Ha vuelto a constituirse en tema de debate nacional si debe aplicarse la prisión por difamación en medios de comunicación o redes digitales. La realidad es que el tema no es nuevo y ya ha sido decidido por nuestro Tribunal Constitucional en sus sentencias números TC/0075/16 del 4 de abril de 2016 y TC/1148/25 de fecha 7 de noviembre de 2025

Ya mucho antes de que el TC se hubiera pronunciado, lo había hecho la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia; igual la jurisprudencia internacional, que distingue cuando la difamación atañe a funcionarios públicos sobre actos de funciones públicas, o a la vida e intimidad personal de las personas.

La jurisprudencia nacional e internacional y la del TC, que tiene carácter vinculante a todos los poderes, protege las libertades públicas, la capacidad del ciudadano de hacer denuncias frente a los funcionarios y cuando éstas constituyen difamaciones remiten a las indemnizaciones civiles las condenas.

El TC ha querido proteger tanto el poder de denuncia del ciudadano que le autoriza a poner querellas directas y formular acusación penal alternativa al Ministerio Público en materia de crímenes económicos públicos.

Igualmente, en derecho penal existe la figura de la Excepción de la Verdad, que permite al ciudadano acusado de difamación hacer la prueba de su denuncia con lo cual queda absuelto.

Cosas negativas

Esa es la jurisprudencia y la doctrina existente a la fecha. Obviamente, no podemos soslayar que la revolución tecnológica también ha traído junto con sus bondades muchas cosas negativas, como la destrucción de honra y buen nombre a la que cada ciudadano tiene derecho y es justo tener las herramientas legales para responder en Justicia.

Y aquí entra el papel clave del Juzgador. Determinar si la difamación recae sobre aspectos públicos como sería una denuncia falsa sobre hechos específicos, en cuyo caso procede la indemnización reparatoria de los daños sufridos, o si se trata de ofensas o injurias graves que atentan contra el buen nombre y honor de una persona en que sí procede la prisión, que igualmente no debe ser desproporcionada tratándose un delito de palabra o escrito.

Creo que toda ley aprobada en congreso, incluyendo el nuevo Código Penal, que sea contraria a las decisiones del TC, caerían por inconstitucionalidad, que puede ser pronunciada por vía directa o por la vía difusa por cualquier tribunal inferior.

Estas consideraciones tienen importancia capital para nuestra democracia. El Pte. Abinader es un demócrata y con él la RD no tendría temor de una deriva autoritaria. Es el Presidente que a los 57 años, teniendo todos los poderes, blindó la Constitución para evitar perpetuación de cualquier presidente después de 2 periodos sin posibilidad de retorno.

Pero ese puede no ser el caso en el futuro si quien ocupe la presidencia tiene instrumentos legales para abusar o infundir temor a las denuncias ciudadanas de periodistas y medios, que son él oxigeno de la democracia.

JPM

La guerra en Medio Oriente volvió a recordar algo que República Dominicana conoce desde hace décadas, pero rara vez discute en tiempos normales, crecer económicamente no es lo mismo que volverse resistente. Mientras el petróleo se mantuvo manejable, el país pudo sostener una combinación de expansión económica, subsidios y gasto creciente sin demasiadas tensiones visibles. Pero cuando el barril sube, el presupuesto empieza a revelar lo que normalmente permanece escondido.

Eso explica por qué una crisis geopolítica terminó desembocando en una discusión sobre impuestos, subsidios y recortes internos. El aumento del petróleo no se queda en las estaciones de combustible. Entra al transporte de mercancías, presiona la generación eléctrica, encarece alimentos y termina golpeando el costo de operar al propio Estado. Lo que comenzó como una tensión internacional terminó entrando por la puerta del presupuesto nacional.

La respuesta oficial ha sido una combinación de subsidios, congelamiento temporal de precios y una propuesta para recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos adicionales. La lógica política detrás de esa decisión es fácil de entender, ningún gobierno quiere trasladar de golpe un choque energético a los hogares. El problema aparece cuando el monto que se busca recaudar comienza a parecerse demasiado al costo de seguir conteniendo artificialmente los precios.

Ahí cambia completamente la conversación. Porque entonces ya no se trata únicamente de recaudar más para fortalecer al Estado, sino de conseguir recursos para que el impacto no llegue completo al consumidor. En otras palabras, una parte importante del esfuerzo tributario podría terminar financiando la capacidad del Gobierno para mantener estabilidad de corto plazo. Eso no es necesariamente incorrecto. Lo que merece discusión es si eso equivale realmente a una reforma.

El paquete tiene decisiones políticamente cuidadosas. Evita tocar el ITBIS, no amplía impuestos sobre consumo masivo y concentra el esfuerzo en empresas grandes y segmentos de mayores ingresos. También introduce alivios parciales para clase media y pequeñas empresas. Todo eso reduce resistencia social. Pero hay una diferencia importante entre construir una propuesta que genere menos rechazo y construir una que corrija debilidades estructurales.

Y ahí aparece el primer silencio relevante. El Gobierno habla de gastar mejor, pero evita hablar con claridad de gastar menos donde más pesa. Se anuncian ajustes en viáticos, publicidad, eventos, combustible institucional y compras no esenciales. Son medidas visibles y relativamente populares. Sin embargo, no hay una discusión proporcional sobre el crecimiento del gasto corriente permanente ni sobre la sostenibilidad del tamaño del aparato estatal.

Nómina

La nómina pública merece detenerse un momento. No porque reducir empleados sea automáticamente correcto ni porque el Estado deba operar como una empresa privada, sino porque llama la atención que en casi todas las crisis aparezcan recortes administrativos mientras el componente más rígido del gasto permanece fuera del centro del debate. Revisar estructuras, funciones duplicadas y crecimiento burocrático tiene costos políticos. Precisamente por eso suele postergarse.

