SANTURCE, Puerto Rico.- Belkis Donato, la ciudadana dominicana a quien su esposo Ramón Brito acusó de extorsión y acoso, rechazó las presuntas injurias en su contra y reclamó, a su vez, ser víctima de amenazas por parte de su pareja.
Brito, un inmigrante ilegal en el País, alegó ser víctima de violencia y maltrato por parte de su esposa, dijo a Primera Hora, en días recientes, que la mujer le exigía dinero a cambio de ayudarlos con los trámites para obtener su residencia.
“Eso no es verdad. Yo contraté una abogada para realizar unos documentos, que se llama Rosaura, que tiene su oficina en Santurce. Yo le pagué a ella $2,500, para realizar los documentos, porque él no está trabajando”, expuso Donato.
“Él sabía que había contratado una abogada para ayudarlo”, señaló.
Donato acudió al Consulado Dominicano y a Inmigración, según indicó a este diario, al enterarse de las imputaciones que le hizo su esposo en la prensa.
Dijo que Brito hizo las denuncias a instancias del “de la colita”, el portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), José Rodríguez.
“Yo estaba muy ajena a todo esto porque mi intención era divorciarme y que cada cual fuera por su lado”, dijo.
Ustedes se acaban de casar y gestionaban la residencia.
Fuimos a Inmigración el 28 de febrero, y salió la aprobación y después se puso en una discusión por todos los medios y yo evitando tener conflictos, acotó.
Donato rechazó que lo hubiese amenazado.
“Al contrario, él me agredió a mi. Fuimos al tribunal y yo le quité la Ley 54”, puntualizó.
Pero, la jueza no determinó causa.
Porque yo se la quité. Si no le hubiesen echao cuatro años.
Él dice que usted lo galletea.
No, yo no. Lo tiene que probar.
Fuente: PRIMERA HORA
jt/am

SAN JUAN, Puerto Rico.- Los casos de dos dominicanos y un boricua que murieron a manos de agentes de la Policía estatal y de la Policía Municipal de San Juan serán referidos por funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Fiscalía federal de San Juan para que allí determinen si se amerita investigarlos como asesinatos.
El líder del Comité Dominicano de los Derechos Civiles, José Rodríguez, dijo que Luis E. Saucedo y Brian Buehler, del Servicio de Litigaciones de Justicia federal, se reunieron el lunes en Puerto Rico con las familias de Jairon Suelo Pinales y Agustín Javier Peguero, ambos dominicanos; y con la de Jorge L. Ortiz Jordán, y les pidieron un resumen de lo que les pasó a los tres.
Ese resumen, se lo estarán entregando a la jefa de los fiscales federales de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Los funcionarios estadounidenses también prometieron que el liderato dominicano de la Isla será consultado antes de que se nombre el nuevo monitor federal que velará por la implantación de la Reforma de la Policía de Puerto Rico.
El caso más reciente en que se reclama abuso policiaco es del boricua Ortiz Jordán, residente de Villa Palmeras. El 26 de febrero este fue baleado en dos ocasiones por un sargento de la División de Drogas de San Juan.
La esposa de Ortiz Jordán, Awilda Pérez, dijo ayer que los balazos impactaron a su esposo en la parte posterior de la cabeza; que él no tenía armas y su cuerpo apareció junto a tres pistolas y varios cartuchos de balas. “Fueron plantadas. Él no era de la calle”, señaló.
Suelo Pinales murió en 2010 en un incidente en el que estuvieron involucrados tres agentes de la Policía. Los hechos ocurrieron en el negocio El Coquí, de Río Piedras y los agentes alegaron que el joven les apuntó con un arma, versión que rechazan sus familiares. Estos aseguran que le dispararon por la espalda mientras huía del lugar.
A Peguero lo mató el capitán Ismael Rivera, de la Guardia Municipal de San Juan, a finales de 2013.
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos y su familia reclamaron que el pelotero fue quien pidió la movilización de los agentes a través del 9-1-1, porque quería denunciar a una persona que le debía dinero a su mamá.
Se alega que luego que le dispararon, el suplicó por su vida, pidiendo que lo llevaran a un hospital, lo que no hicieron.
Recientemente, fuentes de este diario indicaron que Justicia confirmó con el 9-1-1 que allí no se registró ninguna llamada de Peguero. También se indicó que ninguno de los testigos que supuestamente corroborarían el asesinato, ha ido a prestar testimonio al Departamento.
Capitán sigue desarmado

El capitán de la Policía Municipal de San Juan, a quien se le atribuye la muerte del dominicano Agustín Javier Peguero, sigue desarmado y limitado a trabajar en labores administrativas, se informó ayer.
Ismael Rivera continuará así hasta tanto el Departamento de Justicia de Puerto Rico dé por terminada su pesquisa sobre el incidente en que Peguero perdió la vida al recibir un balazo en el pecho de parte presuntamente del agente.
La familia de Peguero sostiene que él fue asesinado vilmente, pero el Capitán dice que actuó en defensa propia.
Carmen Serrano, ayudante de prensa de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, dijo que el Municipio concluyó una investigación administrativa del caso, que le fue referida a Justicia.
Eso ocurrió hace dos meses y su contenido no se ha dado a la publicidad.
Serrano se reiteró en que el estatus de Rivera no va a cambiar hasta que no se reciba una comunicación de Justicia que dé por concluido el caso, sea para relevarlo de responsabilidad o para acusarlo.
Fuente: PRIMERA HORA
jt/am