Por CARLOS SALCEDO

Entre la seguridad ciudadana y la demolición de los contrapesos institucionales

La fascinación contemporánea por modelos de mano dura –con El Salvador de Nayib Bukele como epicentro de un debate global– pone a prueba la solidez democrática de América Latina. No se puede negar la realidad: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta, rehén de estructuras criminales transnacionales que asfixiaban la vida comunitaria y económica, a exhibir índices de seguridad ciudadana que asombran por su efectividad inmediata.

Sin embargo, el peligro dogmático y político comienza cuando el éxito de una política pública se utiliza para justificar la demolición metódica del Estado constitucional de derecho.

La estrategia salvadoreña no consistió únicamente en combatir el delito, sino en neutralizar los contrapesos institucionales: destitución exprés de magistrados de la Corte Suprema, control absoluto del Ministerio Público, suspensión indefinida de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción prorrogados y una reforma constitucional a la medida para garantizar la reelección indefinida.

Ante esto, cabe la pregunta cardinal de la filosofía política: si un solo hombre y para siempre encarna la salvación y la respuesta a todos los males, ¿dónde queda el cuerpo social, la ciudadanía deliberativa y la arquitectura institucional?

Del mesianismo histórico a la trampa de las tiranías electivas

Este fenómeno reedita la máxima atribuida a Luis XIV, conocido como el Rey Sol, “El Estado soy yo”, pero ahora bajo nuevos ropajes comunicacionales. Las autocracias modernas ya no necesitan obligatoriamente de cuarteles golpistamente abiertos; operan desde adentro, vaciando de contenido la democracia representativa con el beneplácito de muchedumbres cansadas del fracaso de la política tradicional.

En la memoria histórica dominicana resuena con nitidez este libreto: Rafael Leónidas Trujillo fue ungido inicialmente como el pacificador necesario, el ordenador de la nación caótica, el “Padre de la Patria Nueva” y el “Benefactor”, títulos que disfrutaron de un aplauso público fervoroso y masivo mientras se desvanecían sistemáticamente las libertades públicas y se consolidaba el terror institucional. Así han actuado históricamente todos los dictadores: canjean derechos por seguridad temporal, entregando el destino de una sociedad a la voluntad mesiánica de un individuo.

La historia universal está plagada de espejismos similares que contaron con la validación entusiasta de las masas. Un ejemplo paradigmático ocurrió en la Europa de entreguerras con el ascenso del régimen fascista en Italia bajo Benito Mussolini. A principios de los años veinte, Italia venía de una profunda descomposición institucional, huelgas crónicas, parálisis estatal y violencia callejera.

El “Duce” prometió restaurar el orden, hacer que “los trenes llegaran a la hora” y devolver la grandeza a la patria. El modelo fue aplaudido no solo por el pueblo italiano, sino por intelectuales, diplomáticos y líderes occidentales que veían en la mano firme la única salvación contra el caos. El resultado final de ese aplauso sin controles constitucionales fue la supresión de los derechos civiles, la destrucción de la división de poderes y la catástrofe humanitaria de una guerra devastadora.

Renunciar al Estado constitucional bajo la premisa de que el fin justifica los medios institucionales es un error trágico. La seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción son metas imperativas de todo Estado democrático, pero nunca pueden constituirse en coartadas para instaurar dictaduras electivas.

Cuando se sustituyen las instituciones por la voluntad de un salvador permanente, la sociedad deja de estar compuesta por ciudadanos libres con derechos inalienables para convertirse en súbditos agradecidos de su propio cautiverio. La democracia constitucional no es un obstáculo para la paz social; es la única garantía civilizada de que la salvación del presente no devenga en la tiranía del mañana.

¿Hasta qué punto la desesperación social ante la inseguridad seguirá impulsando a los pueblos latinoamericanos a sacrificar la democracia liberal a cambio de resultados punitivos inmediatos?

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La intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 y las decisiones adoptadas posteriormente por el gobierno de Delcy Rodríguez han abierto una controversia política de gran alcance sobre el rumbo de Venezuela.

En el centro del debate confrontan dos interpretaciones opuestas: si la estrategia responde a una maniobra de supervivencia política o si, por el contrario, constituye una capitulación ante el imperialismo.

