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WASHINGTON.- El presidente Donald Trump propone un plan que ofrece un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de los llamados «soñadores» inmigrantes, restricciones más estrictas a la inmigración legal y $ 25 mil millones en seguridad fronteriza, dijo la Casa Blanca, presentando un esquema que probablemente encontrará resistencia por parte de algunos de los aliados conservadores de Trump.
Altos funcionarios de la Casa Blanca ofrecieron un anticipo del marco de inmigración de Trump el jueves, considerándolo como un compromiso que podría aprobar el Senado.
La propuesta representa un cambio para el presidente, que prometió eliminar un programa de la era de Obama que protegía a los inmigrantes traídos a los EE.UU. de niños y que están ahora en el país ilegalmente. Más tarde instó a los legisladores a extender el programa, pero sostuvo que no estaba considerando la ciudadanía.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la infancia, de la era Obama, actualmente cubre a unos 690,000 de esos inmigrantes jóvenes, aproximadamente la mitad del número que calificó para el programa según estimaciones independientes.
El plan de Trump expandiría el número ajustando algunos de los requisitos, dijeron los funcionarios, pero no ofrecieron detalles específicos. Pero, no permitiría que los padres de esos inmigrantes buscaran un estatus legal, dijeron los funcionarios.
El miércoles, Trump dijo que estaba abierto a un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes más jóvenes traídos ilegalmente a EE.UU. cuando eran niños.»Vamos a transformarnos en eso», dijo Trump a los periodistas. «Va a suceder, en algún momento en el futuro, en un período de 10 a 12 años».
Trump finalizó el programa DACA en septiembre, estableciendo el 5 de marzo como fecha límite para que el Congreso brinde protección legal o los destinatarios del programa volverían a estar sujetos a la deportación.
Los funcionarios dijeron que Trump solo firmaría legislación que brinde esas protecciones si se implementan los otros cambios de inmigración que propone.
Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente el plan antes de su lanzamiento.