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NUEVA YORK.- La dirección ejecutiva de la seccional del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), que lidera José Francisco Peña Guaba, y preside en esta ciudad, Luis Ferreras, exigieron la inclusión de los 22 partidos emergentes en el diálogo para la aprobación de la Ley de Partidos y Garantías Electorales.
Ferreras, mediante un documento de prensa y hablando también a nombre de las seccionales en Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Massachusetts y Rhode Island, sostuvo que aunque somos partidos pequeños, también tenemos derecho a participar del diálogo.
«Es tanto así que la Junta Central Electoral (JCE) nos asigna fondos, participamos de los procesos electorales, formamos parte del sistema democrático y somos tan dominicanos como los que integran los grandes partidos, por lo que creemos que Agripino Núñez Collado comparte esos mismos criterios», dijo.
Precisó que los partidos pequeños, en su conjunto, obtuvieron unos 800 mil votos en las pasadas elecciones. «Es decir, somos significativos, y ¿Por qué solo cuatro partidos (PLD, PRD, PRM, Y PRSC) quieren participar?», se preguntó.
«El sistema democrático descansa sobre la base de la estructura de toda una sociedad y nosotros formamos parte intrínseca de la misma, como los partidos grandes», indicó.
El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.
La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes.
Igualmente, para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados, sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política.
Mientras que el objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010.
wj/am