Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Era de inteligencia artificial: ¿quién gana la batalla por la mente?
Los Metros siguen firmes en la cima de la Super Liga LNB 2026
Escenario 360 realizará Maratón del Humor 3+3+3 para Mamá 
Precios del petróleo vuelven a caer ante las esperanzas de paz
Gasolina quedará igual, fuel oil subirá; kerosene y avtur bajarán
Irán y EE.UU. intercambian ataques en estrecho de Ormuz
Putin se reuniría con Zelenski si hay acuerdo paz sobre la mesa
Trump espera respuesta Irán a propuesta de EEUU este sábado
Transeúnte muere arrollado por un avión en aeropuerto Denver
Fallece Bobby Cox, histórico mánager en el beisbol de las GL
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación que interpuso la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, al archivo definitivo de las investigaciones por presuntos actos de corrupción al ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa.
En una instancia que cuenta con el voto disidente de Miriam Germán Brito, presidenta del tribunal, y Esther Angelán Casasnovas, se estableció que la decisión impugnada no contiene vicios “ya que se hizo una correcta aplicación de la norma penal, ciñéndose a las reglas del debido proceso, en los aspectos procedimentales de la misma”.
La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación había confirmado la decisión que declara nulas todas y cada una de las actuaciones del proceso investigación seguido al ex Ministro de Obras Públicas, por la fiscalía.
El tribunal desestimó los recursos de apelación incoados por Berenice Reynoso y la Fundación Primero Justicia en contra de la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción.
La Corte sostuvo que las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público fueron practicadas en violación a los derechos fundamentales de Díaz Rúa, contraviniendo disposiciones legales y constitucionales.
Indicó que el imputado está protegido por el principio constitucional de la no autoincriminación, y que el Ministerio Público estaba en la obligación de notificarle, no solamente la querella, sino toda actuación que realizara luego de la solicitud de medida de inmovilización.
sp-am