Presidente, si el congreso aprueba al Código Penal sin las tres causales del aborto y el Código Laboral manteniendo la cesantía, objétela.

Refiriéndome al tema laboral, si no hay una solución al tema de la cesantía es mejor que el Código se quede como esta. Se han hecho propuestas interesantes para desmontar esa carga injusta que obliga a los empleadores a pagar una doble tributación ya que después de la aprobación de la ley de Seguridad Social se suponía que la cesantía llegaría su fin reconociéndole a los empleados el pasivo laboral acumulado por este derecho adquirido.

Los sindicatos nunca han entendido que esa doble tributación afecta a más empleados que a los que beneficia. ¿Y saben por qué? Porque el empleo informal en el pais supera al formal debido a que las micro, pequeñas y empresas no pueden soportar la carga que representan el ISR, las pensiones, el seguro de salud, riesgos laborales, Infotep y a todo eso, la cesantía. Muchas empresas formales estarían en quiebra técnica si incluyen en sus estados financieros el pasivo laboral de la cesantía.

Para que la economía dominicana supere este estado de informalidad tiene que eliminar la cesantía y bajar el ISR o en su defecto, aplicarle un monotributo a los negocios informales que beneficie a los trabajadores con una pensión y un seguro médico, excluyendo la cesantía.

¿Miedo a los sindicatos? De qué sindicatos hablamos si el mayor número de empleados no esta sindicalizado.

Quieren innovación industrial, quieren más productividad, quieren que seamos más competitivos, quieren abrirle el crédito al 85% de las micro y pequeñas empresas informales, entonces devuelva ese Código Laboral si es aprobada en el congreso porque la cesantía es un cuchillo en la garganta.

Sobre el Código penal, aprobarlo sin las tres causales del aborto es un retroceso y es mostrar miedo ante sectores conservadores que pretenden quietarle a la mujer sus derechos. El aborto se practica en el pais con o sin regulación, porque ninguna mujer violada está obligada a tener un hijo o hija por el abuso de un hijo de la gran puta.

Sin embargo, una ley que regule ese aborto evita muertes frecuentes en mujeres que recurren a clínicas privadas sin ninguna higiene y con alta exposición a bacterias e infecciones.

En ningún momento se está hablando de aprobar el aborto. Se trata de casos excepcionales y condiciones muy especiales en un periodo temprano del embarazo.

En este gobierno se han logrado avances históricos en materia de transparencia y ética gubernamental, se han aprobado importantes reformas institucionales y leyes de gran trascendencia, la seguridad pública y la seguridad jurídica han significado un gran cambio de paradigma y el rostro mugriento del pais ante un mundo que nos consideraba un paria de la corrupción, ya esta mucho mas limpio.

No retrocedamos con estas dos leyes absurdas.

Por DARWIN FELIZ MATOS

En la era digital, donde las redes sociales han democratizado la comunicación, es más urgente que nunca rescatar el verdadero sentido de la libertad de expresión. Hoy, cualquiera con un celular se proclama “comunicador”, “analista” o “periodista” sin tener ninguna formación, ni ética, y lo más grave: sin consecuencias legales.

La Constitución dominicana es clara. En su artículo 49 reconoce el derecho a expresar pensamientos e ideas sin censura previa. Pero también establece un límite: ese derecho no puede ejercerse a costa del honor, la dignidad ni la intimidad de las personas. Es decir, la libertad de expresión no ampara la calumnia ni la difamación.

Sin embargo, hemos visto cómo este derecho, fundamental para la democracia, ha sido secuestrado por voces que, en nombre de la «libertad», convierten la comunicación en un arma para destruir reputaciones, chantajear funcionarios, políticos y así desinformar a la población. Lo hacen desde cuentas anónimas, plataformas sin rostro o bajo el manto de una “opinión” que no resiste el más mínimo filtro ético ni legal.

Esto no es libertad. Es libertinaje.

Y lo más preocupante: algunos sectores del poder lo patrocinan. Funcionarios y figuras políticas pagan con recursos públicos a mercenarios digitales para que difamen a sus adversarios, incluso dentro de su propio partido. Esta práctica es no solo inmoral, sino peligrosa para la estabilidad institucional del país.

Si el presidente Luis Abinader quiere defender la democracia con hechos y no solo con discursos, debe ordenar a los organismos de inteligencia y a la justicia que investiguen y sancionen a quienes financian estas campañas sucias, que atenta contra la democracia.

La comunicación debe ser una herramienta para educar, edificar y rendir cuentas. No puede seguir siendo un mercado negro de chantajes y odio.

