SANTO DOMINGO.- Atendiendo a reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico en las principales provincias y en el Distrito Nacional, la Superintendencia de Electricidad instruyó a las distribuidoras acreditar en el cuatrimestre enero-abril del presente año RD$43,916,885.48.
A la empresa Distribuidora del Este le fue ordenado acreditar RD$6,853,058.50 enero, RD$10,086,377.05 en febrero, RD$5,535,665.00 en marzo y RD$6,007,689.00 en abril para un total de RD$28 millones cuatro ciento ochenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos con cincuenta y cinco centavos.
Edenorte acreditó en enero un millón 407 mil 163 pesos con cuarenta y cinco centavos, un millón 179 mil 611 pesos con 57 centavos en febrero, un millón 549 mil 427 pesos en marzo y 613 mil 082 pesos en el mes de abril para un monto de RD$4,749,284.02.
En tanto que a Edesur se le instruyó acreditar 4 millones 112 mil 462 pesos con 93 centavos en enero, 2 millones 238 mil 452 pesos con 98 centavos en febrero, 2 millones 296,084 pesos en marzo y un millón 137 mil 822 pesos en abril para un total de RDS9,784,821.91.

De acuerdo al informe del mes de febrero, la suma que la SIE había ordenado acreditar a las tres distribuidoras ascendió a 1,486 mil millones 132 mil 801 pesos con ocho centavos, en marzo 1,495 mil millones 513 mil 977 pesos con ocho centavos y mil 504 millones 895 mil 153 pesos con ocho centavos.
A la empresa Edeeste le hicieron la mayor cantidad de reclamos en el periodo enero abril, con un total de 4,194 reclamaciones, seguida de Edesur con 2,081 y Edenorte 1,134. De ese total de reclamaciones la SIE a través de la Dirección de Protección al Consumidor Eléctrico (Protecom) determinó procedentes 4,314 reclamaciones, en su mayoría por facturación incorrecta.
Asimismo, fueron consideradas improcedentes 4,535, de las cuales 2,423 corresponden a Edeeste, 561 en Edenorte y 1,551 en Edesur y quedan pendientes de decisiones 3,804 reclamaciones.

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina ordenó por decreto a todas las instituciones del Estado que apliquen la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana (END).
Señala que los organismos descentralizados y autónomos, instituciones de la seguridad social, empresas públicas no financieras, ayuntamientos, juntas de distritos municipales y el sector público financiero «están sujetos a las regulaciones del el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica número 1-12.
Las conmina a «la puesta en marcha de los planes, programas, proyectos e instrumentos regulatorios vinculados a sus funciones básicas y que se orientan a la consecución de la visión de la nación a largo plazo previsto en la END 2030.
Responsabiliza al Ministerio de Economía, como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, de certificar que los objetivos, las políticas, las metas y los indicadores incluidos en los planes estratégicos sectoriales, institucionales, regionales, provinciales y municipales sean consistentes con la visión de la nación a largo plazo.
Agrega que corresponde al mismo Ministerio la responsabilidad de certificar la inclusión de estas definiciones «con las prioridades de la gestión de gobierno plasmadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público», indica una nota de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.
Ordena que cada ministerio disponga de «un plan estratégico sectorial para un período de cuatro años, consistente con la END 2030 y con las prioridades de la gestión de gobierno.
eg/am

