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Es la prueba material de que las comunidades migrantes no solo llegan: construyen. Construyen economía cuando abren colmados, salones y talleres. Construyen cultura cuando traen merengue, bachata y sazón a cada esquina. Construyen país cuando cuidan niños, levantan casas y pagan impuestos sin pedir permiso.
Por eso la reciente controversia con el Municipio de San Juan no es administrativa. Es política.
Cambiar la estructura de supervisión de La Casa Dominicana sin el consenso de quienes la han dirigido por años es mandar un mensaje: “Esto es nuestro, no suyo”. Y ese mensaje ignora una verdad incómoda para el poder: la casa no nació de un decreto municipal. Nació del esfuerzo colectivo.
AUTONOMÍA NO ES CAPRICHO, ES LEGITIMIDAD
Las organizaciones comunitarias no son apéndices del gobierno. Son contrapeso. Son memoria. Son el lugar donde el Estado no llega pero la gente sí.
Cuando una comunidad levanta su propio espacio y lo convierte en centro de ayuda, cultura y organización, se gana algo que ningún reglamento otorga: legitimidad. Esa legitimidad no se audita. Se respeta.
El Municipio puede y debe supervisar fondos públicos. Pero hay una línea fina entre supervisar y controlar. Cruzarla convierte la gestión en tutela. Y las comunidades dignas no aceptan tutores.
EL PELIGRO DE BUROCRATIZAR LA DIGNIDAD
La Casa Dominicana no es patrimonio del Municipio. Es patrimonio de una diáspora que hizo de Puerto Rico su segundo hogar sin renunciar al primero.
Reducirla a un “activo municipal bajo nueva estructura” es aplicarle lógica de inventario a algo que tiene lógica de identidad. Es como ponerle horario de oficina a la memoria.
Si San Juan quiere apoyar, que apoye. Que aporte fondos, que facilite permisos, que reconozca el trabajo. Pero que no confunda apoyo con propiedad.
LA PREGUNTA QUE IMPORTA
Al final, el debate no es sobre reglamentos. Es sobre poder.
¿Quién decide el futuro de los espacios que la comunidad construyó? ¿El burócrata de turno o la gente que puso el primer bloque?
La Casa Dominicana ya respondió esa pregunta hace décadas, con trabajo. Toca al Municipio no deshacer esa respuesta con papeles.
Porque cuando se le quita autonomía a una casa comunitaria, no se está ordenando un edificio. Se está desmantelando dignidad. Y eso, en cualquier idioma, se llama retroceso.