UE pide flexibilizar contratación pública en detrimento de China

BRUSELAS 9 Sep.- La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para simplificar y flexibilizar los procesos de contratación pública, pero con la que aspira también a favorecer la preferencia europea en detrimento de empresas de países terceros que, como China, no corresponden con reciprocidad en el acceso a mercados públicos ni cumplen altos estándares en criterios sociales.

Para ello, según ha explicado el vicepresidente responsable de Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, Bruselas quiere que se deje de considerar sistemáticamente el precio como único criterio para la selección y se abra a criterios sociales.

En concreto, la revisión del reglamento sobre contratación pública aboga por incluir en el procedimiento de adjudicación estándar «al menos el 30% de la evaluación» de la oferta responda a «cuatro criterios sociales» –incluso de hasta el 50% para contratos con alta intensidad de mano de obra–.

Los servicios comunitarios precisan que las autoridades contratantes pueden apartarse de este enfoque si explican cómo se garantizará la calidad de otra manera, por ejemplo, mediante requisitos mínimos de calidad.

PROPUESTA APUNTA CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

Así las cosas, la propuesta apunta criterios de carácter social –condiciones de trabajo, accesibilidad o inclusividad–, medioambientales –descarbonización o circularidad–, de innovación –capacidad para crear nuevos productos– y criterios de seguridad y resiliencia.

Séjourné ha concedido que en ocasiones primera criterios sociales y medioambientales podría lastrar la «competitividad» de las empresas europeas que compiten con compañías de terceros países que no atienden a estándares tan altos como los que exige la legislación comunitaria; pero también ha puesto en valor que en materia de ciberseguridad o innovación, las firmas de la UE deberían estar por delante.

La «preferencia europea» seguirá primando en la estrategia comunitaria, ha dicho el vicepresidente, de modo que un contratador público pueda excluir operadores de países con los que no existen acuerdos comerciales sobre mercados públicos, estableciendo esa exclusión tanto en base a la nacionalidad de la empresa como al origen de los productos.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario defiende que para avanzar en la simplificación y reducción de la burocracia será clave la creación de un mercado digital integrado de contratación pública, compuesto por plataformas de contratación electrónica interconectadas e interoperables de los Estados miembros.

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