San Juan de la Maguana tiene confrontación irracional entre dos sectores

Todas las actividades humanas causan un efecto o impacto en el medio ambiente, unas son positivas, como la reforestación por ejemplo y otras pueden ser muy perjudiciales para la conservación y protección de los recursos naturales, sean estos renovables o no renovables.

Podemos precisar de manera sencilla que técnicamente, el impacto ambiental es la alteración ambiental causada por la implementación de un proyecto. Donde se cuantifica dicha alteración y se identifican las posibles actividades de mitigación de las mismas.

El propósito de un estudio de impacto ambiental es identificar e interpretar las consecuencias o los efectos que las acciones o los proyectos puedan causarle al medio ambiente natural o social.  Es decir, el estudio permite que las instituciones dedicadas a la protección ambiental y la sociedad en general, dispongan de informaciones reales y rigurosas sobre los impactos y los efectos que determinados proyectos pueden causar al ambiente.

En la República Dominicana existe una abundante normativa legal y reglamentaria en materia ambiental, ya que, además, de la Ley 64-00 que regula la materia, existe un sinnúmero de normas ambientales que reglamentan para evitar la contaminación del medio ambiente, y asegurar la conservación y protección de los recursos naturales de que disponemos.

Ahora bien, al conocer la naturaleza y la dimensión de un impacto, es posible planificar y tomar una decisión sobre la forma de evitarlo, de minimizarlo o de mitigarlo si fuera necesario permitir que este ocurra. La identificación de un impacto abre tres oportunidades, que son: diseñar medidas de atenuación, estudiar otras alternativas que representan menores riesgos ambientales o rechazarlo por representar costos ambientales demasiado grandes e irreversibles.

San juan asiste a una confrontación irracional entre dos sectores, uno que, debido a los altos índices de pobreza que se registran en la zona y la falta de oportunidades, ve factible la realización de un estudio de impacto ambiental para determinar si es factible la explotación de la mina Romero, por parte de la empresa Goldquest, y otros que de manera rabiosa se niegan a que se realice dicho estudio.

La empresa propone un sistema de explotación soterrado y con impactos mínimos, según ellos, al tiempo de prometer la realización de un amplio plan de repoblación forestal, ya que esas lomas están deforestadas y con sus suelos altamente degradados, llenando el reservorio de la presa de Sabaneta que le da vida agrícola y económica al valle de San Juan y a parte de la región.

Negarnos a la realización del estudio es negarles la oportunidad a los sanjuaneros, para identificar si puede diversificar su matriz de producción y contribuir a elevar los niveles de empleo y la calidad de vida de las personas que la habitan, así como el desarrollo de sus comunidades.

Porque una vez hecho el estudio y entregado al Ministerio de Medio Ambiente, esta es información pública, y nos pertenece a los ciudadanos, que tenemos el derecho a saber, pues la gente informada toma decisiones razonadas, no apasionadas.

La realidad es que, un senador dueño de grancera, y un liderazgo en decadencia, no es quien debe dirigir o manipular a un grupo, para impedir el posible Estudio de Impacto Ambiental, que podría dar al traste con el desarrollo económico y social de San Juan.

jpm/am