La República Dominicana fortalece su liderazgo económico con cifras récord en inversión extranjera, turismo y desarrollo logístico, proyectando un crecimiento sostenible y equilibrado frente a un contexto global de incertidumbre.

Turismofobia: una señal de alarma. Cuando el aprovechamiento turístico se convierte en un rechazo por su saturación. Este modelo de turismo masivo, centrado en la cantidad y no en la calidad, comienza a mostrar sus límites. Ciudades como Barcelona, Venecia, Ámsterdam y París tienen que enfrentar rechazo social, saturación de servicios, alza en los alquileres y pérdida de identidad local.

Las movilizaciones ciudadanas y nuevas regulaciones reflejan un cambio de rumbo: la presión turística puede acarrear efectos no deseados, dejando de ser una oportunidad y convirtiéndose en una carga.

Con una economía estable, reservas internacionales sólidas y un crecimiento sostenido, RD consolida su credibilidad ante los mercados internacionales. La inversión extranjera directa, que superará los US$4,700 millones en 2025, refuerza su posicionamiento frente a las calificadoras como Fitch, Moody’s y S&P, que valoran la consistencia como un activo estratégico de perspectiva positiva.

Este entorno se ve fortalecido por su estabilidad cambiaria, un flujo creciente de remesas, el aumento de las exportaciones y una inflación bajo control, lo que constituye una mezcla sana que proyecta al país como un destino seguro y confiable.

En una gestión de destino donde turistas y residentes no compiten, conviven. De esa convivencia armónica nace el valor del destino: desarrollo, empleo, infraestructura y dinamismo cultural. Punta Cana es un ejemplo que se resalta. Según el Travel Report 2025 del Instituto Económico de Mastercard (MEI), ocupa el cuarto lugar entre los destinos favoritos de EE. UU. y Canadá, con un crecimiento moderado y respetuoso con un aeropuerto entre 10 de los mejores regionales en Centroamérica y el Caribe 2025, de acuerdo a la clasificación de Skytrax.

Sin embargo, las cifras confirman el liderazgo. Las llegadas 11.2 millones de visitantes en el 2024, vía aérea 8.5 millones y 2.6 millones por mar—, con tendencia a subir, pero sujeto al termómetro mundial, sin embargo, como nación, los indicadores muestran nuestro compromiso con la estabilidad económica, social, económica y equilibrio ambiental. Pues, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), para 2025 nuestro turismo aportará más de US$21,000 millones al PIB (15.8 % del total) y generará 893,000 empleos, lo que lo coloca entre las principales fuerzas de inclusión y cohesión social.

Alianza eficaz

Ahora bien, este crecimiento ha sido fruto de una alianza público-privada eficaz. Con una visión coordinada, se apuesta por el turismo de lujo, bienestar y sostenibilidad. Se proyecta la construcción de más de 9,000 habitaciones hoteleras, que representa casi el 50 % del total nacional y de 15 millones de turísticas al cerrar el 2025. Mientras que ASONAHORES y el Gobierno impulsan destinos emergentes como Miches, Pedernales y Punta Bergantín, robustecen a Punta Cana y sin descuidar zonas de alto potencial como Santo Domingo, Puerto Plata, Juan Dolio, Samaná y Santiago.

La diversificación turística no es solo tendencia, es un compromiso. El país avanza hacia un esquema que combina ecoturismo, salud, deporte y cultura, para ampliar su oferta más allá del sol y playa. Y a esto se suma una apuesta por convertir al país en un hub logístico regional a través de una inversión público-privada de USD 531.5 millones en infraestructura portuaria, y de esta forma asegurar y eficientizar la conectividad aérea y atraer más visitantes. Para ello, amplían aeropuertos y se adecuan puertos; lo que proyecta que, al cerrar el año, llegarán 510 cruceros, alcanzando el récord de 2.6 millones de cruceristas.

