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Veinte y cuatro años después (OPINION)
SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) advierte que la modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos, atenta contra la libertad empresarial.
La regulación fue aprobada en fecha reciente, en segunda lectura, en la Cámara de Diputados.
ADOCEM agrupa a las seis empresas fabricantes de ese producto en el país.
El gremio se refiere a lo dispuesto en el artículo 20 del proyecto, que establece como obligatoria la incorporación de combustibles derivados de residuos nacionales en los hornos cementeros.
Esa labor, conocida como co-procesamiento constituye una grave violación al principio de libertad de empresa, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Nacional.
OBLIGACIÓN DE LAS CEMENTERAS
La medida obliga a las cementeras a usar un insumo no disponible en condiciones viables, lo que crea riesgos reales de monopolios, abusos y distorsión del mercado.
Es una amenaza directa a la libre competencia y al funcionamiento justo de esa rama económica.
Jorge David Pérez, presidente de ADOCEM, afirmó que «imponer este mandato es condenar al sector a depender de un mercado incipiente y no regulado».
Destacó que ello afecta la competitividad de la industria y encarece sin justificación los costos de producción, con impactos negativos para la economía nacional.
Esta disposición contraviene además el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, de la Ley 225-20, que asigna la responsabilidad de la disposición final de los residuos a quienes los generan.
No está dirigida a quienes pueden ofrecer, como las empresas cementeras, soluciones para su disposición final como una alternativa al uso de vertederos.
agl/of-am