SANTO DOMINGO.- La familia de un joven asesinado hace 19 años exigió justicia, ya que, según dijeron, el matador de su pariente anda a sus anchas y las autoridades no hacen nada para que pague por el crimen.
Rafael Melo, hermano de la víctiima, quien respondía al nombre de Jorge Miguel Melo Rodríguez, identificó al asesino como José Rafael Ariza Morillo y prometió que luchará hasta su último aliento para que la muerte de su deudo no se sume a la estadística de crímenes sin castigo.
Informó que este viernes (9 de mayo) se cumplieron 19 años de la muerte de su hermano, ocurrida en la residencia de Wkaira Elizabeth Jiménez, ex pareja del supuesto asesino y quien, conforme la investigación, utilizó un revólver Magnum 357 que portaba de forma ilegal.
Recordó que al momento del crimen (enero de 1995), Ariza Morillo estaba separado de la joven en cuya residencia tuvo lugar el asesinato, localizada en la calle Respaldo Desiderio Arias, de la urbanización Villa Vista, en esta Capital..
Se quejó de que, a pesar de que las evidencias inculpan a Ariza Morillo, un tribunal emitió una sentencia a su favor, lo que según los familiares del occiso, «atenta contra la integridad y la moral de los dominicanos».
Sostuvo que «ese espeluznante crimen ha quedado impune por las debilidades del sistema judicial y la complicidad de las autoridades».
Explicó que, en ese tiempo, la Ley 36, sobre el porte y tenencia de armas de fuego, no permitía que un infractor fuera favorecido con una fianza, «pero aún así, Ariza Morillo obtuvo una a los 6 meses y 15 días en prisión».
«En esa ocasión, la Suprema Corte de Justicia, presidida por Jorge Subero Isa, pidió a la Procuraduría General de la República revocar el fallo que ordenaba la liberación del asesino de nuestro pariente, pero el dinero pudo más, y ese criminal quedó libre», manifestó.
Agregó que “el 24 de noviembre de 1995, la Corte de Apelación de Santo Domingo, desconociendo la solicitud interpuesta por los familiares de la víctima y echando al zafacón los preceptos judiciales, decidió abruptamente favorecer al homicida, lo que apelamos de inmediato».
«La Suprema consideró que nuestra queja era justa y el 18 de enero de 1996, revocó la decisión que dejó libre al asesino de nuestro pariente y ordenó su regreso a la cárcel», indicó.
Manifestó que «a pesar de la acción de la Suprema, nuevamente, el criminal fue favorecido con una fianza»
«Lo único que pedimos es justicia, que el asesino pague por la muerte de mi hermano», afirmó.
Dijo que Ariza Morillo es un delincuente habitual y recordó que Lizardo García, su ex suegro, denunció que éste había amenazado de muerte a su hija, lo que a su juicio, demuestra el temperamento violento del asesino de su hermano.
Melo pidió a la Justicia que reabra el caso y realice una «exhaustiva y profunda» investigación del asesinato de su hermano, debido a que todas las evidencias incriminan a Ariza Morillo.
Refirió que, según el testimonio del padre de la ex mujer de Ariza Morillo, éste fue quien asesinó a Jorge Miguel, lo desvistió y lo sacó de la casa, para aparentar que se trataba de un adulterio.
Agregó que «después de cometer el abominable crimen, en compañía de Ángel Luis Nuñez Santana, se llevó el cadáver y lo lanzó en los cañaverales del ingenio San Luis».
Menifestó que, «pese a los esfuerzos de la familia Melo, Ariza Morillo se burló de todo el mundo y obtuvo su libertad de manera fraudulenta, como si hubiera sido a un perro al que asesinó».
jt/am

SANTO DOMINGO.- El regidor perredeísta, Alejandro Barón, demandó del alcalde Roberto Salcedo la creación de una normativa que permita la intervención inmediata para el saneamiento y ordenamiento del Parque Mirador Sur y el litoral Suroeste del Malecón de la Capital.
Agregó que esos son los espacios públicos de recreación y esparcimiento de mayor extensión con que cuentan los ciudadanos que residen y visitan la el Distrito Nacional.

Expresó que Dominicana tiene un crecimiento en términos económico, inmobiliario y demográfico, “por lo que se hace necesario ir reglamentando el usufructo de los espacios públicos destinados al esparcimiento y recreación ciudadana”.

En comunicación dirigida a Salcedo, Barón le señala que tiene ideas claras y precisas para establecer la normativa, pero debido a que la Ley 176/07 impide al Concejo de Regidores presentar tal iniciativa, es necesario que regule los espacios exclusivos para parqueos, tránsito, recreación infantil, actividades de adultos, ejercicios físicos y el horario.
eg/am