Este esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente. Tanto la ONU-Turismo como el WTTC distinguen a República Dominicana como referente. Las proyecciones para 2035 apuntan a US$29,000 millones de aportes al PIB y la creación de 87,000 empleos adicionales, bajo un enfoque de resiliencia, sostenibilidad y escasos conflictos.

En ese sentido, en un mundo con destinos turísticos que enfrentan rechazo de visitantes, el Caribe dominicano da demuestra que es posible crecer sin saturar, sin perder la identidad y acoger sin miedo, posicionándose como una alternativa ética y cálida.

Aquí, el desarrollo turístico es equilibrado y la hospitalidad no pierde sentido. Donde otros dicen “basta”, RD dice: bienvenidos.

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Desde su creación en 2004, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha sido una herramienta clave en la lucha contra la pobreza en la República Dominicana. No ha sido perfecto, pero su rol como plataforma técnica para la identificación y clasificación de hogares vulnerables ha permitido orientar la ayuda social de manera más justa, eficiente y transparente.

Sin embargo, los cambios institucionales que han sacado al SIUBEN del Gabinete de Política Social y lo han colocado bajo el paraguas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) marcan, en la práctica, un desmantelamiento silencioso de su autonomía y esencia técnica.

Mediante el Decreto 396‑22, de fecha 20 de julio 2022, se dispuso que, a partir del 1 de enero de 2023, el SIUBEN deje de estar bajo el Gabinete de Política Social y pase a depender directamente del MEPyD con el objetivo de mejorar la calidad técnica de la información y facilitar la planificación territorializada de las políticas sociales.

Al asumir esta nueva forma de dependencia, el SIUBEN se convierte en una entidad descentralizada del MEPyD, enfocada a la recolección y análisis de datos socioeconómicos.

Lo que se presenta como una reestructuración administrativa para “fortalecer capacidades” esconde en realidad una fragmentación peligrosa de la política social. El traslado del SIUBEN al MEPyD ha debilitado su conexión operativa con los demás programas de asistencia.

La desconexión entre la recolección de datos sociales y la implementación de políticas públicas, en el ámbito de lo social, es precisamente lo que puede abrir las puertas al clientelismo, al favoritismo y a decisiones basadas en criterios políticos, más que en realidades objetivas.

El SIUBEN fue creado para servir como un escudo contra la discrecionalidad. Su Índice de Calidad de Vida (ICV) y, posteriormente, el Índice de Vulnerabilidad y Acceso (IVACC), permitían tomar decisiones sociales basadas en evidencias, no en proselitismos políticos.

Pero al reducir su influencia y diluir su autonomía técnica, se debilita uno de los pocos mecanismos que ofrecía garantía de transparencia en la gestión del gasto social.

La situación se agrava si se toma en cuenta el contexto actual. Mientras se “reorganiza” el SIUBEN, se han reportado múltiples irregularidades en el manejo de los programas sociales: desde los escándalos de fraudes en las tarjetas Supérate, hasta los recién cuestionados programas de subsidios del SENASA.

¿Quién decide ahora quién es pobre y quién no lo es? ¿Qué datos se utilizan? ¿Dónde queda la trazabilidad? ¿A quién rinde cuentas el nuevo SIUBEN?

Este tipo de decisiones, tomadas sin mayor debate público ni evaluación técnica previa, reflejan un problema mayor: la ausencia de visión integral de la política social. Las ayudas sociales no pueden gestionarse como favores ni como herramientas de campaña. Necesitan un sistema robusto, con datos fiables y estructuras independientes. El SIUBEN encarnaba parte de esa promesa.

Hoy, su traslado al MEPyD no representa solo un cambio institucional. Representa una regresión. Una renuncia tácita a la tecnificación de la asistencia social y una peligrosa apertura al manejo político del hambre.

