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SANTO DOMINGO.- El gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van Der Horst Álvarez, defendió la iniciativa del gobierno de procurar una ley de fideicomiso público porque constituye una forma de impulsar proyectos de desarrollo con aportes del Estado y el sector privado sin enajenar el patrimonio.
Manifestó que el fideicomiso es un contrato de largo plazo que resguarda el sistema financiero nacional que pone todo el dinero para impulsar proyectos de desarrollo y los contratos regulados por una fiduciaria que a la vez están regulados por Impuestos Internos, Superintendencia de Valores y Superintendencia de Bancos.
Dijo que al ser una ley, los fideicomisos públicos además serán regulados por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones que aprobará todos los movimientos que se hagan.
“Ese contrato de largo plazo le garantiza a cualquier Estado que esos bienes no se van a enajenar nunca porque ese contrato le obliga –con penas civiles y penales de dos a diez años de prisión- a la persona que enajene esos bienes”, apuntó Van Der Horst Álvarez.
Recordó que la Constitución establece que previo a enajenar un bien público tiene que haber una aprobación de la operación en el Congreso Nacional, “por lo que queda explícito que los contratos de fideicomiso que pasen por el Congreso, que no se pueden enajenar”.
“Ningún fideicomiso público ha sido enajenado al sector privado en Latinoamérica, eso es mentira”, señaló Van Der Horst Álvarez al ser entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión.
Dijo que en el país hay una experiencia de diez años de fideicomisos públicos y destacó que desde el año 2013 ha marchado de forma exitosa el fideicomiso RD Vial para financiar la construcción de carreteras con el dinero del peaje en garantía.
Aclaró que todos los fideicomisos públicos tienen que pasar por el Congreso Nacional para determinar “el tratamiento fiscal, si van a enajenar bienes o si van a cambiar los procesos de compras”.
Citó el caso de RD Vial que al pasar por el Congreso determinó que las deudas que contraiga ese fideicomiso “no es deuda pública, por tanto no se va a pagar con el Presupuesto General del Estado, sino con los peajes”.
