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La reforma de la Policía Nacional en República Dominicana lleva años en el discurso. Se crean comisiones, se firman acuerdos con organismos internacionales, se anuncian depuraciones y se inauguran academias. Se cambian uniformes, patrullas y hasta el nombre de los cuarteles.
Pero en la calle, en el barrio, en el colmado donde mataron al delivery la semana pasada, nada cambia. ¿Por qué? Porque la reforma real no empieza en el Palacio ni en las aulas de Hatillo. Empieza cuando la víctima tiene apellido compuesto, vive en Piantini y su papá llama a un ministro.
No es cinismo. Es observación. En este país la justicia, la seguridad y la urgencia institucional tienen código postal. Cuando un joven de clase media alta es detenido sin razón en un retén, al día siguiente hay rueda de prensa.
Cuando le entran a tiros al carro de la hija de un empresario en la Lincoln, aparece el director de la Policía a explicar el plan de cuadrantes. Cuando asaltan a una familia en Naco, se activa la DICRIM, el DICAT, el DNI y hasta el 911 manda un dron. El expediente no duerme en un archivo. Camina.
Pero cuando la víctima es el motoconchista de Los Guandules, el estudiante de la UASD que vive en Capotillo o la señora que vende yaniqueques en Los Mina, la respuesta es otra. “Estamos investigando”, dice la nota de prensa que nunca tendrá segunda parte.
El caso se enfría en 48 horas. La familia termina poniendo una cruz de madera en el poste donde cayó. No hay ministro que llame. No hay columna de opinión que presione. No hay trending topic que incomode. La muerte se vuelve estadística antes del entierro.
IMPUNIDAD Y MACUTEO
La reforma policial no ha fracasado por falta de diagnóstico. Hay informes de la ONU, del BID, de Participación Ciudadana y de la misma comisión de reforma que dicen lo mismo desde 2016: salarios de miseria, formación deficiente, impunidad interna, cultura del macuteo y cero consecuencias cuando se abusa del pobre. Lo que falta es voluntad. Y la voluntad política en República Dominicana se mueve cuando el dolor toca a los “popis”.
Usemos la palabra sin miedo. “Popi” es el dominicano que tiene acceso. Acceso a abogados, a medios, a funcionarios, a colegios donde los hijos de los generales estudian con los suyos. Cuando ese sector siente miedo, el Estado reacciona.
Así logramos la ley de lavado, la unidad contra secuestros y la limpieza de la DNCD hace 20 años. No fue por ética. Fue porque los secuestrados ya no eran solo hijos de colmaderos. Eran hijos de dueños de bancos.
Con la Policía pasa igual. Mientras la violencia policial y la ineficacia sigan siendo un problema de los barrios, la reforma será cosmética. Se comprarán más cámaras corporales que nadie revisará. Se darán más talleres de derechos humanos a agentes que siguen ganando 29,000 pesos y entendiendo que su verdadera paga está en la calle. Se rotarán comandantes que a los tres meses ya pactaron con los mismos puntos de siempre.
El día que un “popi” muera en un intercambio con la Policía por un perfilamiento erróneo en la Núñez de Cáceres, verán cómo aparece el presupuesto para laboratorios de balística. El día que la sobrina de un senador sea extorsionada por una patrulla en Bella Vista, verán cómo se aprueba en una semana el régimen de consecuencias que lleva diez años en el Congreso. El día que los hijos del 1% no puedan salir a las 12 de la noche sin miedo a que un policía los confunda con delincuentes, ese día la reforma se vuelve prioridad nacional.
LA REGLA NO ESCRITA
¿Es justo? No. Es perverso. Pero es la regla no escrita de cómo funciona el poder aquí. Las transformaciones profundas en este país no las empuja la técnica. Las empuja el privilegio asustado. Por eso la reforma eléctrica avanzó cuando los apagones llegaron a las torres. Por eso el tránsito cambió cuando los tapones atraparon a los que hacen las leyes. Y por eso la reforma policial será real cuando el abuso deje de tener filtro de clase.
Mientras tanto, seguiremos viendo operativos de “mano dura” que llenan las cárceles de pobres sin sentencia y comisiones que viajan a Colombia y Chile a ver modelos que aquí no se aplican. Seguiremos enterrando jóvenes con un tiro en la espalda y un “se resistió al arresto” como epitafio oficial. Seguiremos con la misma Policía que cuida muy bien a unos y vigila muy mal a otros.
La solución no es desear que le pase algo a los “popis”. Es entender que mientras la seguridad sea un bien privado de quienes pueden pagarla, la Policía seguirá siendo el guardia de seguridad de una clase y el verdugo de otra. La reforma funcionará el día que el dolor no tenga código postal. Y, conociendo este país, ese día llegará cuando el código postal del dolor cambie.
Hasta entonces, guardemos los comunicados. No nos están reformando. Nos están administrando.
