Hace varios meses publique mi libro “Develando Trampas” donde analizo las principales crisis financieras que han azotado al mundo en los últimos 100 años. En el mismo, trato de establecer la causa raíz de esas crisis, para prevenir su recurrencia. Una de las principales trampas originadoras de crisis, es en la que recurrentemente caen los políticos cuando ejercen el poder y cuando están fuera de él.
En la página 208 de mi libro, me refería a esa trampa política y la definía como:
“gobiernos entrantes obligados a imitar el comportamiento irresponsable de los gobiernos salientes o, en su defecto perder popularidad y volver a la oposición”
Por eso vemos a diario como, casi apegados a un libreto, todos los gobiernos tratan de justificar las indelicadezas denunciadas en su contra, enrostrando las indelicadezas cometidas por los gobiernos anteriores y los políticos en la oposición critican con vehemencia lo mismo que ellos hicieron cuando pasaron por el poder, asumiendo ilusamente que el universo social que pretenden manipular sufre de “amnesia colectiva”.
Recreo con estas reflexiones lo que parece ser una campaña mediática contra el Banco Agricola de la RD, una institución creada por Trujillo en el 1945, cuyo principal propósito es suplir la demanda de créditos para el sector agropecuario ante la natural aversión de la banca privada para otorgar estos créditos, dados los grandes riesgos que los mismos conllevan.
Ciertamente, en la banca privada un préstamo agrícola es sinónimo de pérdida.
Pérdida por exceso de lluvias, sequia prolongada, incendios forestales, daños maliciosos, plagas bacterianas o de insectos y otras especies animales, desborde de ríos, aislamiento de zonas geográficas, derrumbe de precios en los mercados, importaciones autorizadas con fines especulativos y mil causas más, agravadas porque el sector solo produce bienes perecederos.
Adicional a esos grandes riesgos, poner en prenda hipotecaria las tierras cultivables no ofrece garantía de recuperación, pues una tierra que no produce o produce poco debido a los riesgos mencionados, tiene valor monovalente y escasa demanda en el mercado de bienes raíces en caso de una adjudicación judicial o entrega en dación de pago.
Por esas razones un banquero privado nunca apuesta a una buena cosecha, pues uno de los principales mandamientos del crédito bancario privado, sugiere nunca aceptar en garantía terrenos ni maquinarias asociadas al proyecto destinatario del préstamo, pues si este no resulta rentable la garantía pierde casi todo su valor, ese préstamo entrará en mora permanente, deberá ser provisionado en porcentajes crecientes según Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y llevado a pérdidas impactando directamente el Estado de Resultados y el Patrimonio de la institución que otorgó ese crédito.
Así, casi por definición, un préstamo agrícola requiere de altísimas provisiones regulatorias pues el historial y la capacidad de pago de esos préstamos son la base que establece el REA para el cálculo de las estimaciones de pérdidas o provisiones, como se dice en la jerga contable.
De ahí que un banco estatal especializado en préstamos agrícolas no debe medirse en términos financieros con la misma vara que se mide un banco comercial privado, aunque regulatoriamente sean vistos con la misma lupa. Existen elocuentes evidencias para sustentar esa afirmación.
A modo de ejemplo, un elemento fundamental de la denuncia contra el Bagricola se refiere a un supuesto hoyo originado por subestimar en RD$3,400 millones las provisiones por concepto de Cartera Vencida, presentando este hecho como una “barbaridad financiera que atenta contra el Patrimonio de la institución”, lo cual sería absolutamente cierto si el Banco no tuviese el aval del Estado, tal y como lo evaluó la reconocida agencia crediticia Feller Rate antes de asignarle al Bagrícola el envidiable rating crediticio de “grado de inversión”.
Sobredimensionar esta relativa violación al Reglamento de Evaluación de Activos por razones puramente políticas no es una buena receta para lograr los objetivos del denunciante, especialmente si olvida que el propio Banco Central muestra a partir del 2004 un déficit cuasi fiscal acumulado a la fecha por un monto que supera los 800 mil millones y que desde esa fecha lo presenta en sus Estados Financieros como una “Cuenta por Recibir del Estado” y en otros renglones de los Activos, que al igual que la deficiencia en provisiones por cuentas malas de RD$3,400 millones del Bagricola, es regulatoriamente incobrable por el Banco Central y casi impagable por parte del Estado. Recordemos que esta “situación” viene creciendo y acumulándose desde la crisis del 2003 sin que ninguna gestión de gobierno haya intentado desmontarla ni denunciarla, pues esa falencia tiene muchos “dueños”.
