Un Procurador General «Independiente» lacera la democracia

Quizás al Presidente se le pueda dejar pasar por alto semejante apreciación, puesto que el mismo no es un profesional del Derecho, no así a otros funcionarios que en su condición de abogados de profesión conocen muy bien cuál es la verdadera naturaleza de la máxima autoridad del Ministerio Público, sobre todo, en un Estado Social, Democrático y de Derechos como el que opera en la República Dominicana.

Con ello muestran, o pretenden mostrar quizás, un sesgo de miopía conceptual respecto a la naturaleza y misión del Estado en una sociedad moderna.

Desde que inicié mis primeras cátedras de Derecho en la UASD, recuerdo siempre que se nos decía que el Ministerio Público representaba al Estado (en su concepción más amplia de sociedad, pueblo y gobierno) en la prevención y persecución de la criminalidad.

Y en un régimen presidencialista como el que rige en República Dominicana, en donde el Presidente, además de jefe de gobierno, es jefe de Estado, el mismo habrá de constituirse siempre en garantía de que dichas políticas públicas de prevención y persecución de la criminalidad se lleven a cabo de la mejor forma, por lo que jamás debe haber desconexión entre el Poder Ejecutivo y el Procurador General de la República, Ministro de Justicia, Fiscal Especial, o como quiera llamársele a la máxima autoridad del Ministerio Público.

El dejar a una figura de tanto relieve como un Procurador General liberado de rendir cuentas a ninguna autoridad, libre de hacer y deshacer a su antojo, constituye un gran peligro para el sostenimiento de un Estado de Derecho en cualquier país.

Por eso nuestro legislador fue sabio al consagrar en la Constitución la potestad del Presidente de la República de nombrar al Procurador General de la República, ejerciendo de esta forma la tutela sobre el mismo.

Para mejor ilustración, podemos ver el ejemplo de los Estados Unidos, en donde el Fiscal General lo designa también el Presidente de la República, pero independientemente de ser nombrado por el Jefe de Estado, inmediatamente inicie sus funciones no sigue ninguna línea partidista.

Lo que se le debe exigir a este Procurador es ser notablemente probo, con evidente historial de honestidad, y haberse caracterizado ante la población en general y el ámbito jurídico como independiente y justo en sus decisiones.

En todo país donde prevalezca un Estado de Derecho, cualquier funcionario público, y sobre todo un funcionario como lo es el Procurador General, cuya principal misión es la de promover la justicia, elemento clave en todo régimen democrático, debe siempre estar sometido a la rendición de cuentas de su accionar por ante alguna autoridad, que siempre deberá ser política.

Para bien o para mal, debemos estar claro en una cosa, en una democracia la clase política es la que está llamada a conducir los destinos de la Nación y por lo tanto debe constituirse en garante del buen accionar de todos los sectores que la conforman, incluyendo a los funcionarios públicos.

Así las cosas, representa un gran peligro para la democracia que un Procurador General sea designado sin ningún tipo de compromiso y responsabilidad de rendirle cuenta a nadie. Debe siempre existir una autoridad superior (esencialmente política) a la cual se deba, y esa autoridad es el Jefe de Estado o Presidente de la República.

 El hecho de que el Presidente sea quien lo nombre, no significa que no pueda coexistir como funcionario que proceda de una manera objetiva, independiente y eficaz, con la libertad de actuar como les manda la ley. Ejemplos sobran en nuestro país de Procuradores Generales que se han manejado de esa forma, ejerciendo siempre su ministerio con mucha dignidad, aun siendo designados por el Jefe de Estado.

En conclusión, en un régimen democrático donde impere un verdadero estado de derecho, resulta inadmisible que exista un funcionario público, en este caso un Procurador General, que actúe a la libre, sin control, sin rendición de cuentas, sin que nadie lo supervise o regule, lo cual nos llevaría indefectiblemente a un debilitamiento y laceración de la democracia.

jpm-am