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BARAHONA.- El director general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Marino Vinicio Castillo, aseguró que a nivel mundial está siendo aplicada una estrategia “para desmoralizar al pueblo dominicano” presentando el país como “genocida, xenófobo y carente de solidaridad”.
Alegó que la experiencia de los últimos meses ha sido buscar el estremecimiento de los ciudadanos a través de acusaciones “incalificables, mal sanas y perversas a escala mundial”.
“La nación tiene muchas cosas importantes como activos que propiamente no lo sabe, no se lo dejan ver, porque el propósito principal es deprimirlo, desacreditarlo, mantenerlo en un pesimismo y desaliento, bajo los señalamientos y acusaciones, muchas veces demoledoras contra el sector público y el funcionariado que, desde el gobierno participa en la administración del Estado”, declaró.
El doctor Castillo habló en el marco del encuentro “IPAC: Un Modelo de Gobierno Abierto”, en las instalaciones de la Universidad Católica y Tecnológica de Barahona (UCATEBA), entidad con la que también se firmó un acuerdo.
Dijo que “si hay un pueblo que merece respeto, porque en medio de sus carencias y terribles calamidades, sigue siendo bueno y justo, es éste. Pero la idea es descalificarlo o degradarlo”, acotó.
El jurista sostuvo que ese tipo de estrategia está programada para desacreditar al Estado en su conjunto.
Destacó que la DIGEIG está haciendo un esfuerzo “contracorriente” al convocar y asistir a la gente, siendo participe de iniciativas para un Gobierno Abierto, sin dejarse enroscar por lo que denominó las “camarillas de la denuncia profesional”, pagada con fondos extranjeros.
En la jornada IPAC estuvieron Pedro Peña Rubio, gobernador civil de Barahona; el reverendo padre Secilio Espinal, rector de UCATEBA junto a Pelagio Díaz, director del Departamento de Extensiones. Además, Miguel Suazo Báez, director ejecutivo de la DIGEIG, entre autoridades civiles y municipales, así como miembros de la sociedad civil.
El acuerdo DIGEIG -UCATEBA
El acuerdo DIGEIG-UCATEBA es para desarrollar un programa de difusión de valores éticos y morales, en consonancia con las normativas que regulan la transparencia y el fortalecimiento institucional en la gestión pública.