Algo parecido ocurre con la publicidad estatal. En circunstancias normales puede defenderse como herramienta de comunicación pública. Pero en un contexto donde se pide sacrificio fiscal y se justifican nuevos ingresos extraordinarios, es razonable preguntar si toda la inversión comunicacional responde realmente a necesidades institucionales o si parte de ella termina funcionando como posicionamiento político financiado desde el presupuesto.

El segundo gran silencio está en los subsidios y exenciones. Durante años el país ha construido capas sucesivas de incentivos, alivios y tratamientos especiales que rara vez se revisan de manera integral. Algunos tienen sentido económico; otros sobreviven más por inercia que por resultados comprobables.

El problema aparece cuando se pide recaudar más sin explicar con igual rigor cuánto deja de ingresar el Estado por beneficios que casi nunca vuelven a evaluarse.

La propuesta de sustituir subsidios generalizados por subsidios focalizados probablemente sea una de las ideas más razonables del paquete. Pero focalizar no consiste solo en mover dinero de una columna a otra. Exige identificar beneficiarios, evitar capturas y aceptar que algunos sectores que históricamente recibieron apoyo podrían perderlo. Ahí es donde normalmente empiezan las presiones y donde muchas reformas pierden profundidad.

Lo que esta crisis terminó revelando es algo más incómodo que el precio del petróleo. Mostró que el modelo dominicano todavía depende demasiado de una secuencia conocida, subsidios para contener impactos, nuevos ingresos cuando aparece presión fiscal y financiamiento cuando el espacio presupuestario se agota. Funciona mientras el contexto ayuda. Cuando deja de ayudar, las preguntas pendientes vuelven a aparecer.

Por eso la discusión de fondo no debería ser si el Gobierno necesita recaudar más. La pregunta más útil sería otra: ¿hasta dónde está dispuesto a reformarse antes de pedirle más recursos al país?

Porque si se incrementan ingresos sin revisar gasto estructural, subsidios acumulados, exenciones históricas, eficiencia institucional y prioridades presupuestarias, existe el riesgo de que esta crisis termine resolviéndose igual que otras, comprando tiempo, no corrigiendo vulnerabilidades.

jpm-am

Las Ruinas de Engombe, uno de los conjuntos arquitectónicos coloniales más valiosos del país, deberían ser un símbolo de orgullo nacional. En cambio, se han convertido en un recordatorio incómodo de la incapacidad del Estado para proteger su patrimonio, ordenar su territorio y garantizar condiciones mínimas de dignidad a las comunidades que lo rodean.

A pocos metros del peaje de la autopista 6 de Noviembre, y dentro del perímetro del Parque Mirador del Oeste, se levanta un complejo histórico que incluye la Casona, la Iglesia, el Galpón y el Trapiche: vestigios de un ingenio del siglo XVI que aún hoy permiten reconstruir la vida económica y social de la colonia. Pero su entorno inmediato —la Lotificación Engombe— revela una realidad que contradice cualquier discurso oficial sobre desarrollo, turismo o identidad cultural.

Las Ruinas de Engombe fueron declaradas área protegida mediante el decreto 183‑93. Desde entonces, múltiples instituciones han tenido la responsabilidad de preservarlas y de garantizar un entorno digno. Ninguna lo ha hecho.

Calles sin pavimentar, ausencia de aceras, basura acumulada, falta de vigilancia, carencia de mobiliario urbano y un deterioro progresivo que avanza sin resistencia. El Estado celebra el valor histórico del monumento, pero lo rodea de precariedad. Lo reconoce en papeles, pero lo abandona en la práctica.

Guajimía: la herida ambiental que el gobierno se niega a cerrar

A este abandono se suma un problema aún más grave: la cañada de Guajimía, un foco de contaminación a cielo abierto cuyo hedor permanente afecta a miles de ciudadanos. No se trata de un rincón aislado: la pestilencia se siente en dos de las vías más transitadas del municipio, la autopista 6 de Noviembre y la prolongación 27 de Febrero, ambas colindantes con el área.

La coexistencia entre un patrimonio histórico de alto valor y un desastre ambiental de esta magnitud no es solo una contradicción: es una negligencia. Una negligencia que compromete la salud pública, la movilidad, la calidad de vida y cualquier posibilidad de convertir Engombe en un polo turístico-cultural.

El deterioro de Engombe y la crisis ambiental de Guajimía involucran a múltiples instituciones: Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno central. Todas tienen competencias claras. Ninguna ha articulado una intervención integral, sostenida y proporcional a la magnitud del problema. La ausencia de acción no es casual: es estructural.

Engombe no es un caso aislado. Es un síntoma. Un síntoma de un Estado que invierte millones en campañas turísticas, pero permite que un patrimonio invaluable se desmorone. Un Estado que presume modernidad, pero mantiene una cañada pestilente cruzando dos de sus avenidas principales. Un Estado que habla de identidad, pero abandona los espacios que la representan. La contradicción es tan evidente como vergonzosa.

La recuperación de Engombe y el saneamiento de Guajimía no pueden seguir dependiendo de promesas, visitas protocolares o anuncios sin ejecución. Se requiere: Saneamiento integral de la cañada, Infraestructura digna en la Lotificación Engombe, Preservación efectiva del patrimonio histórico y Coordinación interinstitucional real. No se trata de embellecer un monumento. Se trata de respetar la historia, proteger la salud pública y garantizar dignidad a una comunidad que ha sido ignorada durante décadas.

Engombe no puede seguir siendo una joya rodeada de abandono. Guajimía no puede seguir siendo una herida abierta en pleno corazón urbano. La República Dominicana no puede seguir dándole la espalda a su historia… ni a su gente.

JPM