Hoy, el periodismo serio —aquel que se estudia, se ejerce con rigor y se somete a la ley— es atropellado por pseudo comunicadores que entienden que tener más likes y visualizaciones es más importante que tener pruebas. Y lo más triste: una parte de la ciudadanía consume esa basura digital sin sentido crítico, creyendo que lo viral es lo verdadero.

Es lamentable cómo ha proliferado una clase de “comunicadores” y “analistas” que han convertido el oficio en una estrategia de chantaje disfrazada de opinión. Atacan a funcionarios no por convicción, ni por ética profesional, sino con el único propósito de ser llamados para “tomarse un cafecito” y, en ese encuentro, pactar silencio o buscar posicionamiento personal.

No les interesa la verdad ni la rendición de cuentas; su verdadero objetivo es colocarse en la órbita del poder, aunque sea a base de presión mediática oportunista. Esta práctica, además de deshonesta, degrada el ejercicio comunicacional y desacredita a quienes de verdad hacen periodismo con responsabilidad.

Como dice una vecina con sabiduría popular: “el amor es ciego, pero los vecinos no”. Muchos creen que sus acciones se ejecutan bajo el más absoluto secreto, ignorando que la sociedad observa, analiza y entiende más de lo que imaginan. Lo que no ven estos personajes es que sus palabras, carentes de coherencia y credibilidad, ya no tienen ningún valor frente a una ciudadanía que, aunque calla, toma nota.

Si de verdad queremos proteger la libertad de expresión, debemos protegerla del libertinaje. Y eso implica actualizar leyes, aplicar sanciones, fortalecer la justicia y exigir responsabilidad a quienes comunican, sean periodistas, influencers o políticos.

La palabra es poderosa. Puede construir o puede destruir. Ha llegado el momento de decidir de qué lado estamos.

jpm-am

La vida política rondaba en torno a sus tres líderes prominentes: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Los académicos hicimos el esfuerzo de estudiar los líderes y darles rigor filosófico.

Franklin Franco, Hugo Tolentino Dip y Julio Genaro Campillo Pérez, entre otros, estudiaron a Peña Gómez y lo presentaron como la encarnación de la Social Democracia.

Euclides Gutierrez Feliz, Felucho Jiménez y Diomedes Nuñez Polanco, entre otros, hicieron importantes aportes al estudio de Juan Bosch.

Yo bastante joven, entré en un círculo de pensadores en que estaban Ramón A. Font Bernard, Cándido Geron y Zenon Castillo de A’za, entre otros. Estos hicieron el abordaje de Balaguer desde las ópticas de la narrativa histórica y la poesía.

Yo, como politólogo y abogado al fin, comencé a estudiar a Joaquín Balaguer desde la perspectiva de la Ciencia Política.

Era una época de líderes inmensos y de académicos puestos en los líderes, muy diferente a lo que se vive en esta tercera década del siglo XXI.

Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez eran tan grandes que sus personajes reunían las condiciones de trayectorias de vida y pensamientos para ser tipificados con categorías ideológicas.

La ideología era demostrar que ellos encarnaban las doctrinas ajustadas a la realidad dominicana.

He aquí mi tesis «El Balaguerismo Ideología  Política: Revolución sin sangre, Justicia social, Democracia representativa y Desarrollo económico», agotada en las librerías, pero disponible en las librerías de  las universidades de la República Dominicana.

jpm-am

El conflicto tuvo su raíz en un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, lo cual produjo mucho malestar entre la población mexicana a nivel nacional. Surge el movimiento espontáneo de los cristeros, católicos armados, no autorizados por los obispos, en los diversos estados mexicanos.

Un Cristero asesina al presidente Álvaro Obregón, a quien sucede Plutarco Elías Calles, quien dictamina la prohibición de todo culto católico, el ejercicio de sus ministros y la expropiación de las propiedades de la Iglesia. La violencia armada se desata.

El Papa Pío XI, quien tenía tantos frentes abiertos: Hitler, Mussolini, Stalin, la guerra civil española, Francia y ahora México, entre muchos otros, busca la manera más diplomática de llegar a un acuerdo con el gobierno de la nación azteca.

En una próxima entrega pretendemos detallar la situación acontecida, las acciones de sus actores, los sucesos acontecidos determinantes y la gravedad de los mismos, la conducta y suerte final de los violentos, la resistencia pacífica hasta el día de hoy de los católicos practicantes, los jerarcas eclesiales ante un estado no amigable con la fe católica.

También pretendemos presentar las resoluciones para poner fin a tan grave conflicto, y las condiciones en que se desenvuelven las relaciones, en muchos casos de tensión, con el gobierno mexicanos, así como los hechos paralelos y similares acontecidos en diversos países en que la Iglesia Católica realiza su misión.