Los últimos movimientos y declaraciones del Gobierno dominicano en torno al tema del narcotráfico parecen responder a una rápida —y en cierto modo tardía— necesidad de marcar distancia con los escándalos recientes que han sacudido la imagen del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Las revelaciones de nombres de dirigentes y funcionarios electos vinculados a redes de tráfico de drogas y lavado de activos han generado una sacudida institucional y social que aún no termina de asentarse.

El lunes pasado, el presidente Luis Abinader dedicó el eje central de su encuentro semanal con los medios a exponer los resultados de una reunión sostenida en el Palacio Nacional con dos altos jefes operativos de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

Según sus propias palabras, los oficiales reconocieron los avances de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, y, como punto de mayor resonancia, se habló de nuevos acuerdos “más extensos y profundos” con la DEA. Acuerdos que apuntan a operaciones conjuntas no solo en el ámbito local, sino también con implicaciones regionales e internacionales, se supone.

Este anuncio, en sí mismo, no debería sorprender. Estados Unidos mantiene una política activa —y muchas veces agresiva— en la contención del tráfico de drogas que busca penetrar su territorio.

Lo que resulta significativo es el momento en que ocurre: justo cuando crecen los cuestionamientos al PRM por la cantidad de candidatos electos que, según informaciones judiciales, mantenían vínculos con el crimen organizado. El gobierno, consciente del impacto de estas revelaciones, busca articular una respuesta institucional que mitigue el daño político y envíe señales de compromiso real con la legalidad.

No obstante, llama la atención que el contexto internacional tampoco es menor. Bajo la administración de Donald Trump, y con una retórica de confrontación directa, Estados Unidos ha ejecutado más de 20 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, con un saldo superior a las 70 muertes.

Estos operativos, liderados por la Armada estadounidense, han generado inquietud en la región, particularmente en Colombia, Venezuela y, en menor medida, México, por el carácter unilateral de las acciones.

Diversos organismos internacionales, incluyendo instancias de Naciones Unidas, han calificado algunos de estos ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales, debido a la ausencia de mecanismos de disuasión o de captura previa.

En este escenario, las declaraciones del presidente Abinader deben entenderse no solo como una estrategia interna, sino también como una alineación con la política regional antidrogas de Estados Unidos. Aun así, es legítimo preguntarse: ¿hasta dónde y bajo qué condiciones se extenderá esa colaboración?

En el plano local, la afirmación más contundente vino del ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien proclamó una política de “mano dura” contra el narcotráfico en la política. A primera vista, es una declaración que merece ser respaldada. Sin embargo, también es necesario contextualizarla: se trata de una reacción tardía.

El partido oficialista, en los últimos años, permitió el ingreso de figuras cuya trayectoria nunca fue debidamente auditada ni por mecanismos internos ni por instancias independientes de control ciudadano. Como ha señalado más de un analista, en su momento primó el afán por sumar votos sobre el cuidado ético de la política.

El problema, por tanto, no es solo la existencia de personas vinculadas al narcotráfico dentro de las estructuras políticas —algo que ha afectado también a otras organizaciones en el pasado—, sino el nivel de permisividad y falta de filtros con que accedieron a posiciones de poder.

El número de funcionarios electos que han sido solicitados por la justicia estadounidense es alarmante, y coloca al PRM en el centro de un debate público que inevitablemente erosiona su credibilidad.

El impacto de estos hechos no es menor. Afecta la confianza de la ciudadanía, debilita la institucionalidad y pone en cuestión la capacidad de los partidos para autorregularse y proteger el espacio político de las amenazas del crimen organizado.

Si ahora se toma conciencia de la gravedad de la situación y se decide actuar con mayor rigor, será positivo. Pero no se puede obviar que el daño ya está hecho. Y reparar la confianza pública será una tarea larga y difícil.

jpm-am

Del 23 de enero de 1958 al primero de ese mes del 1959 la capital de la República Dominicana concentró a tres hombres fuertes latinoamericanos   que habían perdido el poder en sus respectivos países. Un cuarto, tal vez más despiadado que los anteriores, era su anfitrión. El último de los aludidos, Rafael L. Trujillo Molina, llevaba casi tres décadas oprimiendo al pueblo dominicano.

La caravana de los gobernantes depuestos comenzó a llegar al país el 23 de enero de 1958 con el defenestrado dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que posteriormente se instaló en Miami, EE.UU. y finalmente, después de cumplir prisión en su país, vivió y murió en la España gobernada por el tirano Francisco Franco. Cuatro días después le siguió el argentino Juan Domingo Perón Sosa.

Finalmente, el primero de enero de 1959 aterrizó en la base aérea de San Isidro el huido dictador cubano Fulgencio Batista Saldívar. Esa concentración era una especie de aquelarre en la República Dominicana. El que en 1933 fue identificado en un cable de un diplomático gringo como “el sargento Batista” es quien acapara la atención de esta crónica por su traumática relación aquí con Trujillo.

Pienso que excepto Perón los otros encajan en el marco de la novela El Señor Presidente, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en el 1967. Dicha obra enjuicia las dictaduras tomando como base al terrible Manuel Estrada Cabrera, que durante 22 años ensangrentó al pueblo de Guatemala.