Como punto de referencia histórico las partes evocan el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918, uno de los acuerdos de paz más controvertidos de la historia moderna. Dicho tratado puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y permitió al gobierno bolchevique retirarse del conflicto, aunque a un costo territorial, económico y político extremadamente elevado.

Ante el peligro inminente de colapso del poder soviético, Lenin impuso su criterio y defendió aceptar condiciones profundamente desfavorables como un mal necesario para preservar el nuevo régimen. Se trataba, en sus palabras, de una paz «increíblemente dura, rapaz y humillante», asumida en un contexto de agotamiento social y ausencia de capacidad militar, lo que condicionó de manera decisiva la decisión adoptada.

El dilema venezolano en perspectiva histórica

Este antecedente ilumina el dilema actual venezolano y permite establecer un paralelo analítico, aunque no mecánico, entre contextos históricos distintos. En el caso presente, también se enfrentan dos posiciones claramente diferenciadas: una que interpreta las decisiones como un repliegue estratégico condicionado por la correlación de fuerzas y otra que las considera expresión de una lógica de claudicación frente a la presión externa.

Desde la primera perspectiva, un análisis centrado en la correlación real de fuerzas sugiere que no estamos ante una capitulación, sino ante una maniobra de supervivencia política en condiciones adversas. Se trataría de la adopción de medidas excepcionales en una coyuntura límite, donde la preservación del proyecto bolivariano se impone como prioridad frente a debates doctrinarios o consideraciones de coherencia ideológica.

Por el contrario, otra lectura sostiene que los acontecimientos recientes deben interpretarse como expresión de una «lógica de la claudicación». Desde este enfoque, Venezuela atravesaría una fase de entrega nacional sin precedentes, caracterizada por una creciente subordinación a los intereses de Estados Unidos y por la pérdida de control sobre sectores estratégicos, lo que apuntaría hacia una reconfiguración más profunda del modelo político.

Reconfiguración del escenario y lecturas en disputa

La intervención militar estadounidense y el abrupto cambio en la conducción política de Venezuela han reconfigurado el escenario regional, desplazando el debate en la izquierda mundial. Ya no se trata únicamente de defender o criticar el proceso, sino de interpretar el sentido de las decisiones adoptadas en este nuevo contexto, marcado por negociaciones con Washington y por una redefinición de las prioridades políticas inmediatas.

En ese marco, el levantamiento de sanciones, los acuerdos energéticos y las medidas de amnistía han sido leídos de manera divergente por distintos actores políticos y académicos. Para algunos constituyen una adaptación pragmática a una correlación de fuerzas adversa, mientras que para otros representan un giro que altera el sentido original del proyecto, lo que intensifica la discusión a medida que avanzan los acontecimientos.

El debate, sin embargo, trasciende el ámbito venezolano y se proyecta sobre América Latina y otras regiones, convirtiendo la coyuntura en un punto de referencia para analizar la relación entre soberanía, intervención externa y viabilidad de proyectos políticos bajo presión internacional. En ese sentido, la experiencia venezolana adquiere una dimensión que excede su propio contexto nacional.

Tensiones estratégicas en la izquierda internacional

Una corriente de análisis interpreta las decisiones adoptadas como un repliegue táctico frente a una correlación de fuerzas desfavorable, situando como prioridad evitar la desarticulación total del Estado. Desde esta perspectiva, las concesiones serían instrumentos temporales orientados a preservar capacidades estratégicas, reducir la presión externa y generar condiciones para una eventual recomposición de fuerzas en escenarios posteriores.

Otra corriente sostiene, en cambio, que no se trata de una maniobra táctica sino de una transformación del carácter del proyecto político. La apertura a capitales externos, el acercamiento a Washington y la cesión en sectores estratégicos serían indicios de una reconfiguración estructural, lo que podría debilitar los fundamentos ideológicos del proceso y afectar su capacidad de sostener una política autónoma en el largo plazo.

El intercambio de posiciones revela una tensión histórica en la izquierda mundial respecto a cómo enfrentar contextos de presión externa sin sacrificar principios ni perder viabilidad política. La coyuntura venezolana actúa como catalizador de esa tensión y obliga a replantear la relación entre realismo político y coherencia ideológica, en un debate que permanece abierto y en evolución.

