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SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, deploró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) guarde silencio ante hechos públicos que supuestamente vinculan a importantes dirigentes de esa organización con el narcotráfico internacional.
Montás manifiesta que pese a todas las evidencias que confirman el vínculo del partido opositor con el narcotráfico, las mismas “no han sido tomadas en cuentas por el PRM, organización política que ha optado por guardar un silencio irresponsable y no dar ningún tipo de explicación al respecto”.
Dijo que ese tipo de conducta política debe ser suficiente para que el pueblo dominicano no vote por los candidatos del PRM para posiciones públicas en las elecciones del 5 de julio.
Montás citó que Yamil Abreu Navarro, exalcalde de Las Lagunas, Azua, y jefe de campaña presidencial de Luis Abinader en el Sur, está preso para ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico internacional.
Indicó que además del caso de Abreu Navarro, la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD solicitó a la Junta Central Electoral que comprobara si el señor Franklin Martin Romero Morillo, candidato a senador por la provincia Duarte por el PRM, se ajustaba a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes dominicanas.
“Sobre el señor Franklin Martin Romero se señalaba que en agosto de 2000 había sido acusado por la fiscalía de Nueva York de posesión de narcóticos, de conspiración para distribuir narcóticos, de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre otras acusaciones. Fue detenido y condenado a un año de prisión y mantiene de por vida un record criminal de un delito grave en Estados Unidos”, apuntó el presidente del PLD en las Reflexiones del Presidente del PLD, dada a conocer los domingos en los portales del PLD y compartidas en redes sociales.
Agregó que el pasado jueves se procedió a someter una nueva solicitud ante la JCE con el propósito de que se comprobara si la señora Nuris Jones Acosta, postulada por el PRM como candidata a diputada por la provincia Sánchez Ramírez, se ajustaba a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes dominicanas.
“Esa señora había sido extraditada a los Estados Unidos en diciembre de 2000 acusada de conspiración para distribuir heroína por lo que fue condenada a 2 años de prisión, tras un acuerdo con la fiscalía mediante el cual se declaró culpable, siendo deportada a la República Dominicana el 5 de agosto de 2002”, explicó Montás.
of-am