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SANTO DOMINGO.- Sectores de la sociedad se han manifestado en contra de una reforma constitucional que permita al presidente Danilo Medina optar por la repostulación.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó una posible modificación a la Constitución para dar paso a un segundo mandato presidencial de Danilo Medina, como piden algunos sectores.
Afirmó que la reelección «es igual a la corrupción», ya que la misma se sustentará en el uso despiadado de los recursos del Estado, como ha ocurrido en otras ocasiones».
Dijo en un documento que «los impulsores de la reelección manejan cerca del 70% del presupuesto y presionan a contratistas de Obras Publicas, Educación y Oisoe para que hagan aportes al proyecto que impulsa la reelección de Medina».
Según Adocco, detrás de los aprestos para que se enmiende la Carta Magna figuran los ministros de Obras Publicas, Gonzalo Castillo; de Educación, Carlos Amarante Baret; Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Miguel Pimentel Kareh.
La reacción de Adocco surge tras el anuncio de una «Parada Patriótica» organizada por sectores de la «sociedad civil» para solicitar al Congreso que modifique la Constitución para dar paso a una segunda postulación de Medina.
Namphi Rodríguez
El abogado Namphi Rodríguez advirtió que actualmente no es posible hacer una reforma constitucional para modificar el modelo de presidencialismo dominicano.
Dijo que la Carta Magna establece que esa enmienda debe ser ratificada por un referendo aprobatorio reglado por una ley orgánica que no ha sido sancionada por el Congreso.
Expuso que los artículos 210 y 272 de la Constitución establecen que cuando las reformas versen sobre aspectos fundamentales del ordenamiento político deben ser ratificadas por un referendo especial que sólo se puede convocar en virtud de una ley preexistente que regule el procedimiento.
“Para ese tipo de reformas debe existir previamente una ley que regule el referendo aprobatorio, que ha de convocar la Junta Central Electoral 60 días después de la reforma constitucional y al que debe concurrir por lo menos el 30 por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro electoral”, puntualizó.
an/am
