Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Gobierno acuerda suspender el aumento del pasaje en Santiago
Pide poner en vigencia Código Penal y luego sea reformado
Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU
Francia opone a peajes Ormuz y apunta a abrir rutas por Siria
COE pone 7 provincias en alerta verde y 8 en amarilla por lluvias
Israel asegura está preparado para reanudar ofensiva a Irán
La UE impone aranceles hasta el 45,3% a los neumáticos chinos
CHINA: Al menos 28 muertos en un incendio fábrica de calzado
Irán a EE.UU.: Extranjeros no tienen cabida en Ormuz
Irán afirma ataques EU afectan ‘gravemente’ reapertura Ormuz
SANTO DOMINGO.- Los principales funcionarios del Ministerio de Educación (MINERD) y del Consejo Nacional de Educación fueron citados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para el próximo martes 20 de octubre.a fin de que expliquen los motivos de cancelaciones que se han producido en este sector.
Los citados son el ministro Roberto Fulcar, el viceministro de Centralización y Participación, Julio César De Los Santos y el director interino de la Regional 005 de San Pedro de Macoris, Isidro Santana Ramírez. También la gobernadora de esta provincia, Aracelis Villanueva Figueroa.
El TSA comenzará de esta manera a conocer una solicitud de medida cautelar que que ha sido elevada ante este tribunal por más de 105 servidores del sector educativo público en esa provincia del este de la República Dominicana que dicen haber tenido daños y perjuicios por dichas cancelaciones.
En la solicitud de medida cautelar piden al juez presidente del TSA, entre otras cosas, el cese de toda acción y decisión asumida por Isidro Santana Ramírez, hasta tanto haya una sentencia que decida sobre la suerte definitiva de ellos.
Entre estos últimos hay directores regiomales y distritales, quienes solicitaron al TSA imponer medidas cautelares ante la «perturbación» generada por esta decisión, La cual consideran violatoria a los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia.
Éstos principios, indican, están consignados en el artículo 3 de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.
Los abogados accionantes Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool sostienen que la aprobación de la ordenanza 01-2020 y las consecuentes decisiones tomadas por Roberto Fulcar y demás funcionarios de Educación, transgreden el Principio de Seguridad Jurídica, de previsibilidad y certeza normativa establecido en el art. 3.8 de la Ley 107-13.
an/am/sp
