Introducción

En muchas economías en desarrollo, los gobiernos recurren al endeudamiento para sostener una clase media basada en consumo y crédito, no en crecimiento productivo. La República Dominicana no es la excepción.

En este artículo analizaremos someramente las implicaciones económicas y políticas de dicha práctica, subrayando cómo esta estrategia, aunque seductora a corto plazo, profundiza las debilidades estructurales del país con el paso del tiempo.

Crecimiento financiado con deuda

Durante las últimas décadas, República Dominicana ha mostrado cifras económicas aparentemente positivas. No obstante, gran parte del crecimiento proviene del endeudamiento interno y externo el cual se ha incrementado en los últimos años.

En 2024, la deuda consolidada del sector público no financiero superó los 50 mil millones de dólares, equivalente al 60 % del PIB nacional, según el Ministerio de Hacienda.

La clase media del “tarjetazo”

Muchos dominicanos mantienen niveles de consumo por encima de sus ingresos reales, pagando regularmente con tarjetas de crédito. Se establece un círculo vicioso donde el pago mínimo de una tarjeta se cubre con otra deuda adicional.

Este modelo, basado más en apariencias que en estabilidad económica, evidencia la fragilidad financiera que afecta a numerosas familias dominicanas.

Primero muertos que sencillos

Atrás quedaron las fondas populares como Blanquiní, Marisol o Constelación, accesibles para la mayoría. Ahora predominan restaurantes exclusivos, con menús caros, cortes exóticos y vinos importados, con buen maridaje, Tempranillo si es cordero, Malbec si churrasco o Cabernet Savignon o Pinot Noir si Filete Mignon, todo muy bien pronunciado, pues con esto de la inteligencia artificial con un clic, nos hacemos expertos gourmets de forma inmediata.

Hay que destacar que estos pedidos se hacen en voz alta para que los escuchen los comensales de las mesas circundantes.  ¡Echar vainas,  como dicen  por aquí! Este cambio refleja cómo el consumo ostentoso ha desplazado costumbres más sostenibles y ajustadas a la realidad financiera, alterando la identidad cultural y económica dominicana.

Dependencia crediticia

El crédito fácil impulsa una clase media altamente endeudada: más del 70 % de los hogares urbanos tienen alguna deuda, destinando hasta el 40 % de sus ingresos a préstamos.

Según encuestas del Banco Central, esta dependencia limita severamente el ahorro, reduce la inversión familiar y genera una constante inestabilidad financiera.

Riesgo de crisis sistémica

El consumo basado en crédito y no en producción expone al país a shocks externos. Incrementos en tasas de interés, caídas del turismo o las remesas, crisis globales pueden colapsar fácilmente este frágil equilibrio.

Durante la pandemia de COVID-19, el endeudamiento aumentó más de 10 puntos porcentuales del PIB en solo dos años.

Persistencia de la desigualdad

A pesar de la expansión de resorts, centros comerciales, ropas de marca y lujosas torres residenciales, la pobreza estructural persiste. Según la CEPAL, muchos dominicanos aún viven con menos de 5,5 dólares diarios.

El modelo actual beneficia a una clase media artificial sin garantizar una redistribución efectiva de la riqueza ni mejoras tangibles en la calidad de vida.

Empleos frágiles e informales

El 58 % de los trabajadores dominicanos opera en la informalidad, según datos de la OIT. Estos empleos carecen de contrato, seguridad social y estabilidad.

Aunque se fomenta un alto consumo, la falta de ingresos estables obliga a muchas familias a depender aún más del crédito, vulnerando ante crisis económicas repentinas.

Ausencia de ahorro y previsión

La falta de políticas que promuevan una reserva económica mantiene a las clases medias vulnerables frente a emergencias médicas, desempleo o inflación.

Sin cultura de ahorro ni incentivos fiscales claros, las familias viven en constante riesgo de caer en pobreza, sostenidas únicamente por un bienestar aparente alimentado por endeudamientos.

Consecuencias políticas y populismo

Gobernar con préstamos brinda resultados inmediatos y réditos electorales, pero sin reformas estructurales, genera inestabilidad política.

La frustración ante la precariedad provoca protestas, crisis de legitimidad y ascenso del populismo y pseudos líderes, perpetuando soluciones improvisadas que ignoran los problemas fundamentales del país.

Prioridades distorsionadas

En lugar de financiar sectores claves para el desarrollo sostenible y movilidad social, el sistema financiero dominicano, incluyendo al estatal Banco de Reservas, prioriza préstamos para vehículos de lujo.

