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La realidad está a nuestras puertas. La tecnología ya no es una promesa futurista ni un privilegio lejano; se ha instalado en las aulas universitarias, en los bufetes de abogados, en los centros de salud y en la administración pública dominicana. Sin embargo, este vertiginoso salto hacia la era digital avanza con un vacío normativo e institucional preocupante.
El debate ya no es si debemos adoptar la tecnología, sino cómo salvaguardar los valores humanos, la propiedad intelectual y la privacidad de los ciudadanos frente a una marea algorítmica desregulada.
Los focos de tensión en el contexto nacional
La vulneración de la propiedad intelectual y el esfuerzo creador: Escritores, artistas, investigadores y académicos dominicanos ven cómo sus obras son utilizadas sin consentimiento ni compensación justa para alimentar modelos de lenguaje y sistemas automatizados. La legislación de derecho de autor (Ley 65-00) enfrenta un reto sin precedentes ante la intangibilidad de la autoría digital.
El ejercicio profesional y la responsabilidad: En áreas sensibles como la medicina, el derecho y la educación, la dependencia acrítica de herramientas automatizadas amenaza con deshumanizar la práctica profesional. La responsabilidad civil y penal ante un error inducido por un sistema automatizado sigue siendo un terreno gris en los tribunales del país.
La brecha digital y la soberanía de datos: Más allá de las grandes metrópolis, las comunidades rurales y los sectores vulnerables del país corren el riesgo de quedar excluidos o de convertirse en meros consumidores pasivos de tecnologías cuyos sesgos e intereses se deciden fuera de nuestras fronteras.
Frente a este panorama, se debe abogar por tres acciones concretas:
Actualización legislativa: Impulsar desde el Congreso Nacional y los gremios profesionales marcos regulatorios modernos que protejan los datos personales y reconozcan el valor de la autoría humana.
Educación crítica: Fomentar en el sistema educativo nacional —desde la escuela primaria hasta la educación superior— un pensamiento crítico que enseñe a utilizar la tecnología como un medio y no como un sustituto del razonamiento humano.
Ética institucional: Exigir transparencia y responsabilidad a las instituciones públicas que ya comienzan a implementar sistemas automatizados en la toma de decisiones ciudadanas.
En Conclusión, la modernidad no se mide únicamente por la velocidad con la que adoptamos las innovaciones extranjeras, sino por la capacidad de preservar nuestra dignidad, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales en el proceso.
La República Dominicana tiene la oportunidad histórica de liderar en el Caribe una transición digital con rostro humano, donde la tecnología esté al servicio de la persona y no a la inversa.
JPM