Cuba

En los treinta años que gobernó el sátrapa dominicano ejerció, con sus altas y bajas, una enorme y siniestra influencia en la política cubana, persiguiendo, golpeando y asesinando a dominicanos que vivían exiliados en esa vecina isla; tal y como se comprueba, por ejemplo, en los dos tomos dedicados a ese tema escritos de manera minuciosa por el intelectual cubano Eliades Acosta Matos (La telaraña cubana de Trujillo. AGN. Volúmenes CLVII y CLXI. Editora Búho, 2012. EAM).

Vale recordar que al sindicalista Mauricio Báez, nacido el 23 de septiembre de 1910 en Sabana Grande de Palenque, en el Sur dominicano, lo desaparecieron en La Habana el 10 de diciembre de 1950, por órdenes de Trujillo. A la sazón Cuba era gobernada por Carlos Prío Socarrás. Así muchos otros dominicanos exiliados tuvieron una vida llena de infortunios en aquel país minado por espías y esbirros trujillistas.

El contubernio entre Trujillo y Batista comenzó en 1933, cuando este  derrocó al presidente Carlos Manuel de Céspedes Quesada. Esa cercanía fue mayor cuando el cubano volvió al poder en 1952. Hubo entonces un tráfico de pertrechos de aquí para allá que se incrementó cuando los acontecimientos bélicos en la Sierra Maestra indicaban el fin de la era batistiana.

Batista siempre apoyó a Trujillo en sus tropelías contra los exiliados dominicanos que vivían en Cuba. Fue el caso, por ejemplo, del asesinato a puñaladas en una calle habanera, el 18 de agosto de 1955, de Jesús Hernández Santana (Pipí). A sus asesinos les pagaron en la embajada dominicana en La Habana.

Prueba de lo anterior está en la causa No.1224, sentencia No.350 de dicho año, de un tribunal de La Habana: “Fallamos: Que debemos imponer e imponemos a cada uno de los procesados Rafael Emilio Soler Puig, Adán Céspedes Céspedes y Alejandro Robinson Done, como autores de un delito consumado de asesinato, cualificado por la concurrencia de las circunstancias específicas de haberlo ejecutado mediante precio…una sanción de privación de libertad de treinta años de reclusión, la que cumplirán en el Reclusorio Nacional para Hombres en Isla de Pinos…” (Insertada en La verdad sobre Trujillo. Editora Nacional, 2011. Noel Henríquez).

La exitosa lucha guerrillera encabezada por Fidel Castro en las montañas del oriente cubano contra Batista, y las señales cada vez más evidentes del hastío del pueblo dominicano contra Trujillo impulsaron la mutua dependencia, con precisiones de intereses comunes, de esos personajes malévolos.

Otra prueba de ese vínculo lo reveló un general dominicano apodado Navajita, que con frecuencia hacía servicios especiales de seguridad interna y externa al primero, y quien horas antes de la fuga del segundo le había informado erróneamente a su jefe, luego de visitar a La Habana, que al opresor cubano le quedaban al menos seis meses en el poder. (Anatomía de un dictador. Barcelona,1967.Autor: Arturo Espaillat Rodríguez).

Las víctimas, como resultado de los nexos entre esos dictadores del Caribe insular, tocaron todos los ámbitos de ambos países. Un caso local vinculado con dicha alianza fue el ahorcamiento el 21 de enero de 1959 del periodista higüeyano Teófilo Guerrero del Rosario.

En concordancia con lo anterior un periodista seibano recoge la información de que Guerrero del Rosario comenzó a recibir presiones del régimen trujillista desde que en un pequeño periódico que codirigía se publicó una nota informativa en la cual se señalaba que “…los rifles-ametralladoras Cristóbal, producidos por la Armería del gobierno de Trujillo, en San Cristóbal, están en manos de los soldados de Batista en Cuba”. (Mis 20 años en el Palacio Nacional. Editora Taller, 1986. Pp.49 y 50. Manuel de Jesús Javier García).

Batista 

Por otro lado, es oportuno señalar que la presencia de Perón en el país, como huésped de Trujillo durante casi dos años, fue de placer para el derrocado gobernante argentino. El venezolano Pérez Jiménez también gozó de comodidades en su exilio dominicano. El caso de Batista Saldívar fue diferente. Trujillo lo obligó a que pagara las armas que le había enviado para que intentara seguir gobernando. También lo presionó para que volviera a Cuba con tropas y armas dominicanas a rescatar el poder, a lo cual se negó.

Batista fue encerrado por unas horas en la cárcel de La Victoria, como parte de la extorsión económica que hizo Trujillo en su contra. Estuvo en la celda llamada El Pasillo, donde estaban purgando prisión por ser antitrujillistas el cardiólogo francomarisano José Antonio Fernández Caminero, el abogado petromacorisano Rafael Augusto Sánchez Sanlley y el ex mayor puertoplateño Segundo Imbert Barrera.

