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SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un sometimiento por negación de información financiera de los 27 fideicomisos públicos que operan en la República Dominicana.
Dentro de las instituciones incluidas en el recurso interpuesto figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el Banco y la Fiduciaria Banreservas.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que esas entidades y sus incumbentes violaron la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública al rehusarse a entregar información financiera respecto a inversiones, préstamos, deudas y obras relativas a los Fideicomisos Públicos, creados por el Gobierno Central.
“Haciendo uso de nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública, en fecha 20 de diciembre de 2022, hemos realizado varias solicitudes de acceso a la información pública, dirigido a las instituciones públicas que están relacionadas, así como también a la Fiduciaria Banreservas, centrándose en la verificación de legalidad y transparencia en el manejo del patrimonio público, requiriendo, la cuales fueron negadas”, indicó Surun Hernández.
Sostuvo que entre las informaciones requeridas figuran: emitir certificación donde se haga constar la relación completa de los Fideicomisos Públicos y/o Privados creados por el Gobierno Dominicano desde el 2018 a la fecha, incluyendo aquellos fideicomisos donde el Estado Dominicano tiene participación, así como la normativa jurídica, ley o decreto en virtud del cual fue creado, incluyendo el nombre de los encargados de manejarlos, así como los componentes o miembros del comité técnico con indicación de sus respectivas funciones.
De igual forma sostuvo que requirieron emitir certificación donde se haga constar el monto erogado o desembolsado por cada uno de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Estado Dominicano por entidades públicas, en virtud de decretos, leyes y/o donde el estado dominicano tenga participación, haciendo constar los montos erogados, desembolsados, pagados con cargo a cada uno de los citados fideicomisos, haciendo constar la fuente y el destino de dichos recursos y/o inversiones realizadas hasta la fecha.
Dijo, además, que, fue solicitada una certificación donde se haga constar las obras, inversiones, servicios y productos adquiridos, obras iniciadas, servicios recibidos con cargo a los citados fideicomisos propiedad del Estado Dominicano, de las entidades estatales y/o donde el Estado tenga algún tipo de participación.
Miguel Surun Hernández manifestó que es muy preocupante que entidades públicas se resisten revelar información pertinente a los fideicomisos públicos, los cuales envuelven patrimonio público, y que por vía de consecuencia atañe a los intereses de la nación.
“Podríamos estar en presencia de un endeudamiento paralelo y clandestino, fuera del registro y de la fiscalización ciudadana” apuntó el gremialista.
Advirtió que el CARD, Primero Justicia y él como ente social no se quedarán de brazos cruzados cuando se trate de defender al pueblo dominicano.