En contraste, escasean iniciativas para fomentar la agroindustria, la educación o la innovación tecnológica, áreas esenciales para un crecimiento económico sólido y consecuentemente, el anhelado desarrollo

NO dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

La cultura del inmediatismo fomenta decisiones impulsivas basadas en el consumo rápido y crédito fácil. Es común que ciudadanos adquieran vehículos caros mediante préstamos a largo plazo, reflejando una clase media definida por apariencias y no por estabilidad financiera.

Este estilo de vida, aunque atractivo inicialmente, lleva al endeudamiento insostenible y fragilidad económica. Pero, ¿Para qué esperar, si la apariencia puede comprarse en cuotas?

La carga se arregla en el camino

La idea de que “la carga se arregla en el camino” se convierte entonces en un credo nacional. Sin embargo, esa ruta frecuentemente conduce al sobre endeudamiento, la informalidad laboral y la fragilidad económica y finalmente la bancarrota, porque un vehículo, aparte de costoso mantenimiento, van depreciándose hasta que llega el momento que no admite más reparaciones y hay que sustituirlo por uno nuevo y comienza otra vez el ciclo.

Conclusión:

Riqueza aparente, pobreza estructural.

República Dominicana enfrenta el dilema de una aparente prosperidad sostenida por deuda e informalidad. La clase media actual es fruto de un espejismo financiero, no del trabajo formal ni del ahorro.

Es imperativo orientar políticas públicas hacia la generación real de riqueza, reducción de desigualdades e inversión efectiva en sectores productivos y MIPYMES.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

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En un movimiento que ha vuelto a colocar su nombre en el centro del debate político global, el presidente Donald Trump ha anunciado una reducción drástica en el precio de los medicamentos y prometido rebajas que oscilan entre un 30 % y un 80 %.

La magnitud de esta promesa no solo desafía al poderoso lobby farmacéutico estadounidense sino que reabre una discusión largamente postergada: ¿a quién pertenece realmente el derecho a la salud?

La propuesta no es enteramente nueva. Durante su anterior administración, Trump impulsó la llamada “Most Favored Nation Rule”, una política que pretendía alinear los precios que Medicare paga por ciertos medicamentos con los valores más bajos obtenidos en países como Canadá, Alemania o Japón. En otras palabras, si otros gobiernos negocian con firmeza, ¿por qué no también Estados Unidos?.

Más allá de los tecnicismos, el impacto de esta medida sería monumental. En un país donde los medicamentos cuestan, en promedio, entre tres y diez veces más que en otras naciones desarrolladas, la diferencia puede significar, literalmente, la vida o la muerte.

La insulina, por ejemplo, ha alcanzado precios absurdos que obligan a miles de personas a racionarla o, simplemente, a prescindir de ella.

Reducir el costo de los medicamentos podría salvar vidas, aliviar el sufrimiento de millones y liberar a innumerables familias del yugo financiero de la enfermedad. Para una nación que se presenta como la más poderosa del planeta, esa realidad resulta, cuando menos, vergonzosa.

Desde el punto de vista económico, se estima que una reforma como esta podría generar cientos de miles de millones de dólares en ahorros, tanto para el Estado como para los bolsillos de los ciudadanos. Pero también implicaría una guerra frontal contra las grandes farmacéuticas, que durante décadas han protegido sus privilegios con ejércitos de abogados, cabilderos y políticos complacientes.

Desde lo político, Trump se posiciona hábilmente como el defensor del ciudadano común: del que no tiene un seguro privado de lujo ni puede costear una receta de 300 dólares. Al enfrentarse a las élites corporativas del sector salud, se reviste nuevamente con el ropaje del outsider: el hombre que no le teme a los poderes fácticos y dice lo que otros callan.

Para muchos en la izquierda estadounidense, esta jugada resulta incómoda. Defender el derecho a la salud ha sido históricamente una bandera progresista. Ver a un republicano —y precisamente a Trump— liderando ese reclamo obliga a una reflexión incómoda: ¿quién está verdaderamente dispuesto a cambiar las cosas, más allá del discurso?

Lo cierto es que esta propuesta no solo sacude a Estados Unidos, sino que también debería resonar en nuestros países latinoamericanos, donde los precios de los medicamentos también castigan a los más pobres y donde los intereses de grupos económicos vinculados al sector salud suelen bloquear cualquier intento serio de reforma.