La República Dominicana no puede permitirse retroceder en esta materia. Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, entonces hay que defender la autonomía técnica del SIUBEN y su rol estratégico. De lo contrario, estaremos más cerca de la discrecionalidad populista que de la justicia social.

POR CARLOS SALCEDO

La ética en el estado constitucional

En el sistema judicial la ética debe garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con imparcialidad, integridad y responsabilidad. No basta con aplicar la ley en piloto automático; los jueces deben actuar conforme a principios morales que aseguren el respeto a la dignidad humana, la equidad y el debido proceso. La confianza pública en la justicia depende en gran parte del comportamiento ético de sus operadores, ya que cualquier desviación puede socavar la legitimidad del sistema en su conjunto.

En un Estado constitucional, donde el poder está limitado por normas fundamentales y los derechos fundamentales ocupan un lugar central, la ética judicial adquiere aún mayor relevancia. El juez no solo aplica la ley, sino que también la interpreta a la luz de los valores constitucionales, lo que exige un compromiso ético profundo con la justicia sustantiva. De esta manera, la ética actúa como un puente entre el texto legal y los principios democráticos que lo sustentan.

Es innegable, pues, el rol relevante que juega la ética judicial en los debates contemporáneos sobre la legitimidad del Poder Judicial en los Estados democráticos. El Manual de Ética Judicial del magistrado juez Justiniano Montero Montero constituye un significativo aporte, tanto por su claridad conceptual como por su pertinencia práctica para el fortalecimiento del ejercicio jurisdiccional desde un enfoque de integridad, fortalecimiento institucional y responsabilidad pública.

Fundamentos de la legitimidad de los jueces

El texto se estructura a partir de una premisa central: el juez no puede limitarse al cumplimiento mecánico de las normas, sino que debe regir su conducta bajo principios éticos que, si bien no siempre se encuentran codificados, resultan esenciales para preservar la confianza ciudadana en la justicia. Desde esta perspectiva, el autor distingue con precisión entre legalidad y legitimidad, subrayando que un juez puede actuar conforme a derecho pero, aun así, traicionar el espíritu de la función jurisdiccional si su actuación carece de rectitud moral o revela un uso instrumental del poder.

El manual retoma principios ampliamente aceptados por los instrumentos internacionales sobre la materia, como la Declaración de Bangalore sobre los Principios de Conducta Judicial (2002), y los contextualiza en el marco de los desafíos institucionales y culturales propios de los sistemas judiciales latinoamericanos. Esta articulación entre referentes globales y realidades locales es uno de los principales aciertos del libro, en tanto permite que el lector no solo internalice principios, sino que comprenda cómo operan  en situaciones concretas.

Valores fundamentales de la ética judicial y su visión sistémica

Montero Montero examina con detenimiento los valores fundamentales de la ética judicial: imparcialidad, independencia, integridad, transparencia y diligencia. Sin embargo, su abordaje no es meramente normativo, sino que incorpora una dimensión reflexiva orientada a la formación del juicio prudencial del juez. En lugar de ofrecer un listado rígido de conductas prohibidas, el autor propone escenarios problemáticos, analiza zonas grises, y convoca al juez a un proceso de deliberación moral que exige honestidad intelectual, autocrítica y conciencia del impacto institucional de sus actos.

Uno de los ejes más valiosos del texto es la reivindicación del juez como servidor público. Esta noción, anclada en una concepción democrática de la justicia, supone que el juez debe actuar con sensibilidad social, humildad institucional y vocación de transparencia. En ese sentido, la ética judicial no se reduce al ámbito privado de la conciencia, sino que se proyecta como una exigencia estructural del sistema judicial en su conjunto. La confianza ciudadana en la justicia no depende únicamente del contenido de las sentencias, sino también de las formas, actitudes, conductas y decisiones extraprocesales de quienes las dictan.

