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SANTO DOMINGO (EFE).- La organización dominicana Participación Ciudadana (PC), capítulo local de Transparencia Internacional (TI), demandó hoy más acciones de parte de los órganos de control tras el informe de este organismo que coloca al país en el segundo lugar en América Latina donde se paga más sobornos.
Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana TI, basado en entrevistas a 22.000 personas en 20 países de la región, y que resalta la corrupción en México, la República Dominicana y Perú.
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).
Este informe «lo que hace es confirmar las valoraciones hechas en el pasado sobre la corrupción y la impunidad en el país», afirmó Rosalia Sosa, directora ejecutiva de PC.
Las autoridades dominicanas, señaló, «deben mirar con ojos críticos (el resultado) y buscar los mecanismos de corrección» y no salir ahora «con respuestas reactivas».
A la vez, insistió en la necesidad de que la ciudadanía continúe apoyando la lucha contra la corrupción y la impunidad, y recordó las acciones realizadas este año en el país para pedir Justicia después de que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en la República Dominicana 92 millones de dólares en concepto de sobornos entre 2001 y 2014 para acceder a obras públicas en el país. Por este caso fueron imputadas 14 personas, entre ellos políticos, legisladores y empresarios, los cuales tienen diversas medidas de coerción, aunque ya ninguno guarda prisión.
El informe publicado hoy por TI indicó que en los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).
Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como «todos o casi todos corruptos» por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).