¿Será esta una simple promesa de campaña? ¿O estamos ante el umbral de una transformación profunda del modelo de salud más influyente del mundo? El tiempo lo dirá. Pero hay algo que hoy ya podemos afirmar con certeza: esta vez, el debate no gira solo en torno a Trump. Se trata, en el fondo, de una verdad incómoda que ha sido silenciada durante demasiado tiempo: la salud no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho inviolable de todos.

Y cuando un político —sea quien sea— se atreve a anteponer ese derecho a los intereses de un negocio multimillonario, entonces vale la pena escucharlo, con atención y con espíritu crítico, pero también con la esperanza de que algo esencial aún puede cambiar.

POR JUAN DE JESUS SANTOS

Es un hecho no controvertido que el escenario para la comisión de conductas ilícitas no siempre opera en el terreno de los particulares, sino que también puede acontecer en lo íntimo del seno familiar.

Al margen de lo afirmado, y en el marco del Derecho Penal dominicano, resulta oportuno reflexionar sobre si: ¿puede aplicarse la inmunidad del artículo 380 del Código Penal —prevista para el robo entre familiares— a delitos como el abuso de confianza o la estafa cometidos por un hijo contra su padre? Pregunta que ha sido tema de debate jurídico entre abogados, fiscales y defensores.

La respuesta, desde una perspectiva jurídica rigurosa y comparada, es categóricamente negativa. Esto en virtud de que la citada norma impide la persecución penal por robo entre parientes cercanos, siempre que no medie violencia, lo cual condiciona dicha excepcionalidad. Sin embargo, extender esa protección a otras figuras penales como la estafa o el abuso de confianza distorsionaría gravemente los principios de legalidad y tipicidad que rigen el derecho penal.

A diferencia del robo sin violencia cometido por el hijo, estos delitos implican un consentimiento viciado por el engaño o una apropiación dolosa de bienes previamente confiados, elementos que revisten una mayor gravedad desde el punto de vista de la traición a la confianza familiar.

Tradicionalmente, la jurisprudencia francesa ha sido conservadora sobre el tema; sin embargo en los últimos años ha evolucionado en este sentido. La Cour de cassation Francesa confirmó la condena por abuso de confianza en un caso que involucraba a un familiar, destacando que la relación familiar no exime automáticamente de responsabilidad penal cuando se cumplen los elementos constitutivos del delito.

Es preciso señalar que tanto la doctrina dominicana como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han empezado ha establecer que la inmunidad del artículo 380 no es extensible a conductas dolosas como la estafa o el abuso de confianza, tal como lo afirman diversos doctrinarios y lo confirman fallos en los que se establece que el vínculo filial no exime de responsabilidad cuando hay apropiación desleal.

Estas posturas encuentran respaldo a nivel internacional. Penalistas como Roxin, Jakobs y Muñoz Conde coinciden en que toda exención penal debe ser de interpretación restrictiva. Desde sus respectivas teorías, advierten que permitir excepciones por la sola relación familiar ante delitos que vulneran la buena fe no solo pone en peligro el orden normativo, sino que socava la función ética y protectora del derecho penal.

Proyecto de Código Penal

Al margen de la versión que decidamos valorar del Proyecto de Código Penal que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, es consistente el legislador en su tendencia a fortalecer la protección del bien jurídico del “patrimonio”, al tiempo de que se advierte que no existe excepción alguna del interés del Estado por sancionar al que comete conductas ilícitas incluso en el ámbito intrafamiliar. Esto así porque la relación de parentesco no debe ser una barrera para la sanción de conductas dolosas como la estafa y el abuso de confianza.

Este proyecto elimina el manto de inmunidad automática inclusive hasta para los casos de robo, estableciendo que dicha excepción solo si el bien robado no es indispensable para la vida cotidiana, alineándose con los estándares internacionales y con una visión moderna del Derecho Penal, que privilegia la protección efectiva de los derechos de la víctima y el funcionalismo del sistema penal.

Admitir una inmunidad penal para hijos que defraudan o se apropian indebidamente de los bienes de sus padres no solo sería jurídicamente incorrecto, sino también éticamente inaceptable. El sistema de justicia dominicano debe proteger el patrimonio y la confianza de sus ciudadanos en sentido general y, con mayor razón, los derechos que son conculcados al interior del núcleo familiar.

Por esta razón, el artículo 380 no puede ni debe ser escudo para el fraude intrafamiliar que garantice la impunidad de quienes cometen conductas ilícitas pretendiendo resguardarse en el vínculo filial. Por el contrario, la persecución de este tipo de conductas ilícitas entre familiares garantiza el ejercicio de una sana administración de justicia con miras a acercarnos al Estado de derecho que anhelamos.

Juansantosabogados@gmail.com

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