Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Temblor 4.1 sacude zonas de la RD la madrugada de este lunes
EE.UU. en 250 años: ¿paraíso o infierno? (I)
De Ceuta y Melilla a la frontera Haití-RD (OPINION)
Irán niega exista un acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz
Ministro Energía llama ahorrar electricidad ante ola de calor
Trump dice haber alcanzado las bases de un «acuerdo» con Irán
El partido invisible de la abstención (2 de 3)
El futuro inmobiliario de Punta Cana
COE coloca nueve provincias y DN en alerta verde por lluvias
Gobierno entrega apartamentos proyecto Mi Vivienda Santiago
SAN PEDRO DE MACORIS.- El empresario Diógenes Aracena denunció que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y los abogados del Estado, Fermín Casilla Minaya y Geeón Bautista, desacataron dos sentencias del Tribunal de Tierras que ordenan devolverle terrenos que le fueron ilegalmente expropiados.
Explicó que el tribunal ordenó devolverle predios de su propiedad, pero que el abogado del Estado y el CEA se niegan.
Otra sentencia, explicó, ordena al abogado del Estado ponerlo en posesión de unas tierras que le compró al Banco de Reservas, pero que el funcionario se niega, y lo condenaron a pagar un astriente de $50,000 diarios hasta que ejecute la sentencia, de eso van varios años y no ejecuta ninguna de las sentencias.
Pidió la intervención presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina y del Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez para que hagan valer la autoridad de los tribunales de la república.
En entredicho la seguridad jurídica
“Estos desacatos ponen en entredicho la seguridad jurídica para la empresa privada en la República Dominicana”, dijo Aracena, quien también pidió la intervención del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) Pedro Brache Alvarez.
Aracena también pidió la intervención de la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, y del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar.
Señaló que el Banco de Reservas le vendió unas tierras “muy bien deslindadas”, pero que el Hotel Flamenco, irregularmente operando en sus terrenos, también le mantiene secuestrados los equipos de construcción desde el 2005 en sus propios terrenos y no aparece autoridad que haga valer la ley.
Explicó que la sentencia 201000409 ordena la paralización de las obras que se construyen en una porción de terrenos de la parcela 72 ref. 52 del Distrito Catastral 16/ 9 en litis.
Sostuvo que en cuatro ocasiones han colocado un portón en la entrada de la propiedad, pero que el CEA lo ha derribado pese a la prohibición.
wj/am
