La Junta Central Electoral enfrenta desde abril su prueba de fuego más visible desde las elecciones de 2024: renovar la cédula de identidad y electoral de 9.4 millones de dominicanos.

No se trata solo de cambiar un plástico vulnerable por una tarjeta de policarbonato con chip y firma electrónica.

Se trata de demostrar que el Estado puede ejecutar un proceso masivo sin colapsar, sin perder datos y sin romper la confianza ciudadana.

El arranque numérico es alentador, pero en este tipo de operaciones la estadística inicial rara vez cuenta toda la historia.

En solo 14 días, del 12 al 25 de abril, la JCE recibió 236,358 solicitudes Ya entregó 182,006 cédulas, tiene 32,205 listas para retiro y 22,147 en personalización.

El 54.4% de los solicitantes tiene entre 31 y 60 años, el núcleo laboral y electoral del país. Para cumplir la meta antes de diciembre de 2026, la institución habilitó 347 centros* a nivel nacional y en el exterior, con un costo estimado de RD$6,000 millones.

La depuración del padrón explica la urgencia. Entre 2024 y 2025 se cancelaron 103,271 cédulas: 96,157 por fallecimiento, 5,039 por falsedad de datos y 1,010 por suplantación. Solo en 2025 las cancelaciones subieron a 57,016, frente a 46,255 en 2024.

El mensaje es claro: el documento nuevo viene con filtro y con consecuencia penal para quien intente falsificarlo.

Aquí entra el factor que no aparece en los cuadros estadísticos pero define el resultado: la gente. La profesionalidad del personal en los centros de cedulación y la dirección de comunicación de la JCE serán tan decisivas como el chip del documento.

Un funcionario mal capacitado genera errores que cuestan tiempo y confianza. Una comunicación deficiente convierte un avance técnico en desinformación y filas innecesarias.

Hasta ahora, las reuniones técnicas con partidos y la publicación de datos por centro muestran un manejo más ordenado que en procesos anteriores.

Sostener esa claridad cuando la demanda se multiplique será la verdadera prueba.

La nueva cédula cumple con cuatro normas ISO en calidad, seguridad y continuidad de negocio. Técnicamente es un salto. Pero hasta diciembre de 2026 convivirán dos documentos, duplicando logística y riesgos de error.

Si la JCE mantiene la precisión técnica y la comunicación transparente del arranque, convertirá este proceso en un caso de gestión pública eficiente.

Si falla, 9.4 millones de personas recordarán que la identidad de un país no se cambia solo con plástico nuevo, sino con gente y mensajes a la altura del reto.

Quezada.alberto218@gmail.com 

jpm-am

Mientras Washington acusa al dictador cubano por el asesinato de cuatro civiles, Moscú y Pekín invocan la “soberanía” y el “abuso judicial” para blindar a sus aliados ante la justicia internacional

El 20 de mayo de 2026, mientras el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciaba en la Torre de la Libertad de Miami los cargos formales contra Raúl Castro —cuatro asesinatos, conspiración y destrucción de aeronaves civiles— a miles de kilómetros, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, Vladimir Putin y Xi Jinping firmaban una declaración conjunta que condenaba «el secuestro descarado de líderes nacionales para su enjuiciamiento». El texto llegó con una sintonía cronológica difícil de ignorar: la cumbre China-Rusia se celebró precisamente el mismo día en que se desvelaron los cargos contra el anciano dictador cubano.

Los hechos que ambos pretenden enterrar son concretos y documentados. El 24 de febrero de 1996, cazas militares cubanos derribaron con misiles dos avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida. Murieron cuatro cubanos estadounidenses: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación señala a Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas— como quien autorizó personalmente la orden de matar.

La evidencia incluye una grabación de doce minutos en la que se escucha al propio Castro hablar sobre la decisión de derribar los aviones. Treinta años de impunidad avalaron su silencio. Dos dictadores señalados por crímenes de lesa humanidad construyen un escudo diplomático para proteger a otro dictador homicida de 94 años. A esto llaman “orden multipolar”

La hipocresía tiene una aritmética perfecta. Putin —quien enfrenta desde 2023 una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación ilegal de niños ucranianos, y cuyo ejército lleva cuatro años bombardeando hospitales y mercados civiles— habla de «abuso de los medios judiciales».

Xi Jinping —cuyo gobierno mantiene a más de un millón de uigures en campos de detención en Xinjiang y aplastó con violencia las libertades en Hong Kong— invoca el derecho internacional y la soberanía de los estados. China calificó los cargos de «abuso judicial»; Rusia los redujo a un mero «pretexto para intensificar tensiones». Ninguno de los dos mencionó los nombres de las cuatro víctimas.

El contexto geopolítico termina de revelar las motivaciones reales.

China es desde hace años el principal salvavidas económico de La Habana: en enero de 2026, Xi aprobó personalmente ochenta millones de dólares en ayuda de emergencia para Cuba. Rusia, por su parte, prometió explícitamente «apoyo político, diplomático y material» al régimen tras las acusaciones. Lo que Putin y Xi defienden no es un principio jurídico ni una norma del derecho internacional. Es una inversión estratégica, y el mensaje que envían al mundo es inequívoco: los aliados del eje autoritario no rinden cuentas.

Raúl Castro tiene 94 años y es improbable que comparezca ante ningún tribunal. Pero la acusación construye un registro histórico que ninguna declaración conjunta puede borrar. Frente a ese registro, las palabras de Putin y Xi no son diplomacia: son el cinismo de quienes han hecho de la impunidad el fundamento de su poder.