Diputados disputados

El Partido de la Liberación Dominicana anda  embriagado de poder. Eso ha precipitado al  secretario general, Reinaldo Pared Pérez,  a disparar saetas envenenadas contra la Junta Central Electoral por haber anunciado un cambio en el número de diputados a escoger en algunas provincias por la variación poblacional en las mismas.

Desde que se fundó la República,  el número de representantes en la Cámara de Diputados se ha determinado por la cantidad de habitantes de cada provincia, aunque se concede un mínimo de dos para  aquellas demarcaciones  cuya densidad   poblacional  no  alcanza para ostentar esa cifra de  representantes.

Para elegir  los 178 diputados  provinciales, la JCE  tomó en cuenta  las informaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas,   la cual estableció que la población  dominicana es de 9,445,281 habitantes. Se usó  un denominador de 53,063 habitantes,  resultado de  dividir  los 9,4 millones  de personas entre las 178 curules.

Los cambios: provincia María Trinidad Sánchez, de tres diputados en  2010, pasó a tener dos; Monte Plata y  Barahona de cuatro   bajan a tres;  Espaillat y  San Juan,  de cinco diputados, pasan a cuatro; Duarte y San Pedro de Macorís, de seis escaños quedan en cinco; La Vega, de ocho pasa a siete y San Cristóbal, de 11 escaños baja a 10.

Si unas provincias han perdido diputados, otras lo han ganado. Las  beneficiadas son La Altagracia que de cuatro  diputados subió a cinco y la provincia Santo Domingo que de 36 escaños pasa a tener 44.  Las migraciones internas son un fenómeno social nada nuevo. El crecimiento de La Altagracia está a la vista de todos.

El grito del senador  Pared Pérez (Distrito Nacional) arrastró a otros miembros del partido de gobierno. Los senadores Dionis Sánchez (Pedernales) y Rubén Cruz (Hato Mayor)    también se pronunciaron en pro de desconocer  la aplicación del precepto constitucional. Hablaron de buscar “una salida consensuada”.  Es decir,  un arreglo para violar la Constitución.

En su agitada retórica,  Pared juzgó “inconcebible” el anuncio de la JCE, llamó “destape” a esa acción y calificó  como “palo asechao” el hecho de que se aplique la redistribución de unos diputados para las elecciones de 2016.  Y  a modo de “sacaliño”  preguntó a la Junta si  es que la «presión» de los partidos solo es buena para su conformación o integración.

Muy preocupante  resulta que quienes conocen la Ley –incluso hacen  leyes- encabecen  movimientos en contra de la aplicación de la norma que ellos mismos han creado. La disputa resulta peligrosa e inútil.  La matrícula de la  Cámara no varía, y como lo que es igual no es ventaja, nadie sabe  de qué lado quedarán los diputados disputados.