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RODHE ISLAND.- Un juez federal bloqueó la extradición de un hombre acusado de matar a un policía y lesionar a otros dos en la República Dominicana en 2013 y ordenó que sea liberado.
John McConnell, juez federal de distrito para Rhode Island, falló que extraditar al dominicano Cristian Aguasvivas violaría la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura, que prohíbe la extradición de una persona a un país donde probablemente será torturada.
Mencionó una decisión previa de la Junta de Apelaciones de Inmigración, un organismo federal, que concluyó que la policía dominicana probablemente torturaría a Aguasvivas si regresaba a la nación caribeña.
Indicó también que el acuerdo de extradición de Estados Unidos con la República Dominicana requiere que el país solicitante presente tanto la orden de arresto como los documentos de acusación, pero las autoridades dominicanas sólo entregaron la orden de detención.
Aguasvivas, carpintero y padre de dos hijos según el fallo, está acusado de dispararle a un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana en Bani, una ciudad a unos 64 kilómetros (40 millas) al oeste de Santo Domingo.
Los agentes intentaban detener a Aguasvivas por delitos de narcotráfico cuando él disparó de muerte a un agente e hirió a otros dos, según las autoridades dominicanas. Aguasvivas terminó huyendo a Estados Unidos y pidió asilo, alegando que las fuerzas de seguridad en su país habían matado a su hermano y torturado a su familia, según el veredicto de McConnell.
En 2015 fue detenido en Lawrence, Massachusetts, cuando tenía 26 años, por utilizar una tarjeta falsa de identificación.
Se esperaba que Aguasvivas permaneciera bajo custodia federal en el Centro de Detención Wyatt en Central Falls, Rhode Island, al menos hasta el jueves por la noche, porque la fiscalía federal presentó una petición de urgencia para bloquear su puesta en libertad, indicó Amy Barsky, abogada de Aguasvivas.
Barsky dijo que su cliente mantiene su inocencia.
La fiscalía federal no respondió a un email pidiendo comentarios.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que había participado en el caso, describió el fallo judicial como una importante victoria para los inmigrantes ante el “sentimiento antiinmigrantes” del gobierno federal.
“Envía un firme mensaje de que el gobierno federal no está por encima de la ley”, dijo Steven Brown, responsable de la delegación en Rhode Island de la organización de derechos civiles. La posición del gobierno federal en el caso, añadió, “era una afrenta directa e indefendible a nuestra Constitución”.