La izquierda mundial frente a su espejo

El paralelo, sin embargo, se quiebra en un punto esencial, porque Lenin defendió su decisión a cara descubierta, la discutió en el partido, la explicó a las masas y asumió el costo de llamarla humillante, mientras en Caracas, nueve meses después de la captura, nadie ha explicado por qué el mando no ordenó resistir ni por qué se juró durante años lo que no se pensaba cumplir.

La otra lectura, la de la claudicación, sostiene que no estamos ante un repliegue táctico, sino ante una transformación del carácter mismo del proyecto, porque la apertura a capitales externos, el acercamiento a Washington y la cesión en sectores estratégicos dibujarían una entrega nacional sin precedentes, que subordina a Venezuela a los mismos intereses que el chavismo juró combatir durante un cuarto de siglo.

El debate ya no es venezolano, porque la intervención y el giro posterior se proyectan sobre América Latina y el Sur Global como un laboratorio en el que se pone a prueba la relación entre soberanía, intervención externa y viabilidad de los proyectos populares, de modo que cada gobierno progresista mira hoy a Caracas preguntándose qué haría si mañana los buques fondearan frente a sus costas.

Aquella izquierda que en 1967 escuchó al Che pedir «dos, tres, muchos Vietnam» discute ahora si rendirse sin combatir puede ser una táctica, y en esa tensión entre realismo político y coherencia ideológica se juega algo más que el destino de un gobierno, porque se juega la credibilidad de toda una generación que prometió no repetir la historia de los que se entregaron.

Yo, que escribí casi un centenar de artículos convencido de que Venezuela sería el faro de esa izquierda, sigo creyendo en la causa de los desposeídos, pero no puedo llamar táctica a lo que se decidió en silencio, de modo que en esta hora de los hornos todavía escucho el eco, «los que quieran patria, vengan conmigo», y sigo esperando que alguien, por fin, responda.

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Por Yanet Girón

En la República Dominicana, el alto costo de la vida está obligando a muchas familias a cambiar sus hábitos para poder llegar a fin de mes. Para algunos trabajadores, utilizar su propio vehículo para trasladarse al empleo o llevar a sus hijos a la escuela representa un gasto cada vez más difícil de sostener. Lo que antes facilitaba la rutina familiar ahora exige hacer cuentas antes de salir de casa.

Ante el elevado precio de los combustibles, algunos conductores han optado por dejar sus vehículos en casa y utilizar el transporte público para reducir gastos. No siempre se trata de una preferencia, sino de una necesidad económica. Quienes hicieron esfuerzos para adquirir un vehículo se enfrentan ahora a la disyuntiva de mantenerlo en circulación o buscar alternativas para proteger sus ingresos.

A esta situación se suman los precios de los alimentos, la electricidad y otros servicios indispensables. Muchos trabajadores sienten que sus salarios no aumentan al ritmo de sus compromisos económicos y que cada mes resulta más difícil cubrir las necesidades del hogar. Cuando pagar una obligación significa aplazar otra, la preocupación deja de ser ocasional y se convierte en parte de la vida cotidiana.

También preocupa el peso de los impuestos y los cargos que se aplican a determinadas compras y servicios. Por eso, es necesario examinar con transparencia cómo estas obligaciones repercuten en el consumidor y en su capacidad de compra. La discusión económica debe considerar tanto las necesidades del Estado como la realidad de quienes deben distribuir ingresos limitados entre numerosas responsabilidades.

Cuando una familia tiene que modificar su forma de transportarse, reducir sus compras y renunciar a ciertos gastos para poder mantenerse a flote, esa realidad merece atención. La presión económica puede generar frustración e incertidumbre, especialmente entre quienes trabajan diariamente sin encontrar suficiente margen para ahorrar o enfrentar imprevistos. Escuchar estas preocupaciones y evaluar respuestas responsables debe formar parte de las prioridades nacionales.

Trabajar debería permitir vivir con dignidad, atender a los hijos y cubrir las necesidades esenciales sin convertir cada decisión en una preocupación financiera. Si un empleado debe dejar su vehículo en casa para ahorrar combustible y, al mismo tiempo, calcular cómo pagará los alimentos y la electricidad, hay una realidad social que no puede ignorarse. El esfuerzo de la ciudadanía merece respuestas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y a recuperar la tranquilidad económica de los hogares dominicanos.

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