POR ROBERTO VERAS

La llegada de internet ha revolucionado el mundo de la comunicación, democratizando el acceso a la información y permitiendo que más voces sean escuchadas. Sin embargo, esta apertura también ha traído consigo un fenómeno preocupante: la proliferación de supuestos comunicadores que, sin la formación ética ni académica que exige el periodismo, han tomado el micrófono o el teclado para desinformar, chantajear y extorsionar.

En esta nueva era digital, muchos profesionales y no profesionales de diversas ramas han incursionado en los medios sin comprender los principios básicos del oficio periodístico: la veracidad, la responsabilidad social y el compromiso con la educación ciudadana. Algunos de estos actores han convertido plataformas digitales en espacios de amenazas veladas y ataques personales, dirigidos principalmente contra figuras políticas, en busca de beneficios económicos o favores personales.

Recientemente, la justicia dominicana ha actuado frente a estas prácticas, deteniendo para fines de investigación a ciertos individuos que se hacían llamar comunicadores. Lo más lamentable es ver cómo, al momento de enfrentar las consecuencias de sus actos, muchos de estos “bravucones digitales” se retractan, piden excusas públicas y reconocen que las informaciones que publicaron eran falsas o mal intencionadas. Lo que antes gritaban como «denuncias ciudadanas», terminan confesando que eran simples herramientas de presión.

Este tipo de comportamiento no solo desacredita la profesión periodística, sino que también pone en riesgo una de las conquistas más valiosas de la democracia: la libertad de expresión. Abusar de este derecho fundamental con fines oscuros daña la credibilidad de los medios y mina la confianza del pueblo en la información que circula.

Es necesario alzar la voz frente a este fenómeno. El periodismo no es un arma para destruir reputaciones ni una vía para el enriquecimiento ilícito. El verdadero periodismo es servicio, es compromiso con la verdad, es educación, es formación ciudadana. Quienes se acercan a los medios sin entender esta misión deben ser conscientes de que también están bajo el escrutinio de la sociedad y de la ley.

Que este reciente episodio sirva como lección y advertencia: no todo el que tiene un celular y una cuenta en redes sociales es periodista. La comunicación es una herramienta poderosa que debe usarse con ética, con responsabilidad y, sobre todo, con respeto a la verdad.

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POR RAFAEL RAMIREZ

La corrupción es uno de los males más profundos que afectan nuestra sociedad y economía. Aunque suele asociarse con gobiernos o figuras específicas, la verdad es que ha sido una constante a lo largo del tiempo, sin importar el color político de quienes hayan ocupado el poder.

Se trata de un problema estructural, histórico y cultural que, lamentablemente, hemos ido aceptando como si fuera parte natural del funcionamiento del Estado.

La corrupción puede definirse como el uso indebido del poder o los recursos públicos para beneficio personal. Esto abarca el soborno, la malversación, el nepotismo, el tráfico de influencias y muchas otras prácticas que, aunque ilegales o inmorales, se han convertido en parte del día a día. Es como si, como sociedad, hubiéramos bajado la guardia y aprendido a convivir con este cáncer institucional.

Durante décadas, hemos visto cómo diferentes gobiernos han reproducido esquemas corruptos, facilitando el enriquecimiento ilícito de funcionarios y el debilitamiento de nuestras instituciones. Lo más preocupante es que esta conducta se ha normalizado: muchos ciudadanos la justifican, otros la ignoran y algunos incluso la ven como una vía rápida para progresar. El mensaje que se transmite, especialmente a los jóvenes, es sumamente peligroso: que se puede hacer dinero sin esfuerzo y sin consecuencias.

Nuestro patricio Juan Pablo Duarte advertía:  “La política no es una especulación; es la ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles.”

Lamentablemente, muchos actores políticos han distorsionado este pensamiento noble, reduciendo la política a una herramienta para obtener poder y beneficios personales, en lugar de servir al bien común.

Como sociedad, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. La corrupción no solo ocurre en las altas esferas del poder. También se manifiesta en actos cotidianos: cuando un ciudadano paga para evitar una multa, cuando se consigue un contrato público mediante sobornos, o cuando una empresa evade impuestos gracias a conexiones políticas. Cada acto, por insignificante que parezca, alimenta una cultura que debilita nuestras instituciones y empobrece al país.

Por ello, resulta urgente rescatar los valores éticos y morales desde el seno del hogar. Los padres debemos educar a nuestros hijos en principios como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia y el respeto. Pero esta formación también debe reforzarse en las escuelas. Es vital que el Ministerio de Educación restablezca la asignatura de Moral y Cívica como parte fundamental del currículo escolar, tanto en la educación primaria como secundaria.  Solo así podremos formar ciudadanos íntegros, conscientes y comprometidos con su país.

Los constantes escándalos de corrupción que llenan los titulares de los periódicos no son hechos aislados, sino síntomas de un problema sistémico. Peor aún, la impunidad es muchas veces la norma: los casos se olvidan con el tiempo, las sanciones no llegan, y el ciclo se repite.

Entre las prácticas más dañinas está el uso del cargo público para el beneficio personal, lo que conlleva sobreprecios en obras y servicios del Estado. Estos sobrecostos son pagados por todos los ciudadanos, especialmente los más pobres, porque significan menos inversión en salud, educación e infraestructura.

En resumen, la corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social. Aumenta los costos, desalienta la inversión, profundiza la desigualdad y priva a la población de servicios esenciales. Por eso, como ciudadanos, debemos rechazarla en todas sus formas. Es hora de romper con esa peligrosa “normalidad” y decir un “NO” firme y rotundo a la corrupción.

Finanzas para no financieros.

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Las deficiencias en los servicios estatales son un tema recurrente que aunque repetido no deja ser, no pierde efectividad mientras siga latente y lancinante.

Es como si las autoridades jugaran al cansancio de una población que no es escuchada, que no es atendida y que reclama en un desierto de cabezas llenas de aire, de  indiferencia.

Así, ejercicios sobran y casos como las denuncias contra  las Empresas Distribuidoras de Electricidad y del Banco de Reservas, por ejemplo, llenarían páginas y páginas de periódicos.

 Pareciera que esas entidades  tomaron la firme decisión de castigar con su pésimo manejo a los usuarios, vejados con averías, pese a reportes que nadie acude  a resolver y encima aparecen cerrados. O sea, las brigadas cobran sin trabajar.

Mientras barrios enteros sufren el castigo inmerecido de estar a oscuras aún con pago puntual y más,  adelantado, los del sistema prepago.

Lo de Banreservas es otro canto. Ocurren cosas inexplicables como bloqueo de clave con el argumento de que es incorrecta aunque sea la usada per seculares seculorum. El cliente insiste y al tercer intento zasf, no más posibilidades de ingresar.

Si llama a oficina, le piden número de identificación que igual la contestadora no asume y así hasta tres veces, entonces dirá que usted agotó los intentos válidos.

Queda la opción de ir a sucursales. Sí, a esperar horas muertas y cuando llegue su turno,  un agente haga lo mismo que el pobre contribuyente puede hacer sin trasladarse  y claro con mismos resultados nefastos.

Quién responde por tanta calamidad, tanto perjuicio, que también es violencia?

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