Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Se entrega uno de supuestos asesinos esposa Julián Oro Duro
Dólar subió a RD$59.65; el euro se mantiene en 70.04 pesos
EU, Dinamarca y Groenlandia firman acuerdo de seguridad
Ve justicia haitiana fue relegada en caso asesinato Juvenel Moise
Identifican presunto implicado en muerte de esposa de artista
MP denuncia procedimientos no realizados y cobrados al SeNaSa
Balaguer: el gran ausente
RD recompra mil millones de dólares de bonos soberanos
Ministro Salud RD lleva a ONU principales desafíos sanitarios
Diputados reconocen 50 años de trayectoria Ramón Orlando
SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo ordenó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y a su tesorero Guarionex Gómez, entregar las informaciones relativas al presupuesto de las ultimas 10 gestiones del gremio hasta la actual, en la que se ha manejado más de un millón de dólares, provenientes de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Mediante la sentencia No. 030-03-2018-SSEN-00177, leída y notificada por la Segunda Sala del TSA, expresa que el tribunal ha podido apreciar que al accionante Livio Mercedes Castillo, le ha sido violentado su derecho fundamental al acceso a la información, pues no hay justificación alguna por parte de los accionados Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y el señor Guarionex Gómez, para la omisión o negativa de entregar copia del presupuesto ejecutado y los cheques con sus soportes de las diferentes gestiones.
Alejandro Alberto Paulino Vallejo, abogado del accionante informó que espera ponerle fin a la práctica de secretismo en el CODIA, “Con esta decisión esperamos ponerle fin al principio de secretismo que impera en el CODIA.
La Ley 200-04 establece en su artículo 30: “El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”.
De su lado, Castillo, dijo sentirse satisfecho con el fallo del Tribunal, “Nos sentimos muy contentos con esta decisión, pues nos vuelven a dar la razón. Tenemos un compromiso de construir un mejor CODIA, con las informaciones que hemos solicitado, podremos demostrar que siempre hemos actuado apegados a las normas institucionales y legales”.
of-am