En la República Dominicana, los escándalos de corrupción parecen repetirse con una inquietante familiaridad. Esta vez, el epicentro ha sido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), una entidad cuyo propósito esencial es garantizar acceso a servicios médicos a la población, y que, según la acusación del Ministerio Público, habría sido utilizada para montar una compleja red de desfalco de fondos públicos.

Más allá de la figura individual del doctor Santiago Hazim, señalado como el principal responsable del esquema denominado “Caso Cobra”, este episodio obliga a revisar con seriedad y profundidad el desempeño de los órganos encargados de prevenir, fiscalizar y sancionar el uso indebido de los recursos del Estado.

El relato contenido en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público describe un entramado en el que, supuestamente, se exigía a contratistas entregar entre un 30 % y un 35 % del valor total de los contratos adjudicados, a modo de soborno.

A esto se suman acusaciones que incluyen operaciones irregulares, contratos amañados y beneficios a terceros vinculados al poder, utilizando incluso la red del régimen subsidiado como mecanismo de operación. El monto defraudado, según las autoridades, supera con creces los 15 mil millones de pesos.

Pero el foco del análisis no puede limitarse a las acciones de los imputados. Lo verdaderamente alarmante es cómo pudo desarrollarse un esquema de esta magnitud sin que ninguna de las instituciones de control y vigilancia estatales actuara de forma efectiva.

En este sentido, es inevitable cuestionar el papel de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que tiene la función de fiscalizar los procesos y operaciones de SeNaSa. ¿Qué tipo de supervisión se ejercía sobre los contratos y pagos? ¿Dónde están los informes de auditoría periódica? ¿Por qué, si existían irregularidades, no se produjo ninguna denuncia o acción correctiva con antelación?

En un momento dado, el Poder Ejecutivo dispuso la inclusión de dos millones de personas al régimen subsidiado de salud, asignando para ello recursos directos del Presupuesto General del Estado.

Esto implicaba, por ley, que además de SISALRIL, también la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas debían fiscalizar de manera activa la ejecución de esos fondos. Pero los controles no aparecieron, ni antes ni durante el presunto entramado.

Omisiones

Este cúmulo de omisiones institucionales pone en evidencia una falla estructural de fondo: el sistema dominicano de control administrativo funciona de manera decorativa, más que operativa.

Se ha apostado por un andamiaje legal robusto, con múltiples entidades que se superponen en funciones, pero que en la práctica carecen de voluntad, independencia o capacidad efectiva para ejercer sus mandatos. Esta fragilidad institucional facilita que actores con acceso al poder se sientan seguros de actuar al margen de la ley, sin temor a consecuencias inmediatas.

El “Caso Cobra” no es una excepción. Es parte de una larga cadena de escándalos similares donde se repite el mismo patrón: funcionarios o exfuncionarios acusados de corrupción, instituciones de control que no previeron ni detuvieron las irregularidades, y una ciudadanía que se entera tarde, cuando los daños ya están hechos. El resultado es una especie de ciclo vicioso donde los hechos se repiten, los protagonistas se alternan, pero el esquema subyacente se mantiene intacto.

A todo esto se suma el fenómeno de la judicialización mediática. Si bien es necesario que el Ministerio Público comunique a la sociedad el avance de sus investigaciones, también es evidente que el modo de presentar los casos –con ruedas de prensa, filtraciones de expedientes y declaraciones públicas– genera un juicio paralelo que puede comprometer la presunción de inocencia y dañar reputaciones antes de que se emita una sentencia.

Esto, sin embargo, no debería distraer del punto central: la ineficiencia de los organismos de control para prevenir hechos de esta naturaleza.

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El 2026 se presenta como un año determinante para quienes desean avanzar en su vida financiera y personal.

Tras un 2025 marcado por aprendizajes y decisiones aplazadas, el nuevo año nos invita a dar pasos más firmes, especialmente en lo relacionado con bienes raíces en la República Dominicana.

Muchos iniciaron el 2025 con la meta de comprar casa o invertir, pero terminaron postergando la decisión. Las razones fueron diversas: falta de información, dudas, miedo al compromiso o simplemente falta de preparación. Lo importante es que el 2026 trae consigo una nueva oportunidad para avanzar.

El mercado inmobiliario dominicano sigue demostrando estabilidad y crecimiento. La demanda se mantiene, el turismo continúa en expansión y la economía ha mostrado un comportamiento sólido. Todo esto convierte a los bienes raíces en una de las alternativas más seguras y predecibles para invertir.

Durante el 2026, veremos cómo se consolidan proyectos residenciales y turísticos que iniciaron su desarrollo en 2025 o en años anteriores. Zonas como Punta Cana, Bávaro, Santo Domingo Este y Norte, Ciudad Juan Bosch y áreas emergentes seguirán fortaleciendo su atractivo y generando beneficios para quienes decidan entrar temprano.

Para aquellos que buscan su primera vivienda, el 2026 debería ser un año de enfoque y disciplina. Tener un hogar propio significa seguridad familiar, estabilidad emocional y un patrimonio que crece con el tiempo. Ninguna decisión financiera tiene un impacto tan profundo como la de adquirir casa propia.

Alquilar puede resolver el presente, pero no construye futuro. Por eso, el nuevo año debe inspirarnos a prepararnos mejor: organizar documentos, definir presupuestos, entender opciones y tomar decisiones informadas. Todo proyecto comienza con claridad.

Para quienes buscan invertir en apartamentos turísticos, el 2026 también será un año de oportunidades. El turismo dominicano mantiene una proyección de crecimiento constante, lo que se traduce en demanda sostenida de alojamiento y rentabilidad para propiedades bien ubicadas.

Punta Cana, en particular, continuará siendo un punto clave para inversiones. Su conectividad aérea, infraestructura moderna y atractivo internacional la posicionan como un destino seguro para quienes buscan ingresos por renta y valorización del activo.

Pero para aprovechar lo que traerá el 2026, debemos aprender de lo que nos detuvo en 2025. Las dudas, la desinformación, el miedo a equivocarse y la tendencia a posponer decisiones son obstáculos que debemos dejar atrás si queremos resultados diferentes.

La preparación será la diferencia. Quien entra al 2026 con metas claras, estabilidad financiera y acceso a buena asesoría tendrá ventaja sobre quienes deciden improvisar. En bienes raíces, el tiempo y la planificación son grandes aliados.

Es fundamental rodearse de información confiable y profesionales responsables. El mercado inmobiliario dominicano ofrece oportunidades reales, pero también requiere atención, verificación y análisis. La buena orientación reduce riesgos y aumenta la seguridad del comprador.

También debemos recordar que los precios de las propiedades tienden a aumentar con los años. Esperar demasiado puede encarecer la entrada al mercado. Actuar con disciplina en el momento adecuado puede marcar una diferencia significativa en el patrimonio a largo plazo.

En definitiva, el 2026 no será un año para esperar, sino para actuar con decisión. Para convertir metas en acciones, y sueños en patrimonio. Comprar casa o invertir en bienes raíces no depende de suerte: depende de preparación, orientación y voluntad.

Ya el 2025 cumplió su función: enseñarnos. Ahora el 2026 nos ofrece la oportunidad de avanzar. Queda en cada uno decidir si será un año más… o el año en que finalmente construimos futuro con pasos firmes y decisiones inteligentes.

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