Traigo este ejemplo muy válido, pues una situación similar en un banco comercial sería catastrófica, mientras que en un banco central ni remotamente lo es.
Los bancos centrales no se evalúan únicamente en base a Estados Financieros, se evalúan principalmente en base a indicadores macroeconómicos claves como inflación, desempleo y tipo de cambio cuyo manejo prudente y controlado provoca la ansiada estabilidad macroeconómica que disfrutamos.
Por esa razón, la situación financiera del Banco Central no puede evaluarse con los mismos criterios que se evalúa un banco comercial y por esa razón sus déficits se califican como “déficits cuasi fiscales”.
Otro ejemplo que viene al caso recordar, es “La gradualidad” con que fueron beneficiados los bancos privados después de la publicación de las primeras normas prudenciales en 1993.
En esa ocasión, como consecuencia del Acuerdo de Basilea I y de inspecciones patrocinadas por instituciones multilaterales, se detectaron en los bancos privados, igual que ahora en el Bagricola, serias deficiencias en las provisiones por Cartera Vencida.
Pero las normas prudenciales emitidas por la Autoridad Monetaria y Financiera permitieron a los bancos del sistema, diferir en 6 largos años el registro o reconocimiento de esas pérdidas, renovando y extendiendo varias veces dicha autorización para diferir su registro.
Esto significa que, en esa ocasión el regulador autorizó a los bancos del sistema a subestimar esas provisiones para mitigar su impacto en los Estados Financieros, algo similar a lo que ocurre hoy en el Bagricola, solo que esta vez fue sin permiso del regulador. Es importante recordar, que ningún banco del sistema financiero nacional disfruta del aval del Estado Dominicano y el Bagricola si
Sin embargo, esa autorización para diferir el reconocimiento de pérdidas conocida como “la gradualidad” probó ser coyunturalmente correcta, excepto en los tres bancos quebrados en el 2003. Prueba de ello es el alto nivel de solvencia que tradicionalmente presentan las estadísticas publicadas del sistema financiero de la RD.
Debo aclarar, que de ninguna manera estoy aplaudiendo ni promoviendo la falta de integridad en la información financiera de los Estados Financieros, mucho menos promuevo laxitud ni flexibilidad regulatoria. Solo quiero enfatizar que un Banco con operaciones y naturaleza intrínseca de alto riesgo, de propiedad estatal y con aval soberano del Estado, como el Bagricola no puede medirse ante la opinión pública con la misma vara ni los mismos criterios financieros con los que se evalúa un banco comercial privado.
Particularmente veo al Banco Agricola como un mitigador de subsidios, pues sin su existencia las ayudas directas a los agricultores serian una fuente inacabable de subsidios que no necesariamente se otorgarán para fomentar la agricultura, aunque se registren como tales.
Creo firmemente que los RD$3,400 millones de déficit en provisiones quedarían palidecidos ante los “subsidios” que de otra forma se hubiesen otorgado de no haberse utilizado los criterios del Bagricola para la aprobación de esos préstamos, independiente de la eficiencia en la aplicación de estos e independiente del partido que detente el poder en el momento que se aprobaron esos préstamos.
Una provisión no significa irregularidad ni robo, como parece estar insinuándose. Una provisión no es más que un estimado de lo que se perdería si la cartera fuese a convertirse en efectivo HOY.
Visto así, esa subestimación de las provisiones en un Banco especializado en los super riesgosos préstamos agrícolas, debe ser presentada como una estimación del apetito de cualquier gobierno por apoyar a los productores agropecuarios.
Por eso resulta impensablemente absurdo que el apetito y determinación de cualquier gobierno por apoyar un sector tan clave en la dinámica económica del país como lo es el campo, pueda, bajo ningún criterio, incluidos los criterios sesgados de políticos de oposición, ser presentado como algo negativo.
sp-am
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Medina cuestionó el trato que, según afirmó, el Gobierno otorga a los profesionales agropecuarios, señalando que mientras a éstos se les niegan pensiones ya ganadas, otras personas reciben ese beneficio sin haber prestado servicios al Estado.
