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SANTO DOMINGO (EFE).- El procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, reconoció que la corrupción representa «un mal estructural» en la sociedad dominicana y que la impunidad se ha convertido «en uno de los problemas centrales de nuestro sistema político».
En un comunicado emitido por el Día Internacional Contra la Corrupción, que se celebra mañana, Rodríguez dijo, no obstante, que «combatir el crimen de la corrupción nos llevará no sólo tiempo, sino el despliegue de lo mejor de nuestras capacidades y recursos».
El funcionario aseguró que «seguirá trabajando con firme determinación para que quien defraude el patrimonio público, sin importar su filiación política o el cargo público que ostente, sea puesto a disposición de la justicia y reciba la máxima sanción contemplada en las leyes», según un comunicado de la Procuraduría.
A la vez, consideró que en la lucha contra este flagelo «es necesaria la participación de todos los ciudadanos para transformar desde la raíz conductas sociales permisivas que provienen de décadas y que cada actor del sistema judicial, en forma responsable, cumpla con el rol histórico que le corresponde».
«Se trata de una batalla de largo aliento que requerirá del concurso de todos en nuestra sociedad», subrayó.
El magistrado afirmó que la institución que encabeza seguirá investigando «todos los hechos punibles contra el erario, para en caso de determinarse la existencia de responsabilidades penales, procurar que a los responsables, sin excepción, se les apliquen las máximas sanciones previstas en las leyes».
Al mismo tiempo, subrayó que continuará con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público.
Un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional publicado en octubre pasado colocó al país en el segundo lugar en América Latina donde se pagan más sobornos, después de México.
En tanto, una encuesta publicada ese mismo mes el país por la firma Gallup revelo que el 89 % de los dominicanos califica de «muy alarmantes» los niveles de corrupción existentes en el país.
El 16 % de los encuestados atribuyó la corrupción a la falta de empleos, el 13 % a la mala administración de los Gobiernos, el 10 % a la delincuencia, el 9 % al tráfico y consumo de drogas, el 7 % a la ambición de la personas por el dinero y el 6 % a la impunidad.