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SANTIAGO RODRIGUEZ.- El Consejo del Poder Judicial suspendió durante 30 días, sin disfrute de sueldo, a una jueza de instrucción de aquí que requirió en un cuartel de la Policía a un hombre que había sido detenido acusado de traficar con indocumentados.
La medida fue adoptada en contra de la magistrada Claudia Canaán, tras conocérsele un juicio disciplinario por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, la Jueza se presentó a las 6:00 p.m., del sábado 27 de diciembre del 2014 al cuartel de la Policía Nacional en Santiago Rodríguez y requirió la entrega del imputado Juan Paulino Rodríguez, quien habían sido detenido luego de no obtemperara un llamado de detener el camión que conducía. Aduce que el conductor trató de rehuir un punto de chequeo de la comunidad de Rincón, distrito municipal de San José, Provincia Santiago Rodríguez.
La denuncia fue hecha por el entonces director general de Migración, José Ricardo Taveras, quien dijo que la jueza sin haber sido apoderada, y sin que interviniera ninguna sentencia, requirió el detenido.
En su decisión los miembros del Consejo refieren: “que la mayoría de los hechos e imputaciones realizadas por el representante del Ministerio Público en contra de la magistrada Claudia Canaán Díaz, que constituirían violaciones a los principios y normas que rigen el servicio judicial, han podido ser comprobados mediante las pruebas aportadas por las partes, que fueron leídas y discutidas en la audiencia celebrada con las garantías legales y constitucionales”.
El Consejo del Poder Judicial integrado por Mariano Germán Mejía, presidente; Dulce María Rodríguez de Goris; Samuel Arias Arzeno y Elías Santini Perera, miembros, y Edgar Torres Reynoso, secretario general, declararon culpable a la magistrada. La atribuyeron la violación de los artículos 41 numeral 3, 61 y 65 numeral 1 de la Ley 327-98 de Carrera Judicial, y los principios de conciencia funcional e institucional, credibilidad, disciplina, igualdad, integridad, prudencia y responsabilidad del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, creado mediante la Resolución 2006-2009, de fecha 30 de junio del 2009.
Fuente: DIARIO LIBRE