Por una explotación minera moderna

Por FRANK LITHGOW B.

A propósito del debate nacional que viene suscitando la posible explotación minera en San Juan de la Maguana, conviene abordar este tema con serenidad, objetividad y sentido de Estado, alejándonos tanto de los extremismos emocionales como de las posiciones dogmáticas que muchas veces impiden analizar con equilibrio las grandes oportunidades de desarrollo que tiene la nación dominicana.

Resulta oportuno observar experiencias internacionales exitosas para enriquecer el debate. La propia The Mining Association of Canada ofrece datos reveladores sobre la realidad minera canadiense. “Según informaciones publicadas hasta mayo de 2026, Canadá posee una de las industrias mineras más robustas y avanzadas del mundo, con más de 200 minas operativas —incluyendo minas, canteras y pozos— además de más de 30 fundiciones y refinerías, produciendo más de 60 minerales y metales distintos”.

No estamos hablando de una nación atrasada ni improvisada. Canadá es uno de los países con mayores estándares de desarrollo humano, institucionalidad, protección ambiental y calidad de vida del planeta. Y precisamente desde esa condición de país desarrollado, explota responsablemente sus recursos naturales como parte fundamental de su crecimiento económico y de su estabilidad social.

Preguntas

Esto obliga a formular algunas preguntas legítimas: ¿estamos sobredimensionando los peligros de la minería moderna en la República Dominicana? ¿Estamos evaluando este tema desde criterios científicos y técnicos, o desde el miedo y la desinformación? ¿No será que, como país en vías de desarrollo, necesitamos aprender a administrar nuestros recursos estratégicos con mayor madurez y visión de futuro?

Naturalmente, nadie plantea una explotación minera irresponsable ni depredadora. La protección de las fuentes acuíferas, del medio ambiente y de las comunidades debe constituir una prioridad absoluta e irrenunciable. Pero también es cierto que la tecnología minera contemporánea, las regulaciones ambientales internacionales y los mecanismos de supervisión permiten hoy desarrollar proyectos extractivos con niveles de control y mitigación mucho más avanzados que en décadas anteriores.

La verdadera discusión no debería centrarse en una oposición absoluta entre minería y medio ambiente, sino en cómo construir un modelo de explotación responsable, transparente y soberano, donde el Estado dominicano haga valer plenamente sus intereses nacionales, garantice estrictos controles ambientales y asegure que una parte significativa de las riquezas generadas se traduzca en bienestar colectivo, infraestructuras, empleos, educación, salud y desarrollo regional.

Por otra parte, debemos superar ciertos prejuicios históricos frente a la inversión extranjera. Ningún país se desarrolla únicamente desde el aislamiento económico o desde el rechazo sistemático al capital internacional. Lo verdaderamente importante es negociar con inteligencia, defender el interés nacional y establecer reglas claras que beneficien al pueblo dominicano.

Los recursos minerales que descansan en las entrañas de nuestro suelo no pueden permanecer eternamente como riquezas improductivas mientras el país enfrenta enormes desafíos sociales y económicos. Administrados con responsabilidad, transparencia y visión patriótica, esos recursos pueden convertirse en una poderosa palanca de modernización y crecimiento nacional.

La República Dominicana necesita avanzar hacia una cultura de desarrollo sustentada en la racionalidad, la institucionalidad y la confianza en su capacidad de supervisar y conducir proyectos de gran envergadura. Dejemos, pues, que prevalezca la sensatez.

El país no puede darse el lujo de renunciar, por miedo o prejuicio, a oportunidades estratégicas que podrían transformar positivamente el futuro de varias generaciones de dominicanos.

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