El autor también aborda con claridad los desafíos contemporáneos que ponen en tensión la ética judicial: la sobreexposición pública, la irrupción de las redes sociales, las presiones mediáticas, el debilitamiento de los sistemas de control interno o las interferencias político-económicas. En todos estos casos, el enfoque del juez miembro de la Suprema Corte de Justicia se distingue por su equilibrio: evita tanto el moralismo abstracto como el relativismo complaciente. La ética, en su propuesta, es una brújula que orienta la conducta del juez en contextos de incertidumbre, sin por ello inhibir su independencia o creatividad interpretativa.

Este manual promueve una visión sistémica de la ética judicial. No basta con apelar a la virtud individual si no se crean condiciones institucionales que la promuevan. Desde esta óptica, la formación ética debe formar parte integral de la carrera judicial, de los procesos de evaluación y de las políticas de gestión del Poder Judicial. La integridad no puede dejarse al azar de la buena voluntad, sino que debe institucionalizarse como parte de una cultura organizacional orientada al bien común.

En suma, el Manual de Ética Judicial de Justiniano Montero Montero es una guía que establece principios, valores y criterios que deben orientar la conducta de los jueces y juezas, dentro y fuera del sistema de justicia, para asegurar la imparcialidad, la integridad y la confianza pública -ciudadana- en la justicia.

Y es que este ofrece una propuesta sólida, rigurosa y pertinente para repensar la función judicial en clave ética. Su lectura es imprescindible para quienes comprenden que el Poder Judicial no solo se legitima por la ley, sino -y sobre todo- por la conducta de quienes lo ejercen.

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Ha resultado un honor y un privilegio haber comparecido el lunes 30 por quinta vez a pronunciar las palabras correspondientes a la entrega del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil, la más alta distinción dedicada en nuestro país a quienes se dedican a escribir obras literarias para niños.

Ese galardón fue creado en 2021 y su primera entrega recayó en Lucía Amelia Cabral, autora de una copiosa producción de textos infantiles. El premio siguió sucesivamente en manos de Margarita Luciano, en 2022; Miguel Phipps, 2023; Brunilda Contreras, 2024, y en 2025 a Eleanor Grimaldi Silié.

El jurado estuvo constituido por Bruno Rosario Candelier, por la Academia Dominicana de la Lengua; Manuel García Arévalo, del Voluntariado de la Biblioteca Nacional; Julio Cuevas, profesor de Literatura en la UASD; Amerfi Cáceres, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil; Brunilda Contreras, autora premiada en 2024, y quien esto escribe.

La decisión fue motivada en atención a la amplia y provechosa trayectoria de Grimaldi como autora y promotora de la literatura infantil. Asimismo, se valoró para esta disposición la atinada finura de la escritora en el uso del idioma al componer sus obras destinadas al público infantil.

El reconocimiento procura estimular a los creadores a fin de que se produzcan y publiquen más libros dirigidos a los niños. Procuramos que los futuros ciudadanos dominicanos, a la vez que crecen en edad y en anatomía, crezcan también en sus facultades cognitivas, sobre todo en el desarrollo de sus capacidades para hablar, leer y entender lo que leen.

La premiación constituye un notorio jalón en el proceso de maduración que vive esta rama del quehacer literario en el país. Que nuestra literatura infantil alcanza la adultez se manifiesta en el volumen de obras publicadas, en la calidad de lo escrito y por la vinculación de las obras con el ambiente nacional.

Este año, otro jalón para nuestra literatura infantil será el que ha anunciado el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien dio la buena nueva de que, en la 27ª Feria Internacional del Libro a celebrarse del 25 de septiembre al 5 de octubre venideros, el arte de crear libros para niños tendrá una particular atención.

Con este premio, celebramos la obra de Eleanor y también la infancia como territorio sagrado del espíritu humano. ¡Que nunca falte el juego, la poesía y la esperanza en las manos de nuestros niños! Y que nunca dejemos de creer —como Eleanor Grimaldi Silié— en el poder de una historia bien contada.

JPM