Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Mundial 2026 marca antes y después en el fútbol (OPINION)
Se reactiva el grupo de Valentín 
Universidad de Texas explora el potencial hidrocarburos en RD
El Poder Ejecutivo promulgó la modificada Ley Residuos Sòlidos
EEUU: Congresistas aprueban mantener el horario de verano
Delitos complejos marcan la agenda judicial en Dominicana
RD será sede del principal foro mundial anticorrupción de 2026
Juristas afirman debate sobre causales aborto quedó cerrado
Muere Elsa Aguirre, la última diva del cine de oro mexicano
Asociación Bancos dice pagos al instante movilizan $4.8 billones
SAN JUAN.- Realizar planteamientos sin probanzas de manera pública puede ser sancionado hasta con pena de privación de libertad en República Dominicana y con multas cada vez más elevadas.
La información fue ventilada en la conferencia “La Libertad de Expresión frente a los Derechos Fundamentales en R.D” , organizada por el INDEX-Puerto Rico, en la que se analizaron aspectos legales de la libertad de expresión y el cumplimiento de derechos.
Fue dictada por el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, seccional La Romana, Raúl Vélez Ozuna y moderada por la encargada de la División de Orientación Legal del INDEX, Viviana Díaz Saviñón, en las instalaciones de la Casa Dominicana, en Santurce.
El jurista destacó que tan importante es poder expresarse con libertad como respetar los límites que imponen las leyes, ya que realizar planteamientos arbitrarios de manera pública, sin contar con pruebas, puede ser sancionado con cárcel.
«Cuando el derecho a expresar nuestras opiniones se sustenta en falsedad, caemos en la difamación, tipificada y sancionada por las leyes dominicanas”, dijo.
El abogado abordó en su análisis demandas recientes de gran impacto mediático, como la interpuesta por la vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño contra el comunicador Marcos Martínez.
También la demanda del compositor Rafaél Solano contra la Z-101 y el comunicador Álvaro Arvelo (hijo).
“En ambos casos los difamados prevalecieron ya que los demandados no pudieron presentar pruebas de sus acusaciones o escritos», expresó.
En la actividad participaron el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Rigau, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Edgardo Román, el Concilio de Organizaciones Dominicanas, encabezado por Mery D’ Acosta; los asambleístas municipales Claribel Martínez y Jimmy Zorilla, así como funcionarios del consulado dominicano y del INDEX.
wj/am
