Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
PLD dice está comprometido con neutralidad en su consulta
Detienen a 1,284 extranjeros en gran jornada migratoria en RD
Aspiran a la presidencia nueve candidatos en elecciones Haití
China y EEUU pactan acuerdos para «buena relación» bilateral
Trump ve inaceptable propuesta de Irán reabrir estrecho Ormuz
Rusia apela a los acuerdos entre Putin y Trump sobre Ucrania
Crimen contra «Oro Duro» se planificó durante semanas
COLOMBIA: Interceptan 1,5 toneladas cocaína río Venezuela
VENEZUELA: Gobierno levanta censura a medios comunicación
Leones del Escogido reciben 35 jugadores primer día prácticas
Santo Domingo, 25 ene.- El Ministerio Público apeló las sentencias del exministro Víctor Díaz Rúa, condenado a 5 años de prisión, y del abogado Conrado Pittaluga, absuelto, en el caso Odebrecht, informaron hoy fuentes de la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó que Díaz Rúa sea condenado por presunta corrupción y se le imponga una pena de 10 años de cárcel, el doble de la pena que le impuso el tribunal el pasado octubre, al hallarlo culpable del delito de lavado de activos.
Para Pittaluga, quien fue descargado de todas las acusaciones en su contra, al concluir el juicio el pasado 14 de octubre, la Pepca solicita 7 años de reclusión por presunta corrupción.
El órgano persecutorio no apelará la condena de 8 años impuesta al empresario Ángel Rondón, quien fue responsabilizado por la Justicia del reparto de sobornos.
Tampoco se revisará la sentencia absolutoria contra el resto de los imputados.
El abogado de Díaz Rúa, Miguel Valerio, dijo a periodistas que en el juicio de apelación solicitarán la absolución del imputado, ya que solo fue condenado por lavado de activos y este tipo penal conlleva un delito precedente.
La constructora brasileña admitió haber repartido 92 millones de dólares en sobornos, para adjudicarse obras públicas y obtener la autorización parlamentaria a los préstamos concedidos para financiar esos proyectos, ejecutados entre 2001 y 2014.EFE