del país y su oferta turística, aprovechando la amplia presencia de fanáticos del béisbol y de la diáspora dominicana en la ciudad.

La iniciativa forma parte de la alianza entre Arajet y los Miami Marlins, mediante la cual la aerolínea dominicana ha venido utilizando el béisbol de Grandes Ligas como plataforma para proyectar la imagen del país en el exterior, mientras el Ministerio de Turismo refuerza campañas de promoción en eventos deportivos de alto alcance internacional.

Este tipo de activaciones busca no solo aumentar el flujo de visitantes hacia República Dominicana, sino también fortalecer su posicionamiento como destino líder del Caribe en turismo y conectividad aérea.

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Denuncian miles mantienen en la RD condiciones de apatridia

SANTO DOMINGO.- Con pancartas y consignas, miembros del Movimiento Reconoci.do se manifestaron ayer frente al Palacio Nacional con el propósito de denunciar que, a 12 años de la promulgación de la Ley 169-14, miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan enfrentando condiciones de apatridia, exclusión social y vulneración de derechos fundamentales.

La manifestación, realizada bajo el lema “No somos invisibles: pongámosle fin a la apatridia”, coincidió con el aniversario de la legislación aprobada en 2014 como respuesta a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, decisión que privó de la nacionalidad a miles de personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana.

Franklin Dinol, coordinador del movimiento Reconoci.do, expresó que la ley fue presentada ante el país y la comunidad internacional como una medida orientada a la reparación y el reconocimiento de derechos. No obstante, sostuvo que la mayoría de las personas afectadas continúa enfrentando obstáculos burocráticos, retención de documentos y limitaciones para acceder plenamente a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo.

DETENCIONES «ARBITRARIAS»

El movimiento denunció que miles de personas aún subsisten sin documentos de identidad válidos o con documentación vencida, mientras otras han sido objeto de detenciones arbitrarias, expulsiones ilegales y prácticas de perfilamiento racial.

De acuerdo con datos proporcionados por la organización, más de 100 dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana habrían sido detenidos y expulsados ilegalmente hacia Haití en los últimos años, pese a haber nacido en territorio dominicano.

Los manifestantes también cuestionaron las recientes políticas migratorias, al considerar que agentes estatales realizan allanamientos, operativos y detenciones fundamentados en características físicas o el color de la piel.

Como ejemplo, citaron el caso de Lina Pie Lima, una dominicana de ascendencia haitiana que, según denunciaron, fue expulsada ilegalmente hacia Haití a pesar de portar documentos de identidad dominicanos. Posteriormente, añadieron, fue retenida bajo vigilancia migratoria tras dar a luz en un hospital público de La Romana.

El colectivo calificó estas acciones como “graves violaciones a los derechos humanos” y afirmó que evidencian un patrón de discriminación institucional contra dominicanos de ascendencia haitiana y personas negras criollas sometidas a procesos de deportación.

sp-am