Relatos de entonces señalan que sus fugaces compañeros de celda le brindaron de cena “un huevo frito en mantequilla con algunas hogazas de pan”, que el déspota cubano luego referiría que fue un manjar en esos momentos de sofoque para él.

jpm-am

Parece que estamos frente a un apotegma a la pobreza extrema en América Latina y el Caribe, a raíz de las inestabilidades y los conflictos que han surgido en la región. Esto brota y viene a colación  a razón de un potencial conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ¿afectará esa situación el turismo en República Dominicana? ¿Impactaría este hecho en la economía del país?

Si asumimos el apotegma del Banco Mundial, en el sentido de que “la pobreza extrema aumenta rápidamente en las economías afectadas por conflictos e inestabilidad”, tenemos que concluir -con muchos pesares- que en los países de la región de América Latina y el Caribe se vislumbran situaciones difíciles, o tal vez se genere “una hambruna”.

Según una evaluación que este organismo publicó en Washington, en junio de este 2025, “los retrocesos en el desarrollo se incrementan a medida que la frecuencia de los conflictos alcanza el nivel más alto en 25 años”.

“Los conflictos y la inestabilidad están causando estragos en las 39 economías afectadas por estos problemas, aumentando la pobreza extrema con mayor rapidez que en ningún otro sitio, intensificando el hambre aguda y alejando aún más la posibilidad de alcanzar varios de los principales objetivos de desarrollo”.

Preocupa, por tanto, que se perciban estos trances sumamente peligrosos en países de América Latina y el Caribe. La situación presagia, si nos acogemos a estas ventilaciones del Banco Mundial, que la inestabilidad impactará en las situaciones económicas y sociales de la región.

Derecha versus izquierda

No solo se registra el caso de presión belicista a que son sometidas Venezuela y Colombia por parte del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, sino que, además, se registra un paulatino agravamiento, un deterioro en las disputas políticas –derecha versus izquierda- en la región. Y no se trata de la clásica lucha ideológica propia del quehacer democrático consolidado, no, ahora estamos frente a los ditirambos y contradicciones que responden más bien a una preocupante escalada de la nueva Guerra Fría entre las grandes potencias (Estados Unidos, por un lado y China y Rusia, por el otro).

Estas poderosas naciones buscan tomar espacios, o más bien, el control geopolítico de la región. Por un lado, rusos y chinos se expanden y afianzan en lo que los estadounidenses entienden que es su “patio trasero”.

No es una libre apreciación. La propia generala retirada y exjefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura J. Richardson, destacó sin ambages: “la importancia estratégica de América Latina y el Caribe por sus ricos recursos naturales, como el litio en el “Triángulo del Litio” (Bolivia, Argentina y Chile), petróleo en Guyana y Venezuela, y las reservas de cobre y oro, además de la Amazonía”.

Richardson expresó en conferencias que dictó mientras desempeñó el cargo, su “preocupación por la influencia de China y Rusia en la región, y la necesidad de que Estados Unidos fortalezca su juego para competir por estos recursos y contrarrestar lo que afirma son amenazas a la seguridad nacional”.

Las declaraciones de la generala Richardson se produjeron en el 2023 y ya comenzaron a sentirse los efectos en la región de esa línea de pensamiento programático, político-militar, de carácter hegemónico.

 Triángulo del litio, petróleo y oro

Específicamente, la alto oficial militar citó como intereses de Estados Unidos en la región las “enormes reservas de recursos valiosos para la tecnología y la economía global, destacando el litio (aproximadamente el 60% de las reservas mundiales se encuentran en el “Triángulo del Litio” de Argentina, Bolivia y Chile); petróleo (se han descubierto grandes reservas de petróleo ligero y dulce en Guyana, y Venezuela tiene importantes reservas de petróleo, cobre y oro) y la Amazonía, que alberga “los pulmones del mundo”, con vastas reservas de agua dulce.

Igualmente, se atribuye a la generala Richardson haber advertido sobre “la creciente competencia geoestratégica con China y Rusia en la región, y la necesidad de que Estados Unidos fortalezca su posición para competir por estos recursos”.

A partir de esa línea estratégica, la militar ve la presencia de Rusia como “amenazas a la seguridad” de Estados Unidos, mientras que desde esa lógica China representa un motivo de preocupación, ya que, según los analistas, esta nación liderada por el Partido Comunista, también busca los recursos naturales de América Latina y el Caribe para su explotación, destacándose, asimismo, que los chinos obtienen “el 36% de su suministro de alimentos en la región”.

Para entonces, en pleno ejercicio de su gestión militar y geoestratégica en la región, ya “la generala (Richardson, primera mujer en dirigir el Comando Sur de los Estados Unidos) ha instado a contrarrestar, ante la creciente presencia de Rusia y China en la región, lo que, según su punto de vista, se trata de “amenazas” de las que hay que proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Hizo varias sugerencias en ese sentido, entre las que se destaca que Estados Unidos intensifique “su juego” para competir efectivamente en la región, propuso la aplicación de una especie de “Plan Marshall” en América Latina para fortalecer la seguridad económica y que su nación apoye “a las democracias del hemisferio occidental contra los “agresores” que buscan destruir el orden internacional”.

JPM